El Gobierno ha abierto la posibilidad de destopar la base máxima de cotización, como medida complementaria para incrementar los ingresos de la Tesorería de la Seguridad Social en el próximo año, y así hacer frente a los desembolsos en la partida de pensiones donde se ha comprometido a incrementar la cuantía conforme al IPC. Una medida, que tendría un impacto más fuerte en a los empleados de las compañías de energía, banca y telecomunicaciones, toda vez que son los sectores donde los top salariales más se alejan del máximo exento de cotización.
Actualmente, las aportaciones por renta del trabajo al Estado están topadas en 45.644,4 euros anuales, es decir, toda masa salarial que perciba un empleado por encima de esta cantidad está exenta del gravamen de la Seguridad Social.
En los tres sectores mencionados, la media de los salarios más altos es de 77.341,68 euros en energía, de 69.872,58 euros en banca y servicios financieros, y 68.182,88 euros en el caso de telecomunicaciones. Estos serían los casos más llamativos, aunque todo sueldo por encima del nuevo tope se gravaría del mismo modo que estos.
Por ejemplo, la AIReF, en el marco de la evaluación del pacto presupuestario para 2019, firmado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, calculó que a no ser que las cotizaciones máximas subieran un 12% la recaudación final se quedaría por debajo de las previsiones.
Una posibilidad que desde el Gabinete de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio no descartan, pero que tampoco confirman. En este momento, los trabajadores -siempre con las remuneraciones más elevadas dentro de las compañías de cada sector, que son el objeto de la medida- por encima de los 45.644,4 euros aportan cada año al Sistema 16.546,09 euros.
De producirse el alza en cuestión, la nueva base máxima de cotización se situaría en 51.121,7 euros anuales. Así, todos los sueldos se gravarían hasta esa cantidad de modo que los que se encuentran por encima pasarían a aportar cada año a la Seguridad Social un montante de 18.531,60 euros, es decir, 1.985,51 euros más como sería el caso de los top salariales de energía, banca y telecomunicaciones.
Del mismo modo, los sueldos situados entre el antiguo y el nuevo tope también verían incrementada la cotización, aunque de forma proporcional. Es más, de facto, estos sueldos pasarían a aportar en base a todos sus ingresos, aplicándose la retención del 36,25% sobre el sueldo bruto.
Por ejemplo, el sueldo de un programador, de 49.747,54 euros de media, pasaría de realizar la aportación máxima en la actualidad (16.546,09 euros) a calcular la aportación sobre todo el salario, ya que estaría por debajo del nuevo tope (51.121,7 euros), pasando a cotizar por valor de 18.033,48 euros.
En este sentido, un documento que maneja el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con varios escenarios de subida de cotización, da cuenta del verdadero impacto que esta tendencia tendría en los ingresos del Sistema.
Por ejemplo, de aumentar un punto el tipo de cotización por contingencias comunes en todos los regímenes laborales supondría un incremento de la recaudación de 3.572,2 millones al año, si bien no se plantea el alza de las aportaciones en los salarios medios y bajos. De otro modo, la recaudación se incrementaría en 4.470,75 millones de euros cada año si se produjese un destope de la cotización máxima aunque este escenario no sería el más cercano, ya que la subida se encontraría siempre entre el rango del 10% y 12%.
El extremo más gravoso
De hecho, este escenario sería el que de facto más afectaría a los tres sectores mejores remunerados, ya que la cotización en base a ingresos se aplicaría a todas las cohortes de remuneración. En este caso -en clave de referencia ya que afectaría a todos los sueldos por encima del tope actual- el empleado de alto rango del sector de la energía pasaría a cotizar de media 28.036 euros cada año, lo que supone casi 12.000 euros más que en este momento.
El mismo puesto pero en el sector bancario pasaría a aportar 25.328 euros anuales a la Tesorería de la Seguridad Social, casi 9.000 euros más, mientras que para el sector de telecomunicaciones el incremento estaría en torno a los 8.000 euros, pasando a cotizar 24.716 euros.
Necesidad de ingresos
Esta medida, se enmarca en un cuadro de falta de ingresos en el Sistema de cara a 2019. Tanto el Gobierno como Unidos Podemos acordaron en el proyecto de Presupuestos de 2019 garantizar la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) y que las pensiones mínimas y no contributivas suban un 3%.
De este modo, en 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de inflación, del 1,6%, con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación de la inflación a finales de año, igual que sucederá en este ejercicio. Para ello, el Gobierno y Unidos Podemos habían acordado incorporar a la normativa de la Seguridad Social la revalorización de las pensiones conforme al IPC real, si bien este camino se encuentra ahora lleno de espinas y escollos por una aprobación de las Cuentas que parece hoy una quimera al albur de la decisión final que tomen los partidos independentistas.
De entrada, si la inflación del mes de diciembre supera el 1,6%, que es la revalorización de las pensiones aplicada en 2018, se abonará una paga compensatoria para cubrir esa desviación, lo que tendrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros, según prevé el Gobierno.
Pero además, la subida de la pensión, también ligada a un IPC previsto del 1,6%, vaticina un desembolso extra de 1.700 millones de euros, además del alza de las mínimas, que en próximo ejercicio tendrá un coste de 384 millones de euros. Todo ello, asumiendo que la Seguridad Social tendrá este año un déficit que rozará los 18.000 millones de euros, y que se prevé similar para el próximo año.
Subida polémica del SMI
"Si las bases de cotización se destopasen sin aumentar proporcionalmente la pensión máxima, el sistema de pensiones sería menos contributivo y equitativo, y aumentaría el carácter distorsionador de las contribuciones a la Seguridad Social. El destope provocaría un aumento del coste laboral para las empresas y reduciría el salario neto del trabajador. A largo plazo, por cada aumento del 1% del coste salarial como consecuencia del destope -sin aumento de la pensión máxima- disminuiría el empleo en un 1,5%, sobre todo entre los trabajadores más productivos. El PIB y la productividad media se verían negativamente afectados", explica detalladamente el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech.
En este sentidola AIReF estima que la subida del SMI -ligada a la base mínima- tendrá un impacto negativo en la creación de 40.000 empleos. El presidente de la institución supervisora, José Luis Escrivá, asegura además que esta decisión adoptada entre Gobierno conllevará un impacto de una décima en el consumo y en el PIB, si bien supondrá un aumento adicional de la renta disponible de 1.750 millones de euros.
Sobre esta subida del salario mínimo, el BBVA advierte de que este aumento solo afectará al 10% de los trabajadores, y según Rafael Doménech, "hará que muchos empleados vean incrementada su remuneración", aunque "algunos estarán expuestos a la pérdida de empleo o a una ralentización del crecimiento en la oferta de puestos de trabajo", sobre todo si no lleva aparejado un incremento de la productividad.
