Madrid
El consenso acordado en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo se ha conseguido gracias a una redacción ambigua que permita distintas interpretaciones, según reconocen miembros de la propia Comisión. Todos los grupos aceptaron la redacción con excepción de ERC.
Jordi Salvador, el representante de la formación catalana en el Pacto, presentó una redacción mucho más clara, que fue rechazada. El texto de Esquerra establecía entre otras cosas que "... garantizada, en las formas antes dichas, la revalorización anual conforme al IPC". El texto finalmente consensuado elude el término "garantizar".
En busca del consenso
Sin embargo, no es la única ambigüedad. Ignasi Candela, repesentante de Compromis en el Pacto, -partido que aceptó la redacción final pactada-, considera que a pesar de que la redacción final es "bastante clara", adolece de una cierta indefinición buscada, que ha permitido, por otra parte, el consenso. Salvador, de ERC, explica que algunos grupos de izquierda, partidarios de que el IPC sea el único factor que se use para revalorizar las pensiones, le reconocieron que la redacción presentada por él habría imposibilitado un acuerdo.
La batalla entre los partidarios del IPC para todos los años -sin tener en consideración el ciclo- y los que pretendían una modulación en tiempos de crisis, se centró en qué se daba prevalencia en la redacción, al "equilibrio financiero del sistema" o a la "trascendencia social" que supone garantizar el poder adquisitivo a los pensionistas, pase lo que pase.
El resultado de dicho debate ha quedado plasmado en la última frase del primer párrafo de la recomendación pactada: "Asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro". El término social fue impuesto por Podemos, en una redacción en la que se hablaba exclusivamente de "equilibrio financiero".
Otra ambigüedad está en la expresión "la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones". Ese "ha de servir", está lejos de la contundencia de la redacción alternativa de ERC. "Anualmente deberán ajustarse las pensiones con arreglo al IPC real del periodo".
Sin embargo, uno de los elementos que abre la puerta a las dudas se recoge en el último párrafo del texto pactado: "...la Comisión considera que la sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y que toda subida por encima del IPC sea sufragada con cargo a otros recursos financieros...".
Candela plantea la pregunta a la inversa: ¿qué pasará si en tiempos de crisis no hay suficientes "recursos de la Seguridad Social" para cubrir las subidas según IPC? Supondría quizás, que no se cubrirían con partidas procedentes de Presupuestos, lo que acarrearía que en tiempos de crisis no se aplicase el IPC. Para evitar un conflicto que se debatió entre los portavoces del Pacto de Toledo, ERC propone la redacción alternativa "... y si los ingresos por cotizaciones fueran insuficientes se financiarán con aportaciones del Estado, según establece el artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social".
Una vez rechazado por parte del PP, y otros grupos como Ciudadanos y PdCat, la creación de un indicador específico que incluyese además del IPC otros datos como el crecimiento del PIB o los salarios, el foco se centró en los momentos de crisis. Para solventar las diferencias, Compromis propuso que se especificase que en tiempos de crisis el Gobierno llevase a la Cámara una explicación de por qué era inviable subir el IPC, y recabase el apoyo del Parlamento.
Sin embargo, según Candela, Podemos se opuso a incluir cualquier referencia a que no se subiese el IPC en cualquier circunstancia.
