El Gobierno vasco diseña un plan para generalizar la previsión complementaria para la jubilación a todos los empleados vascos, públicos y privados; es decir, una extensión del modelo de entidades de previsión social voluntaria (EPSV) preferentes a todos los trabajadores de Euskadi, incluidos los autónomos.
El Ejecutivo vasco se erige así, dentro de España, en la comunidad pionera en caminar hacia la implantación general del llamado segundo pilar de previsión, algo que diversos organismos internacionales, principalmente el FMI, vienen recomendando a España en sus informes periódicos y que se trata básicamente de generar un ahorro en el marco de la empresa que en el futuro genere una renta que complemente la cuantía de la pensión pública que recibirá el trabajador. Este modelo que prepara el Gobierno del PNV tiene su paralelismo en el sistema británico de adscripción voluntaria, así como en el 401K vigente en Estados Unidos y se trata de un ahorro complementario a la pensión pública sufragado entre la empresa y el trabajador.
El Ejecutivo vasco trabaja desde 2016 en el diseño de la universalización del modelo de EPSV preferentes -que actualmente tienen a su disposición los trabajadores de las Administraciones vascas y algunas grandes empresas del tejido industrial vasco- y en cómo implantarla de forma general. El plan prevé brindar incentivos fiscales a esta modalidad de ahorro para la jubilación característica del País Vasco y concienciar a la población de la necesidad de generar un ahorro complementario desde las etapas más tempranas de la vida laboral ante la presión que acecha a las pensiones públicas, que irán siendo progresivamente menores por cuestiones demográficas y de equilibrio financiero.
El Gobierno jeltzale trabaja en una propuesta de generalización que, según fuentes consultadas, prevé enviar en las próximas semanas al Consejo Vasco de Previsión Social, que se reunirá antes de final de año. Como explican los expertos consultados por elEconomista Pensiones, la propuesta es del todo oportuna, a tenor de las recomendaciones que se le hacen reiteradamente a España desde los organismos internacionales que avisan de la insostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de pensiones público, y, además, marca la senda que debería seguir el resto del Estado de cara a incentivar fiscalmente un ahorro de carácter voluntario sustentado en el seno de la empresa o Administración contratante.
"El Gobierno vasco lleva tiempo trabajando para completar el sistema público de pensiones con una adscripción si no total, masiva o mayoritaria, de los trabajadores de un ámbito territorial determinado a entidades de previsión social voluntaria que incluya la contingencia de la jubilación", indicó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, el pasado mes de julio cuando salió al paso del anuncio imprevisto del plan de su Ejecutivo que previamente hizo el diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, con ocasión del discurso de la festividad de San Ignacio. De hecho, Lakua está trabajando con empresarios, trabajadores y responsables de las EPSV para poner en marcha este sistema con el que los trabajadores podrán ver completada su pensión pública y garantizar sus ingresos tras la jubilación. El Ejecutivo vasco quiere alcanzar el máximo consenso posible y aún queda un largo camino por delante, explican a elEconomista Pensiones fuentes próximas a la negociación.
Las EPSV son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que buscan generar un ahorro complementario al de la cotización obligatoria a la Seguridad Social
Las entidades de previsión social voluntaria, conocidas como EPSV, son entidades privadas, sin ánimo de lucro, de asociación voluntaria, que tienen como finalidad generar un ahorro complementario al de la cotización obligatoria a la Seguridad Social, lo que se conoce como previsión social complementaria (PSC) o segundo pilar. Las EPSV no sólo cubren la jubilación, sino también contingencias como el desempleo, la invalidez, decesos e incendios, entre otras. Su supervisión corresponde al Gobierno vasco y están promovidas por una entidad financiera. Existe la posibilidad de rescatar lo aportado a los 10 años de antigüedad y reducen la base imponible del IRPF. El incentivo fiscal difiere, ya que cada Diputación Foral tiene fijado su tratamiento tributario específico, una divergencia que mantiene divididos a los partidos políticos.
En el plan que prepara el Gobierno vasco se sientan también las bases para definir ventajas fiscales para este vehículo de ahorro de cara a generalizar la medida, al entender que la fiscalidad aplicada a la previsión social complementaria no ha alcanzado los objetivos pretendidos. Se busca incrementar la participación de los trabajadores en el segundo pilar y también que los incentivos tributarios estén dirigidos a aquellos colectivos que de otro modo no ahorrarían para su jubilación.
En el proyecto que diseña y negocia el Ejecutivo vasco, se prevé una aportación del 6% del salario a este vehículo de ahorro, compartida entre el empleador y el trabajador, según ha podido saber elEconomista Pensiones. Sobre el salario medio, de unos 1.800 euros en el País Vasco, supondría 108 euros de aportación mensual. Se calcula que con este ahorro medio, al término de la vida laboral el trabajador habría generado un complemento a la pensión pública cercano a los 400 euros acumulables a la prestación de la Seguridad Social.
La regulación contempla las EPSV preferentes que reúnen las características más apropiadas para la generalización y la adecuación del nivel de cobertura. Se trata de que reúnan cinco características: en primer lugar, el vehículo debe ser ofrecido a toda la plantilla; por otra parte, requieren aportaciones compartidas del empresario y el trabajador; imposibilitan el rescate para fines ajenos a la previsión social; las prestaciones deberán realizarse, principalmente, en forma de renta; y suponen un instrumento aplicable a colectivos que no tienen una vinculación socio-laboral con un empleador, como es el caso de los autónomos, que pueden constituir también EPSV preferentes. Un aspecto este último dirigido a lograr la universalización a todos los trabajadores del País Vasco.