El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, ha abogado hoy por que las pensiones se terminen calculando con toda la vida laboral, en línea con lo que ocurre en el resto de Europa, así como por buscar "la fórmula" que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Granado ha recordado que, en 2022, habrá concluido el aumento gradual de 15 a 25 años cotizados del período de cómputo para calcular la pensión inicial que se estableció en la reforma de pensiones de 2011.
"Probablemente yo propondría al Diálogo Social, aunque yo ya no voy a estar en mi actual responsabilidad, que se continuara subiendo el período de cómputo un año y otro año y otro año, hasta llegar al final de la vida laboral", ha afirmado Granado.
"Pero ése es un río que deberemos cruzar en el 2023 y dejen ustedes al Diálogo Social que lo cruce en 2022, que seguro que lo hará y lo hará de forma razonable", ha dicho a los portavoces de la comisión.
La comparación con Europa
Ha asegurado que "utilizar períodos de cómputo escasos, lo único que hace es perjudicar a los que son despedidos al final de su vida laboral", y ha recordado que "en toda Europa el período de computo es prácticamente toda la vida laboral".
Para Granado, la sostenibilidad futura de las pensiones no pasa por recortar el gasto, sino por reflexionar sobre las fórmulas que permitan mejorar los ingresos del sistema garantizando a los pensionistas que no van a perder poder adquisitivo.
"La revalorización del año 2018 y 2019 tiene que mantener y hacer ganar poder adquisitivo a las pensiones españolas (...) y probablemente después tengamos que buscar la fórmula más adecuada para mantener el poder adquisitivo, que es el objetivo final, que los pensionistas tengan la absoluta seguridad de que su pensión no va a sufrir mermas", ha afirmado.
"Yo no voy a querer que a los jubilados españoles les pase lo que le pasó a mi abuelo", ha dicho Granado, que ha contado como la pensión de su abuelo se redujo a la mitad en los siete años que pasaron entre que se jubiló y falleció.
Para mantener el poder de compra de las pensiones, ha asegurado, es necesario conseguir que las cotizaciones suban con empleo de mayor calidad, que las aportaciones del Estado sean mayores y que se mejore la gestión del sistema, entre otras cosas.
Ha puesto como ejemplo la necesidad de revisar en algunos casos las prestaciones de incapacidad temporal por enfermedad común o las pensiones por incapacidad permanente, al tiempo que ha cuestionado que se tengan que pagar con cargo a la Seguridad Social las prestaciones de maternidad y paternidad, las tarifas planas o el desempleo no contributivo.
"Tenemos que empezar a pensar qué gastos de la Seguridad Social tienen interés público, como por ejemplo paternidad y maternidad. ¿No tiene algún sentido que haya algún tipo de aportación pública a políticas que tienen tantísimo interés público?", ha dicho.
Sin apoyo a la familia
Asimismo, ha lamentado que "entre la retórica de la derecha y la alergia de la izquierda", en España no existan verdaderas políticas de apoyo a la familia para que la gente tenga los hijos que quiere tener "cuando los quiere tener y no cuando pueda".
Preguntado por la reforma de pensiones del PP de 2013, ha dicho que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) -que establece una subida mínima del 0,25% mientras el sistema esté en déficit- se va a modificar por "la vía de los hechos" en los Presupuestos de 2019.
Por el contrario, se ha mostrado partidario de que exista un factor de sostenibilidad, pero vinculado no sólo a un ajuste del gasto, sino también a un incremento de los ingresos -como se apuntaba en la reforma socialista de 2011-.
El secretario de Estado ha comparecido para dar cuenta del estado del Fondo de Reserva, que tiene en la actualidad 8.061,56 millones de euros, por debajo de los 8.085 millones del cierre de 2017, debido a que las rentabilidades de los valores en los que está colocado son negativas.
"La actual Administración no comparte en modo alguno los criterios que utilizó la Administración anterior ni sus previsiones", ha dicho Granado, que ha incidido en que si en 2016 y 2017 se hubieran realizado inversiones a dos años vista del dinero que no se iba a utilizar del fondo de reserva, no se habría perdido dinero
