El Ministerio de Fomento tiene previsto lanzar proyectos de carreteras por casi 3.000 millones de euros en los próximos meses. El departamento que dirige José Luis Ábalos quiere relanzar las contrataciones en este segmento después de la paralización sufrida tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en marzo pasado. Para ello, prevé sacar a concurso próximamente más de una veintena de obras que serán financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por cerca de 1.700 millones, según confirman a elEconomista fuentes ministeriales. En paralelo, trabaja para culminar el nuevo modelo de concesiones de colaboración público-privada y sacar así adelante algunas de las iniciativas contempladas en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), anunciado por el anterior Gobierno, por un volumen próximo a los 1.300 millones.
La Dirección General de Carreteras (DGC) no ha licitado ni un solo contrato desde marzo ante las controversias surgidas con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, por la nueva ley de contratos públicos. Tras meses de negociaciones, estas discrepancias parecen resueltas y el órgano que dirige Javier Herrero prevé reanudar las licitaciones antes de acabar el año. De acuerdo con las fuentes consultadas, en próximas reuniones del consejo de ministros se aprobará su tramitación con el objetivo de adjudicar los contratos en los primeros meses de 2019.
La DGC lanzará los proyectos por unos 1.675 millones -IVA incluido- previsiblemente en dos tandas. En la primera saldrán 12 obras, con un presupuesto de algo más de 900 millones, y en la segunda serán una decena de contratos que sumarán cerca de 800 millones.
Estos proyectos serán financiados por la vía presupuestaria. Se trata de obras que contemplan inversiones modestas de apenas 10 millones de euros hasta contratos de mayor envergadura por importes superiores a los 190 millones. En la planificación de Fomento figuran obras en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.
Precisamente Murcia es la Comunidad Autónoma que recogerá las mayores inversiones, con más de 580 millones. Corresponden a los proyectos que el anterior Gobierno tenía más maduros para que formaran parte del PIC: los arcos Norte y Noroeste, el tercer carril de la A-7 entre Crevillente y Orihuela y el tramo entre Yecla y Caudete. Sin embargo, para acelerar su ejecución, el Ministerio ha decidido licitarlos a través de los Presupuestos. Lo hará, además, en lotes más pequeños a los previstos. Así, dividirá el arco Norte en dos contratos y el Noroeste en tres.
Al margen de los presupuestos, Fomento proyecta sacar otros concursos a través del nuevo contrato de colaboración público-privada
Además de las iniciativas de Murcia, Fomento prevé licitar con cargo a los Presupuestos las obras de la A-12 entre Villafranca Montes de Oca e Ibeas de Juarros, en Burgos, por más de 190 millones; las de la A-68 entre Arrúbal y Navarrete, por casi 150 millones, y las de la A-12 Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río, por 98 millones, ambas en La Rioja; las de la A-21 Variante de Jaca, por cerca de 115 millones, la A-21 en el tramo Sabiñánigo Este y Sabiñánigo Oeste, por más de 90 millones, la N-260 Congosto de Ventamillo-Campo, por más de 45 millones, y la N-211 Variante de Alcorisa, por unos 40 millones, todas ellas en Aragón; las de la A-21 entre Puente de la Reina (Navarra) y el límite provincial de Zaragoza, por cerca de 90 millones; las de la A-32 en el enlace entre la CM-313 y Balazote, en Albacete, por 92 millones; las de la conexión de la N-120 y la N-536, por más de 60 millones, y las de la A-6 Enlace Orbital de la AP-9, por 25 millones, ambas en Galicia; las de la remodelación de la A-6 en el enlace con la M-40, en Madrid, por casi 38 millones; las de la N-II Tordera-Maçanet de la Selva, en Cataluña, por unos 27 millones; las de la A-49 Enlace de la Pañoleta, en Sevilla, por 17 millones; y las de A-63 entre Salas y El Regueirón, en Asturias, por alrededor de 10 millones.
Las trabas que se ha encontrado el Gobierno para aprobar los PGE de 2019 en el Congreso no suponen un impedimento para poder licitar estos contratos.
Al margen de la vía presupuestaria, Fomento proyecta sacar otros concursos -de mayor tamaño y con concesión- por más de 1.200 millones a través del nuevo contrato de colaboración público-privada que ha diseñado como sustitutivo del PIC, que preveía movilizar 5.000 millones entre 2018 y 2019.
Sin riesgo expropiatorio
El objetivo en este caso es poder sellar las adjudicaciones en el primer semestre de 2019 y la idea es que se incluyan algunos de los proyectos que estaban más avanzados para ser licitados dentro del PIC, que ha quedado suspendido por los obstáculos interpuestos por Hacienda y la Abogacía del Estado.
El nuevo contrato de colaboración público-privada se instrumenta a través del pago por disponibilidad, aunque con un indicador de tráfico, y tendrá una duración de 10 años, de los que aproximadamente tres corresponderán a la fase de construcción y siete a la de explotación y conservación -el PIC contemplaba una concesión de 25-30 años-. La rentabilidad prevista por Fomento es la del bono del Tesoro a 10 diez años más 200 puntos básicos, en línea con lo que exige la Ley de Desindexación de la economía española. A cambio, el Ministerio eliminará el riesgo de expropiación y anticipará la mitad de las certificaciones durante la obra.
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