El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la remisión a las Cortes de la senda de estabilidad, con los mismos objetivos de déficit y de deuda que ya presentó en julio y que fueron rechazados por el Congreso, como paso previo a la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que aprobará en enero con los objetivos de déficit que estén en vigor en ese momento.
Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que se han aprobado "exactamente los mismos objetivos" que ya rechazó el Congreso en julio, tras haber consultado con la Abogacía del Estado, que entiende que volver a aprobar estos objetivos es un requisito previo a la presentación de los Presupuestos de 2019.
Celaá ha afirmado que el Ejecutivo asume este trámite porque le "obliga" la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sirve para garantizar la posterior presentación de los Presupuestos de 2019, algo a lo que está "comprometido" en sacar adelante y que presentará en enero "con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento".
Dado que para comienzos de enero queda apenas un mes y teniendo en cuenta que el Gobierno no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante la nueva senda, es previsible que las cuentas del próximo año vean la luz con la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla un déficit del 1,3% para 2019, en lugar del 1,8% previsto por el actual Ejecutivo.
Por el momento, el Gobierno vuelve a aprobar la misma senda de estabilidad presupuestaria que ya aprobó en julio y que contempla un déficit del 1,8% para 2019, un 1,1% en 2020 y cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP para esos ejercicios.
"Si no se consigue aprobar esta senda de déficit que hoy hemos aprobado, el Gobierno obviamente aprobará su proyecto de PGE con la senda vigente en la Cámara"
En este sentido, Celaá ha defendido que se trata de una senda "realista" y ha recordado que aporta un margen de 6.000 millones de euros más en gasto, con dos décimas para las CCAA, otras dos para la Seguridad Social y una décima para la Administración General del Estado. "Si no se consigue aprobar esta senda de déficit que hoy hemos aprobado, el Gobierno obviamente aprobará su proyecto de PGE con la senda vigente en la Cámara", ha insistido Celaá.
La senda presupuestaria aprobada de nuevo por el Gobierno de Pedro Sánchez fue rechazada a finales de julio por el Congreso, con los votos en contra de PP, Cs, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Bildu.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes, pero finalmente han transcurrido cuatro meses y medio.
No obstante, su visto bueno no es imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno tiene previsto presentar a mediados de enero con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento, han apuntado también desde Hacienda.
Además, la aprobación de los objetivos de estabilidad en el Consejo de Ministros de este viernes se produce sin que se haya aprobado aún la reforma de la Ley de Estabilidad propuesta por el PSOE para eliminar el veto del Senado (en el que ostenta mayoría el PP) a la senda de estabilidad, algo necesario para poder aprobar los nuevos objetivos de déficit del Gobierno que, aunque consiguieran pasar el trámite del Congreso, serían rechazados en el Senado por la mayoría absoluta de los 'populares'.
El Gobierno considera la acción de hoy un mero trámite, pero con ella pretende lanzar también un mensaje político: el de que la oposición impide activar las mejoras económicas prometidas para España por los socialistas.
Un Congreso hábil en enero
La idea, según indican fuentes cercanas a Moncloa, es que los objetivos de estabilidad se lleven al Congreso en enero antes que los Presupuestos. Para ello, el Gobierno ya está moviendo los hilos de manera informal para que dicho mes, un periodo en el que la Cámara Baja está desactivada, sea hábil y se pueda presentar al pleno su propuesta antes de comenzar el trámite de las Cuentas.
De esta manera, el Ejecutivo quiere ganar tiempo y tener más plazo si fuera necesario, para negociar los Presupuestos, cuyo periodo legal de aprobación termina en abril. Sin embargo, esta posibilidad parece muy lejana. Tanto Moncloa como fuentes del Gobierno reconocen que, a día de hoy, no ven cambios en la actitud de las fuerzas independentistas catalanas, cuyo voto es indispensable para sacar las Cuentas Y, en cualquier caso, dan escasa fiabilidad a sus cambios de paso, como el reciente de PDeCat, que ha eliminado de sus reclamaciones para sentarse a negociar Presupuestos el solventar la situación de los políticos encarcelados por su vinculación con el procés.
Por otro lado, y respecto al contenido de los Presupuestos que se presentarán, voces cercanas al proyecto afirman que es prácticamente idéntico al que se llevó a Bruselas. Es decir, que no habrá sorpresas. De hecho, indican que ninguna medida que no se haya cerrado en firme se incluirá en las Cuentas, entre ellas, el destope de las bases de cotización máximas, cuestión que no se ha planteado aún en la Mesa del Diálogo Social.
Asimismo, se confirma que el incremento fiscal del diésel saldrá adelante sí o sí. Aunque se incluirá en los Presupuestos, las fuentes citadas afirman que se mantiene el plan de que, si no se aprueba el proyecto gubernamental, el alza impositiva se incluya en la Ley de Cambio Climático.
Fuentes del núcleo más próximo al presidente Sánchez insisten, sin embargo, en que el acento de la acción política del Ejecutivo no se ha de poner exclusivamente en los Presupuestos y en el hecho de cuándo serán las elecciones generales -que "las habrá", dicen admitiendo un adelanto-, sino en un conjunto de medidas importantes que se irán presentado a modo de lluvia fina, y que verán la luz, algunas de ellas, en el Consejo de Ministros que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto celebrar el próximo 21 de diciembre en Barcelona.
