Una de las primeras medidas que el ministro José Luis Ábalos tomó al llegar a Fomento fue la de revertir al Estado aquellas autopistas de peaje cuya concesión vence en esta legislatura.
Se trata, en este caso, de sólo tres infraestructuras por lo que puede afirmarse que cargar su mantenimiento a los Presupuestos constituye un coste moderado. Un problema mucho mayor se desplegaría si el Gobierno se planteara una iniciativa más ambiciosa, orientada a fomentar la desaparición del modelo mismo de autopistas de peaje tal y como se ha aplicado durante décadas en España.
Por ello, debe valorarse que Ábalos proceda con cautelas y, lejos de abrir unilateralmente esta vía, haga suyo el proyecto del anterior Ejecutivo de propiciar el debate sobre un pacto nacional de financiación en infraestructuras.
Fomento, además, no se conforma con llevar la iniciativa al Congreso, sino que busca también la participación de empresas privadas con amplia experiencia en el exterior sobre diferentes modelos de gestión viaria.
No en vano son múltiples las alternativas que se pueden plantear a la solución ya conocida en España. Entre ellas, se cuenta la implantación de la euroviñeta (la tasa europea que grava el tráfico pesado) o la adopción de los protocolos que ya aplican Alemania o Portugal (donde la gran mayoría de las autopistas son de pago pero existe un amplio repertorio de bonificaciones para los residentes).
En todo caso, lo que resulta indudable es que, como Fomento defiende, en el ámbito de las infraestructuras no hay nada gratis y el mantenimiento que requieren necesita recursos. Sólo reconociendo esta realidad puede consolidarse un modelo de autopistas sostenible y respetuoso con los estándares de seguridad.
