La posición final del Tribunal Supremo que se conoció ayer impulsa velocidad a la aprobación de la nueva ley hipotecaria. Precisamente, los miembros de los distintos grupos parlamentarios que conforman la Comisión de Economía y Empresa que debate esta normativa pospuso ayer la ponencia, que debía celebrarse a las 10 horas de la mañana, a la espera de conocer la deliberación final del alto tribunal.
Así, finalmente, la comisión votará el próximo martes, también a las 10 horas, la nueva ley con el objetivo de llevarla al Pleno del Congreso una semana después. La decisión del Supremo es de vital relevancia para la nueva normativa, puesto que todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en dejar marcado en la nueva ley quién debe asumir cada uno de los gastos e impuestos que se afrontan en la firma de una hipoteca, tal y como propuso inicialmente Ciudadanos sin éxito, pero que finalmente, y tras la controversia judicial, la idea ha sido apoyada por unanimidad.
Así, esta nueva normativa reflejará la decisión del Supremo respecto al impuesto AJD, es decir, que debe asumirlo el banco y no el cliente, y tratará de poner luz al sujeto que debe asumir cada asunto con el objetivo de cerrar la litigiosidad de cara a los nuevos préstamos.
La intención es dar seguridad jurídica para todos, es decir, Administración, entidades y clientes, según informan fuentes de la comisión a este diario.
La nueva ley sobre el crédito inmobiliario se basa en una transposición de una normativa europea que debería haber culminado en marzo de 2016.
La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el retraso, por lo que el país se enfrenta a una multa de 106.000 euros al día. La cuantía puede superar los 100 millones puesto que la Ley no se aprobará hasta después de Navidad, ya que después del Congreso debe pasar la ratificación del Senado.
