La paga compensatoria que los pensionistas recibirán a comienzos del próximo año y que tratará de ajustar el incremento de las pensiones aplicado (1,6%) respecto al IPC real de diciembre (previsiblemente del 1,9%), costará 386 millones de euros a la Seguridad Social.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha explicado que cada décima de desviación de los precios respecto a la subida de las pensiones de este año (1,6%) supondrá un coste de 128,6 millones de euros en compensación a los pensionistas.
Durante su asistencia a los Desayunos Informativos de Europa Press para atender a la intervención de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, Granado ha confirmado que para calcular esta compensación este año se tomará como referencia el IPC interanual de diciembre, que el Gobierno prevé que finalice en el 1,9%.
Ello supondría una desviación de tres décimas sobre la subida de las pensiones de este año, del 1,6%, por lo que la paga compensatoria a los pensionistas será de al menos 386 millones de euros, cifra que resulta de multiplicar por tres los 128,6 millones que cuesta cada décima de desviación sobre el IPC.
En caso de que la desviación de precios se consolidara en la nómina de las pensiones, un asunto que todavía no está del todo claro, estos 386 millones de euros se duplicarían y el coste total de la compensación rondaría entonces los 772 millones de euros.
De estos 772 millones, la mitad se destinarían a compensar a los pensionistas por la desviación de precios (es decir, a lo que se conoce como la 'paguilla') y el resto a consolidar en nómina la desviación del IPC.
"No pensemos que las pensiones se van pagar con el impuesto de transacciones financieras", ha dicho la ministra Valerio
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, aseguraba hoy en el mismo evento que en la mesa de diálogo social se está abordando cómo incrementar ingresos y reducir gastos, estudiando qué prestaciones se pagan con cotizaciones "y no se debiera". Este es el caso de las tarifas planas de contratación, que son políticas de empleo, o las prestaciones de maternidad y paternidad, que son políticas de Estado, y que deberían pagarse vía presupuestos generales del Estado, ha dicho la ministra.
Valerio ha recordado que las prestaciones no contributivas se pagan vía impuestos, al tiempo que ha considerado que también se podrían "hacer transferencias" para el abono de las prestaciones contributivas. "No pensemos que las pensiones se van pagar con el impuesto de transacciones financieras", ha dicho la ministra, ya que "sólo daría para un aperitivo discreto".
El gasto mensual de las pensiones se va pagando "mes a mes" con cotizaciones sociales, ha dicho, "el problema lo tenemos para las dos extra junio y diciembre", por lo que ha abogado por más empleo, más calidad, más salarios, más contratación y más lucha contra el fraude y reordenar ingresos. "Hay que quitarle presión al sistema e inyectarle algún ingreso más", ha dejado claro Valerio.
La ministra aprovechó para recordar las cifras a las que se enfrenta la Seguridad Social, con un fondo de reserva "tocado" y un sistema que se va endeudando, por lo que es necesario alcanzar un acuerdo para reformarlo. "Está muy avanzado" el trabajo en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, ha dicho Valerio, quien ha confiado en que "cuanto antes" se "rematen" las recomendaciones y "tengamos un marco en el que moverse en coordinación con el diálogo social.
Magdalena Valerio, ha afirmado también que España debería llegar a 2022 ó 2023 con el sistema de pensiones saneado, ya que será entonces cuando se produzcan un mayor número de jubilaciones de las generaciones del baby boom.
En todo caso, ha insistido en que hay cerca de 19 millones de personas que trabajan y el mes a mes de las pensiones se paga con lo que cotizan los trabajadores cada mes.
