Madrid
La incertidumbre jurídica tras los últimos pasos del Tribunal Supremo sobre quién debe asumir el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la firma de una hipoteca llega en pleno debate de enmiendas a la nueva Ley hipotecaria. De momento, los distintos grupos parlamentarios aúnan intenciones y están de acuerdo en dejar fijado en la nueva normativa quien debe afrontar cada unos de los gastos e impuestos en la firma de un préstamo a la vivienda, según informan a este diario distintos miembros de la Comisión de Economía y Empresa que prepara esta Ley. No obstante, aunque el objetivo sea el mismo para todos (dejarlo reflejado en la normativa), los distintos grupos aún tienen que ponerse de acuerdo en el detalle del porcentaje o la totalidad de cada gasto o gravamen que ha de asumir cada parte, en este caso banco y cliente.
La situación abierta por el Alto Tribunal, es decir, que haya dejado sin efecto la decisión de que el banco asuma el impuesto de AJD según falló el pasado día 16 para volver a tomar una decisión al respecto el próximo 5 de noviembre, pone en jaque los tiempos de aprobación de la Ley. Hasta el momento, la intención de los distintos grupos parlamentarios era que la Comisión de Economía y Empresa votara el próximo 6 de noviembre el texto para que llegara al Pleno del Congreso una semana después. Sin embargo, ahora, y tras la incertidumbre provocada por el Alto Tribunal, distintos grupos abogan por retrasar una semana la votación en la Comisión de Economía a la espera de conocer la decisión final del Supremo y reflejarla en la ley, según indican las mismas fuentes. 
Precisamente, este miércoles se reúne la Comisión de Economía en la que se decidirá si mantener la votación del 6 de noviembre o posponerla al día 13. "Después de dos años de retraso en la transposición de la Ley, una semana no es significativa y dejaría despejado el futuro", asegura una de las fuentes consultadas.
La normativa hipotecaria es una actualización de la regulación europea, cuya transposición debería haber culminado en marzo de 2016. La Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso, por lo que el país se enfrenta a una multa de 106.000 euros al día. La cuantía de la sanción puede superar los 100 millones teniendo en cuenta que distintas fuentes estiman que la Ley no se aprobará hasta después de Navidad, puesto que después del Congreso debe pasar la ratificación del Senado.
Mora en mínimos
Por otro lado, el Banco de España publicó el martes los datos de la morosidad del crédito a cierre de agosto, situándose en los índices más bajos desde 2011. La mora se redujo hasta el 6,32%, ligeramente por debajo del 6,35% marcado en julio.
La tasa se situó 7,29 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico de diciembre de 2013, cuando se situó en el 13,6%.
