Londres/Madrid
El Gobierno español ultima los preparativos ante un potencial Brexit caótico, después de que la Comisión Europea encargase como deberes navideños a los Estados miembro la aceleración de los planes de contingencia. Si bien los esfuerzos habían comenzado ya antes de que Bruselas hiciese oficial la encomienda, el Ejecutivo se ha marcado un calendario previo a la oficial salida del 30 de marzo, con un plan de contingencia a tres niveles (gubernamental, empresarial y ciudadano), y una web informativa que estará operativa a mediados del mes de marzo.
A priori, si los acontecimientos se precipitan y un rechazo en Westminster convierte en inevitable el divorcio no pactado, la preocupación fundamental es la preparación del sector privado. De ahí que los ministerios, especialmente los relacionados con la Economía ejerzan un papel esencial a través de entes como el ICO (Instituto de Crédito Oficial), donde han previsto ofrecer apoyo y asesoramiento.
Aunque la visión general, tanto en la Unión Europea como en España establece que prepararse es responsabilidad última de las "empresas", tal y como subrayan fuentes de Moncloa a elEconomista, las autoridades no son ajenas a las dudas metodológicas, legales e, incluso, procedimentales que el Brexit genera, no solo por la complejidad, sino por ser un proceso sin precedentes.
No en vano, los instrumentos previstos por el Gobierno, como una página web para facilitar información a individuos y empresas, no solo ofrecerán ayuda para un escenario de ruptura desordenada, sino también para cualquier supuesto en que la salida discurra por los canales anticipados. La diferencia es que, tras la luz verde de la Comisión, el asesoramiento se ha elevado un grado en lo que se refiere al divorcio no pactado.
Hasta ahora, había interés en evitar despertar alertas, pero la deriva en Reino Unido, cuyo Gobierno integra soluciones contrapuestas ante el previsto rechazo parlamentario, convierte en una obligación institucional dedicar recursos y preparación para un desenlace que tendría un notable impacto para un país, España, cuyo principal destino extranjero de inversión es, precisamente, Reino Unido.
Aspectos relacionados con el intercambio comercial serán, por tanto, cruciales, ya que una salida sin acuerdo obligaría a implementar un sistema aduanero que asegure que se abonan las tarifas necesarias y que se abordan las inspecciones obligatorias, ya que los productos dejarán de proceder del mercado interno.
