La vuelta al curso político ha traído consigo un anuncio que invita a la incertidumbre por parte del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado: "Este año los gestores de la Seguridad Social hemos recibido una herencia un poquito dañada", anunciaba antes de advertir de que éste será un año "de tensiones financieras" para la Seguridad Social.
Sin especificar si esto significa que el Estado deberá tomar recursos económicos más allá del préstamo recogido en los Presupuestos de este año por valor de 15.000 millones de euros -del que ya se utilizaron 7.000 millones para pagar la extra de junio-, Granado se refirió al eventual desvío en el déficit del Sistema, previsto por encima de los 18.000 millones, que se vería acrecentado por la subida de las pensiones del 1,6% pactada entre el PP y PNV, además del incremento de las mínimas un 3% y el aumento de la base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad. Según el Gobierno, ninguno de estos costes se encontraba presupuestado, aunque cabe recordar que el Ejecutivo de Rajoy esgrimió entonces que el pago se podría realizar por los menores intereses de la deuda.
Sobre este aspecto, fuentes cercanas a la Comisión del Pacto de Toledo reconocen no tener referencias sobre la cuantía de las "tensiones" que aventura el Ministerio de Empleo, lo que añade incertidumbre al desempeño de la Seguridad Social, si bien es cierto que el Gobierno esperará a ver la evolución de las cotizaciones para cualificar el impacto de las subidas aplicadas este año. Así, el portavoz de PDeCAT en la Comisión, Carles Campuzano, pidió al Gobierno que no continúe utilizando el fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones.
"Sería un mal mensaje que el fondo de reserva terminase a cero", indicó, por lo que se mostró partidario de que el Estado "encuentre los recursos necesarios vía préstamo o vía por aportaciones más directas" al Sistema, explicaba el político catalán.
Reforma de las pensiones
Con este anuncio se reunió el martes la mesa y los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo para tratar de zanjar los puntos de discrepancia que aún permanecen en el plano de las negociaciones, con especial atención a la recomendación número 2, que habla del mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados. En este punto, se mantienen los bloques de quienes quieren fijar el IPC como método de revalorización y quienes quieren incluir a la inflación una cláusula para que ésta se produzca a diferentes velocidades entre las pensiones de mayor y menor cuantía en función del ciclo económico.
La semana que viene los grupos vuelven a reunirse para dar cuenta de esta recomendación y avanzar en un documento conjunto, que según la presidenta de la comisión, Celia Villalobos, espera poder anunciar para antes del final del mes de octubre. En este punto la incógnita está en la postura que tomará el nuevo PP de Pablo Casado, ya que si bien antes de verano el gabinete de Fátima Báñez valoraba esta posibilidad, con la llegada de Sánchez al Gobierno los populares concederían una doble victoria al Ejecutivo: por un lado la firma de un acuerdo en el seno del Pacto de Toledo y por el otro la revalorización con el IPC que liquida la fórmula instaurada con la reforma de 2013, impulsada por el Ejecutivo de Rajoy.
"Quiero pensar que el PP es un partido de Estado y va a empujar en la misma dirección que el Gobierno", señaló la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Mercè Perea, en relación a lo que podría resultar en un bloqueo del PP, señalando que "hemos de empezar ya a cerrar cuestiones" porque "la ciudadanía necesita respuestas y estabilidad" y que se garantice su poder adquisitivo durante el retiro.
