Madrid
La moción de censura del PSOE y la correspondiente formación de nuevo Gobierno han frenado el ritmo en el Congreso para sacar adelante la nueva ley hipotecaria. El Ministerio de Economía encabezado anteriormente por Luis de Guindos señalaba el pasado otoño que la nueva normativa entraría en vigor antes de que finalizara el primer semestre de este año.
Sin embargo, con el plazo ya pasado, su aprobación por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, y después por el Senado, sitúan la entrada en vigor no antes de fin de año, según apuntan fuentes parlamentarias.
La ley hipotecaria debe actualizarse en España en base a la normativa europea. La fecha para la transposición culminó en marzo de 2016. Un año después del incumplimiento del plazo, la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la transposición. Así, nuestro país se enfrenta a una multa por día de retraso de 106.000 euros, lo que para finales de este año elevaría la factura a en torno 105 millones de euros. 
No obstante, desde el anterior Ejecutivo del PP se mostraban muy convencidos hace medio año de que finalmente España no sería sancionada si lograba sacar adelante la nueva ley antes de que terminara el procedimiento sancionador en el TJUE, hecho que anularía la multa. Ahora, el tiempo se alarga y con él aumenta la posibilidad de que se materialice la multa.
La nueva ley hipotecaria se encuentra en la actualidad en fase de ponencia. La normativa ya ha superado la fase de enmiendas en el Congreso y también, en febrero, la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos. PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias rechazaron la enmienda a la totalidad, mientras que el PSOE se abstuvo y ERC, Compromís y EH-Bildu apoyaron al partido liderado por Pablo Iglesias.
Unidos Podemos criticó entonces que la ley no incluía la prohibición de realizar desalojos forzosos sin ofrecer a cambio una alternativa habitacional a los afectados.
La fase de ponencia consiste en que un grupo reducido de diputados representantes de todos los grupos políticos elaboran un informe sobre la normativa a puerta cerrada en función de la ley propuesta por el Gobierno y las enmiendas presentadas. Después, la comisión correspondiente delibera el documento y si recibe el visto bueno, pasa al pleno del Congreso para una segunda deliberación. Finalmente, la normativa llegaría al Senado, que dispone de dos meses para su tramitación.
La ponencia para analizar la ley hipotecaria fue constituida justo antes de que se celebrara la moción de censura, sin embargo, aún no hay calendario de trabajo y se espera que se alargue hasta la vuelta de las vacaciones de verano.
