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Fomento sacará contratos de carreteras de 10 años y sin riesgo de expropiación

  • Plantea un modelo de pago por disponibilidad con un indicador ligado al tráfico

El Ministerio de Fomento ha diseñado un nuevo modelo de colaboración público-privada para licitar concesiones de carreteras como alternativa al Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) heredado del anterior Gobierno y que si no hay un cambio drástico quedará enterrado. Así, sacará a concurso en los próximos meses contratos de obra, conservación y explotación bajo una fórmula de pago por disponibilidad, de manera que el Estado paga a las concesionarias por mantener y operar la vía en óptimas condiciones, y que también contendrá el factor de uso (tráfico). Tendrán una duración de alrededor de 10 años, con una rentabilidad ligada al bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos y sin riesgo de expropiación para las empresas.

El departamento que dirige José Luis Ábalos trabaja en el plan de viabilidad del pliego con el objetivo de poder licitar proyectos en los primeros meses de 2019, según explican a elEconomista fuentes del Ministerio. La intención es utilizar el nuevo modelo para sacar adelante algunos de los contratos previstos en el PIC, que contemplaba una inversión de 5.000 millones de euros en una veintena de corredores. El Ministerio combinará esta fórmula con la vía ordinaria de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a la que recurrirá, por ejemplo, para los arcos norte y noroeste de Murcia y el tercer carril de la A-7 entre Alhama y Crevillente.

El nuevo modelo establece un plazo para los contratos en el entorno de los diez años, de los que se estima que tres corresponderán a la fase de construcción y los siete restantes a la conservación y explotación de la vía. No obstante, el periodo de obra, en función del proyecto, podría oscilar entre los dos y los cuatro años. El PIC fijaba una concesión por 25 años, un plazo que a juicio del actual Gobierno pone en riesgo el futuro del gasto público.

En cuanto a la rentabilidad, el equipo de Ábalos se alinea con el desarrollo normativo de la Ley de Desindexación de la Economía española, que fija el bono del Tesoro a diez años más 200 puntos básicos. Precisamente, éste era un obstáculo para el PIC, puesto que el sector privado considera muy bajo este rendimiento, que se sitúa en la actualidad en el 3,40 por ciento, frente al 9,75 por ciento que alcanzan los mercados de capitales. El anterior Ejecutivo pretendía sortearlo a través de una orden ministerial.

Para compensar la acotación del plazo de concesión y la rentabilidad limitada y atraer a constructoras, concesionarias y fondos, Fomento incorpora dos novedades relevantes. Por un lado, el Estado será el que asumirá todos los costes de expropiación adicionales a los previstos en los contratos. En el PIC, el pliego fija que las concesionarias se harían cargo de hasta el 150 por ciento de estos costes, la Administración del tramo entre el 150 y el 250 por ciento, y a partir de este porcentaje de nuevo los riesgos le corresponderían al sector privado. Se trata de una medida sustancial a tenor de lo acaecido en el pasado con las autopistas radiales, que emergieron más de 1.000 millones de sobrecostes por expropiaciones.

Además, el Ministerio está dispuesto a certificar el 50 por ciento de la obra durante su ejecución, de modo que anticiparía el pago de la mitad del capital. El 50 por ciento restante se incluiría dentro del canon de mantenimiento y explotación durante la vida de la concesión.

El esquema también discurre por que las empresas puedan financiar los proyectos, al igual que en el PIC, a través del Plan Juncker (Banco Europeo de Inversiones).

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