Los empresarios no ocultan su preocupación ante los anuncios de subidas de impuestos del nuevo Gobierno socialista.
A la espera de que Pedro Sánchez concrete el paquete que prepara para elevar la recaudación tributaria y poder asumir así incrementos del gasto público sin despertar las alarmas en Bruselas, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) elevaron ayer el tono al advertir de que los aumentos impositivos podrían condenar al fracaso la subida de salarios pactada con los sindicatos en el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
En un momento en el que los agentes sociales acaban de firmar una subida salarial de hasta el 3% anual, para poder totalizar un incremento del 9% en el año 2020, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el de Cepyme, Antonio Garamendi, coincidieron ayer en advertir de que elevar los impuestos que soportan los empresarios podría truncar la senda alcista de los sueldos.
Garamendi lanzó una clara advertencia en este sentido: "Las empresas tienen sus costes y un incremento puede hacer fracasar el aumento de los salarios". "Si las empresas tienen que pagar por un lado, no podrán pagar por otro", argumentó, para pedir después "tranquilidad y mucho estudio en el sentido del aumento de las cargas fiscales, porque afectarán de forma medular a las empresas". Un argumento que no comparten los sindicatos, que pidieron abordar el problema impositivo desde un punto de vista integral, "sin descartarse medidas que mejoren la recaudación".
También la banca se unió para advertir al Gobierno de las consecuencias de implantar un impuesto especial al sector para financiar las pensiones y rechazar una medida de este tipo. Las patronales AEB y CECA publicaron ayer un comunicado conjunto -un hecho que se produce solo en circunstancias especiales y ocasionales, como el proceso independista de Cataluña- para reclamar al Ejecutivo socialista que dé marcha atrás en sus planes.
Según ambas organizaciones, aumentar la carga tributaria al sector financiero conllevaría efectos perjudiciales para la economía y socavaría la solvencia de las entidades. De acuerdo con la nota, "el establecimiento de un gravamen singular podría tener efectos recaudatorios inferiores a los pretendidos".
"No resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial"
Con este impuesto finalista Hacienda pretende lograr unos 1.000 millones de euros, una cantidad que reduciría los beneficios de la banca en torno a un 10% en nuestro país. Este volumen, además, se podría ver incrementado por las menores deducciones fiscales a las que podrán acogerse, ya que el Gobierno pretende fijar un mínimo del 15% de las ganancias como tasa efectiva por Sociedades, con lo que las entidades verán limitada la posibilidad de usar los cuantiosos activos fiscales diferidos acumulados en la crisis económica por saneamientos y prejubilaciones. Asimismo, no se desacarta tampoco que el impuesto por la captación de depósitos vaya a au-mentar del actual 0,03%.
"No resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones sobre un único sector empresarial, especialmente si se tiene en cuenta que su ponderación en la economía y en los beneficios empresariales es de en torno al 3%", añaden las dos patronales. En las últimas semanas la banca ya se había manifestado en contra de poner en marcha un gravamen discriminatorio contra la banca. El presidente de la AEB, José María Roldán, llegó a asegurar que el sector no puede, por si solo, arreglar el problema de las pensiones.
El incremento fiscal, para ambas asociaciones, generaría una "desventaja competititiva a nivel europeo", además de suponer un obstáculo al papel relevante que desempeña este sector en términos económicos y sociales, con especial incidencia en el desarrollo del empleo y actividad económica a través de la concesión del crédito".
La oposición de las asociaciones también se sustenta en que la contribución de las entidades "ha sido superior al de otros sectores", en contra de la opinión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el lunes sostenía que comparativamente había sido inferior. "El sector financiero ha realizado considerables esfuerzos en el pasado para facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit público y que, además, su contribución al sostenimiento del gasto público ya es superior a la de otros sectores", reza el comunicado conjunto, en el que detalla la existencia de medidas como un tipo impositivo incrementado en el Impuesto sobre Sociedades, un Impuesto sobre Depósitos o las cuotas del IVA soportado no deducibles.
Produciría pérdidas para los inversores, para millones de familias, no solo fondos y fortunas.
Los técnicos de Hacienda respondieron de inmediato a las advertencias de las entidades, asegurando que los beneficios apenas se resentirán un 6% por el impuesto para pensiones. Gestha señaló que "apenas afectará". Desde esta organización, en cambio, reconocieron que este impacto podría llevar a las entidades a reducir los dividendos al ganar menos dinero y, por tanto, su atractivo en el mercado, será menor. Esto, de ser así, produciría pérdidas para los inversores, entre los que se encuentran millones de familias, no solo grandes fondos y fortunas.
Entre las posibles consecuencias se encuentran, tal y como señaló hace unas semanas el subgobernador del Banco de España, un encarecimiento del crédito, un aumento de las comisiones y un rebaja de los intereses que las entidades pagan por el ahorro de los clientes.
Desde el sector de las telecomunicaciones, los operadores se mostraron también en contra de la multiplicación de tasas fiscales que soportan. En unas jornadas, el presidente de Telefónica en nuestro país, Emilio Gayo, remarcó que el sector paga en España impuestos "muy por encima de la media" y advirtió de que el actual entorno da poca visibilidad de lo que puede pasar en el futuro. Por ello, apostó por revisar y cambiar la fiscalidad para que las compañías puedan invertir.
