La Seguridad Social dejará de ingresar este año 1.500 millones de euros por las reducciones de las cotizaciones sociales derivadas de distintas tarifas planas, por las que el empresario deja de pagar parte de la cuota, una cuantía que se ha reducido respecto a los 1.690 millones que no ingresó en 2017.
El Gobierno trata así de ir transformando poco a poco estas reducciones en bonificaciones sociales, porque éstas últimas no suponen una merma de los ingresos de la Seguridad Social, según explican fuentes del Ministerio de Empleo.
El objetivo es lograr reducir el déficit del sistema de la Seguridad Social, que asciende a 16.800 millones de euros y que le ha llevado a contemplar otro préstamo, en esta ocasión por 15.164 millones, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 con el objetivo de hacer frente al pago de las pensiones.
Asimismo, la Seguridad Social prevé sacar otros 3.826 millones del Fondo de Reserva (a restar de los más de 8.000 millones que tenía), de forma que no se agotará la llamada hucha de las pensiones, algo que no está entre las intenciones del Gobierno.
Previsiones de ocupación
El Ministerio de Empleo cuenta con mejorar las cifras de ocupación para este año, sobre los 450.000 nuevos puestos de trabajo previstos en el cuadro macroeconómico, por lo que confía en mejorar los ingresos por cotizaciones este año y no tener que hacer uso de la totalidad del préstamo.
Los Presupuestos recogen también un incremento de 100 millones de euros, hasta los 250 millones, en las bonificaciones sociales para autónomos, de forma que poco a poco se deja de utilizar la figura de la reducción de las cuotas, algo que aún se utiliza en el caso de la tarifa plana de 50 euros para mayores de 30 años.
El Ministerio de Empleo y los interlocutores sociales mantienen una mesa de diálogo social sobre pensiones, en la que esperan estudiar a finales de esta primavera las recomendaciones que emita la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para solventar el déficit de la Seguridad Social y asegurar su viabilidad a futuro.
Pacto de Toledo
Para el Gobierno es necesario un acuerdo político en el Pacto de Toledo, por lo que desde el Ministerio de Empleo animan a los parlamentarios a seguir avanzando en las recomendaciones, más allá de la segunda, relativa a la revalorización de las pensiones.
Entre otras, el Pacto de Toledo debe consensuar una postura común relativa a cambios en los diferentes regímenes de la Seguridad Social, combatir el fraude, el papel de las mutuas o la brecha de género.
En este sentido, el Ministerio de Empleo confía en que este año 186.000 mujeres con hijos comiencen a beneficiarse del complemento de maternidad en las pensiones.
Por su parte, el Gobierno y los agentes sociales están de acuerdo en varios aspectos relativos a la separación de fuentes de financiación, sacando de la Seguridad Social todas las políticas sociales, además de la conversión de reducciones en bonificaciones, según fuentes de Empleo.
Además de la mesa de las pensiones, el Gobierno y los agentes sociales mantienen otra de calidad en el empleo para elaborar medidas con las que atajar la brecha salarial, en la que hay un texto bastante consensuado, si bien podría faltar voluntad política para sacarlo adelante con la firma de patronal y sindicatos.
