El impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que es objeto de debate en las últimas semanas por la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo, es un tributo cedido a la Generalitat de Cataluña que grava documentos notariales, mercantiles, administrativos y judiciales, y que aporta al año unos 480 millones.
En concreto, la Generalitat prevé ingresar este año 479,4 millones de euros por esta tasa, y hasta agosto ya sumaba 328,1 millones, un 15% más que en el mismo período del año anterior.
Sin embargo, fuentes de la Generalitat han precisado a Efe que el AJD es un impuesto que grava muy diversos tipos de documentos, y han añadido que no tienen desglosado qué parte de la recaudación corresponde estrictamente a los préstamos hipotecarios, que es la parte afectada por el criterio del Supremo.
El pleno del Tribunal Supremo debe reunirse el próximo 5 de noviembre y aclarar quién debe pagar finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados por la firma de una hipoteca, si el banco o el ciudadano, como hasta ahora.
Si el coste de ese impuesto recayera en las entidades financieras, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) cifran en 3.631 millones de euros el importe abonado por 1,5 millones de contribuyentes en los últimos cuatro años, que es el período no prescrito. No obstante, entidades como la Cámara de Comercio de Barcelona creen que, en el supuesto de que el Supremo declarara que el impuesto de AJD debe devolverse con efectos retroactivos al hipotecado, en este caso la devolución correspondería a la Generalitat.
"Hay muchas dudas de que pueda haber retroactividad, pero en el caso de que la hubiera, quien debe devolver el dinero son las administraciones, la Generalitat en este caso, al ser un impuesto cedido", aseguró Valls el pasado miércoles.
La patronal bancaria quiere calidad
Por su parte, la AEB, la patronal española, ha pedido claridad a la justicia sobre quién debe hacer frente al impuesto por la firma de hipotecas y desde cuándo, para evitar que el mercado especule y se produzcan pérdidas millonarias en bolsa, mientras que diversas asociaciones de usuarios reclaman que la banca abone al cliente lo pagado por AJD.
En nombre de la Generalitat, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, criticó esta semana la "inseguridad jurídica" generada por el Supremo por sus "cambios de criterio".
Asimismo, aseguró que, al tratarse de un impuesto cedido a la Generalitat, tanto la Agencia Tributaria de Cataluña como la Agencia Catalana de Consumo están recopilando información a la "expectativa" de lo que decida finalmente el Supremo, para ver cómo proceder si finalmente se tienen que devolver cuantías a los consumidores.
Cataluña es una de las comunidades que aplican un gravamen más alto en AJD, un 1,5% del importe del préstamo hipotecario, al igual que Andalucía, Aragón, Valencia, Castilla y León, Galicia y Murcia.
