Milán
La propuesta italiana para evitar el procedimiento de infracción podría conocerse este miércoles, cuando el primer ministro Giuseppe Conte tiene previsto reunirse con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker. Roma agotó el pasado 13 de noviembre todos los plazos previstos para cambiar sus presupuestos de acuerdo con las peticiones de Bruselas. Sin embargo los encuentros de Conte con Juncker y otros líderes europeos, celebrados la semana pasada durante la cumbre del G20 de Buenos Aires, parecen haber ofrecido una nueva oportunidad a Italia para evitar el procedimiento de infracción.
La semana pasada estuvo marcada -igual que las anteriores- por los rumores sobre los cambios que el Gobierno "populista" transalpino piensa introducir en el plan presupuestario con el objetivo de revisar a la baja el déficit del 2,4% anunciado para 2019, que según la Comisión representa una desviación "sin antecedentes" de los pactos europeos.
Sus políticos se unen para 'salvar' Italia
Por primera vez en dos meses, Luigi Di Maio y Matteo Salvini - vicepresidentes de Gobierno y líderes de los partidos que apoyan al Ejecutivo - han mantenido un bajo perfil y se han mostrado unidos en apoyar a Conte.
La situación es tan tensa que circulan rumores sobre las dimisiones del ministro de Economía Giovanni Tria, mientras Salvini, muy activo en declaraciones diarias a medios y en redes sociales, decidió callar hasta el término de las negociaciones: "Sobre el saldo presupuestario no digo nada. El silencio es oro durante una negociación. Hasta que no hayamos conseguido una solución definitiva con la UE no diré nada", explicó el líder de la Liga.
Él y Di Maio están intentando encontrar 5.000 millones de euros (necesarios para bajar el déficit hasta el 2%) sin perder la cara y borrar del plan presupuestario sus medidas estrellas: la bajada de la edad de jubilación y la renta de ciudadanía (un subsidio para trabajadores y familias pobres).
El empuje a la revisión de los objetivos presupuestarios, tras dos meses de pulso con Europa, viene de la situación económica. Hace una semana el Instituto Nacional de Estadística (Istat) avisó de una caída del PIB transalpino en el tercer trimestre (-0,1% en comparación con el trimestre anterior).
El primer descenso en cuatro años ha disparado las alarmas sobre el estado de salud de la tercera economía de la Eurozona que ha empezado a recuperarse de la crisis sólo en 2014 y muy lentamente. En el 2017 el crecimiento fue de 1,5% por debajo del dato promedio de 2,3% en el resto de la zona del euro. El Fondo Monetario Internacional calcula un crecimiento del PIB italiano de 1,2% en el 2018 y 1% en el 2019, mientras la Comisión Europea estima un 1,3% y 1,1% respectivamente.
El Gobierno "populista", a su vez, fundó en septiembre su política presupuestaria en previsiones mucho más optimistas: un crecimiento de 1,5% en 2019, diseñando, con base en esta estimación, un presupuesto que prevé un déficit del 2,4%.
Futuro complicado para Italia
El problema es que si el crecimiento -como es muy probable- será más débil de lo esperado, el déficit podría ser mucho mayor del programado. Mientras tanto la industria manufacturera transalpina ve empeorar sus perspectivas, con el índice gerente de compras (PMI) que bajó en noviembre hasta los 48,6 puntos (con respeto a los 49,2 de octubre) en los mínimos de los últimos 4 años.
La tasa de desempleo fue del 10,6% en octubre, 0,2 puntos porcentuales más que en septiembre, por encima del promedio de desempleo de 8,1% en la zona euro, según los datos de Istat. Las empresas ya avisan de un posible aumento del paro relacionado con las normas del llamado "decreto dignidad", norma impulsada por el M5E, que establece vínculos más estrictos para la renovación de contratos por tiempo determinado.
Según la patronal del sector del metal, Federmeccanica, una de cada tres empresas estaría considerando no renovar estos contratos. La asociación de empresas de trabajo temporal, Assolavoro, indica que el cambio de norma afectaría a más de 50.000 personas que quedarían sin trabajo.
De hecho las medidas presupuestarias han sido criticadas por sindicatos y empresas. Ambos se centran en la falta de inversiones para estimular el crecimiento económico en plena desaceleración. "He encontrado más de 30.000 empresarios, todos están en contra de esta ley presupuestaria" dijo Vicenzo Boccia, presidente de la patronal Confindustria indicando que con estas Cuentas que "no ayudan a crecer" una caída del PIB ya no es un temor sino que "es posible".
