Desde su llegada al Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos, ha repetido en varias ocasiones la necesidad de abordar la creación de un modelo nacional de financiación de infraestructuras, especialmente en el ámbito de las carreteras. Se trata de una misión que ya se impuso su antecesor, Íñigo de la Serna, que pretendió alcanzar un gran pacto político, sin éxito.
El ministro ya ha abierto la puerta al debate parlamentario sobre esta cuestión y, en paralelo quiere implicar al sector privado. No en vano, Ábalos ha encargado a algunas de las mayores empresas de infraestructuras españolas informes pormenorizados sobre cómo debería ser dicho modelo. Ha recurrido para esta tarea a ACS y Ferrovial, líderes mundiales en la construcción y explotación de autopistas.
La pretensión del ministro es hallar consensos en torno a un modelo que sea sostenible no sólo financieramente, sino también desde el punto de vista del medio ambiente y de la vertebración del territorio nacional. "No podemos tener parte de España pintada pagando y otra parte sin pagar. Tenemos que procurar una cierta igualdad territorial y ver cómo financiamos algo que cada vez cuesta más porque cada vez tenemos más red viaria", afirmó en su última comparecencia en el Congreso.
El crecimiento de esta red sin embargo no se refleja en los Presupuestos, ya que en proporción la partida de conservación ha bajado. "No sé si estamos invirtiendo correctamente", admitió Ábalos. Por ello aboga porque "esta reflexión nos la tenemos que hacer, porque gratis no hay nada, todo cuesta, la seguridad cuesta". Y defiende que "si esto no se acomete de modo global," será "muy difícil acertar".
Todas las opciones posibles
En este escenario, el ministro quiere armarse de todas las opciones posibles para constituir ese modelo que sea duradero. Una tarea complicada a la vista de la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero en su objetivo, ha tendido la mano al sector privado y ha solicitado al menos a Ferrovial y ACS sendos informes, según fuentes conocedoras de la petición. Las empresas defienden un sistema de colaboración público-privada que desahogue las cuentas del Estado. El ministro quiere conocer las propuestas de dos firmas punteras en el mundo. Ferrovial, por ejemplo, explota con sistemas avanzados importantes infraestructuras como la 407 de Toronto o las Managed Lanes en Texas.
Desde la patronal Seopan también llevan meses trabajando en un informe sobre la movilidad sostenible que verá la luz en próximas fechas. Pretende abundar en los estudios que ha ido presentando en los últimos años para guiar el camino por el que, a su juicio, debe discurrir el modelo de infraestructuras de España. La realidad hoy es que apenas uno de cada cinco kilómetros de alta capacidad (el 19%) son de pago, frente a la mayoría de países europeos donde se llega en muchos de ellos al 100%.
Ábalos está abierto a escuchar las diferentes alternativas. No se cierra en banda a fórmulas como la euroviñeta, peajes en sombra, pagos por disponibilidad o peajes directos, pese a la posición tradicional del PSOE. Los números así lo obligan. Es por ello que ha reiterado la necesidad de un modelo equilibrado que garantice la suficiencia de recursos para la conservación de las carreteras, que "no es gratis".
Ahora bien, su primera medida al aterrizar en el Ministerio ha sido la de revertir al Estado aquellas autopistas de peaje que vencen en esta legislatura, es decir, la AP-1 Burgos-Armiñon, la AP-7 Tarragona Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz. Su coste de mantenimiento correrá a cuenta de los Presupuestos. Son cantidades asumibles, pero si esta decisión se extiende a futuro, en 10 años el impacto será de 450 millones anuales, según los cálculos de Seopan. Esto es la mitad de lo presupuestado para conservación en 2018 para toda la red.
Ábalos tiene aún que dilucidar otras dos cuestiones trascendentales. La relicitación de las autopistas quebradas, que está en suspenso por las trabas legales, y la ejecución del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que se ha topado con los requerimientos de Hacienda y la Abogacía del Estado.
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