Reino Unido y la Unión Europea apuran la cuenta atrás para la cumbre llamada a cerrar el acuerdo de su divorcio, con la duda de si España amparará el tratado de la retirada británica y la declaración política sobre la futura relación.
La "falta de claridad" que Pedro Sánchez sigue detectando en torno al permiso explícito que reclama sobre cualquier pacto comercial que incluya a Gibraltar se ha convertido en el último gran obstáculo para una negociación que, tras meses de bloqueo, avistaba al fin un principio de entendimiento.
A su favor, España tiene el objetivo declarado de la UE de mantener la unidad interna ante la ruptura, lo que, a priori, debería beneficiar a las demandas de uno de los integrantes del bloque, en lugar de al interés de quien ha decidido abandonar el club. En su contra, sin embargo, está el detalle no menor de que la negativa de Sánchez, incluso un potencial plantón que el viernes no descartaba, carece de poder material de tumbar el acuerdo, pese a que la delegación española ha hablado de "veto" desde que elevó sus reticencias en torno al Peñón.
En Bruselas son conscientes de la sensibilidad política que esta cuestión genera para España, pero su simpatía al respecto es menor que la mostrada con otros Estados miembro, como Irlanda, cuya demanda en torno a la necesidad de evitar la reimposición de una frontera dura se había convertido en el principal escollo del proceso. Para empezar, la UE no comparte la interpretación del España, que ha criticado el artículo 184 del tratado por no hacer mención específica al permiso que demanda sobre el futuro del Peñón en cualquier interacción que establezcan los futuros exsocios.
Su solución pasa por incluirlo en un anexo a los documentos que espera sellar mañana, como ha hecho para resolver otros aspectos que levantan ampollas como la cuestión pesquera, o la necesidad de que Londres cumpla con los estándares europeos en materia fiscal, medioambiental, o laboral, durante la fase de transición, fundamentalmente para evitar que las empresas británicas disfruten de una ventaja competitiva.
La propuesta no cumple con las expectativas españolas y, mientras altos cargos del Gobierno la debatían, Sánchez mantenía ayer la beligerancia retórica durante la visita a Cuba, donde se reunió con empresarios. Pese a su conocida eurofilia, la conclusión a la que ha llegado con su equipo es que el Ejecutivo anterior no había mostrado suficiente dureza en las reivindicaciones relacionadas con Gibraltar, de ahí la apuesta estratégica por evidenciar que están dispuestos a imponer un veto que, aún sin consecuencias materiales, supondría un golpe para la cohesión que la cúpula comunitaria está resuelta a mantener.
Esta actitud combativa se ha visto favorecida por el abuso de confianza detectado en la aproximación del negociador jefe de la UE a la fase más reciente de las conversaciones, la misma que ha permitido superar la parálisis. El "túnel" decretado por Michel Barnier para contener el ruido mediático y político derivó en concesiones que, para España, han ido demasiado lejos: si en las pautas comunitarias para la negociación, aprobadas en abril de 2017, Bruselas había reconocido explícitamente el poder español en materia de Gibraltar, los documentos finales no contienen una palabra al respecto.
En Reino Unido, mientras, mantienen la reserva. Ante la división reinante, las reivindicaciones de Madrid constituyen el menor de sus problemas y la propia primera ministra zanjaba ayer el debate con una simple advertencia: el tratado no se renegocia y, si bien está dispuesta a "trabajar con Gibraltar y España en la futura relación", su intención es negociarla "en nombre de toda la familia de Reino Unido".
La pugna del Gobierno español puede no resultar un problema ahora, pero May estará obligada, en última instancia, a escuchar las inquietudes de los miembros, ya que si bien mañana es suficiente con que 20 de ellos amparen la propuesta, el futuro acuerdo comercial que aspira a sellar con la Unión Europea sí necesitará la ratificación de todos: con que un solo parlamento nacional lo rechace, el pacto quedaría en entredicho.
