Revalorización sí o no. Ésa parece ser la única disyuntiva que tratan los partidos estos días en su debate sobre pensiones. A pesar de los cinco años consecutivos con que la Seguridad Social ha cerrado en números rojos, el Pacto de Toledo parece de vacaciones. Muchas reuniones, muchas comparecencias, pero ninguna decisión de calado.
Y, aunque apenas hayan transcurrido 17 meses desde la formación de Gobierno, la aritmética parlamentaria y la presión de las encuestas hacen pensar que tampoco las habrá en los próximos meses. El Pleno monográfico sobre pensiones celebrado este miércoles así lo anticipa.
La irrupción de los pensionistas en las calles ha pillado por sorpresa a los partidos, cuyas propuestas para mejorar el sistema de pensiones son pequeños retoques de un modelo que tiene un déficit estructural de más de 10.000 millones de euros. Los casi 9 millones de pensionistas, que suelen acudir masivamente a las urnas a diferencia de otros colectivos más jóvenes, con menor participación, han llamado la atención de la oposición en pleno, que ahora pide el retorno del IPC, que fue sustituido en 2013 por el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones. Tanto PSOE, como Ciudadanos y Podemos reclaman con insistencia el regreso del viejo indicador, obviando que el índice actual permite una subida de pensiones del IPC más el 0,25%. La subida mínima es del 0,25% anual -el propio déficit de la Seguridad Social ha impedido que las pensiones se hayan revalorizado por encima del 0,25% en los últimos años.-, pero podría ser mayor.
De hecho, la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo en 2013, cuando se aprobó la reforma que las pensiones subirían más que el IPC en los años de bonanza. Pero o esos tiempos no han llegado o el Gobierno no quiere que el gasto en pensiones ponga en peligro el compromiso de reducir el déficit adquirido con Bruselas.
Propuestas de Rajoy sin concretar
Rajoy ha salido al paso contentando a todos y a ninguno a la vez. A Ciudadanos, empeñado en rebajar impuestos, con un cheque en el IRPF de los pensionistas; y también a PSOE y PNV, anunciando subidas en las pensiones mínimas y en las de jubilación, incluso por encima del IPC. A cambio, no está dispuesto a mover una coma de la reforma de pensiones que aprobó en 2013.
Pero el debate de la revalorización ha convertido a las pensiones en justo lo que no son: un problema cortoplacista sobre el que se cambia la regulación cada poco tiempo. Bien es cierto que la aritmética parlamentaria actual y la presión de las encuestas invitan poco o nada al consenso y que el regreso del calendario electoral el próximo año (en poco más de 12 meses comenzará la campaña de las municipales y autonómicas de 2019) lo complica todo, pero tampoco hay que engañarse: los partidos ahora mismo tienen que llegar a un acuerdo sobre tres situaciones y, lejos de hacerlo, de momento sólo proponen parches.
La primera decisión que deben tomar los responsables políticos es cómo cubrir o, al menos paliar, el déficit del sistema. Ahora mismo, con el fondo de reserva casi a cero, apenas queda otro remedio que emitir deuda, salvo que se decida recortar algunos gastos o sacarlos de la Seguridad Social. El único que ha planteado algo al respecto es el PNV, que ha apostado por una revisión en profundidad de las bonificaciones a la contratación. Quedarse y sufragar vía presupuestos las que tengan repercusión en el empleo y eliminar el resto.
Las pensiones del futuro, en el olvido
Otros partidos, como el PSOE, han recomendado nuevos impuestos (a la banca y a las transacciones financieras) para sufragar el déficit, aunque sus importes son muy inferiores a lo que deberían financiar y probablemente acabaran repercutiendo en el usuario. Podemos opta por destopar la base de cotización, una medida que añadiría 7.000 millones a las arcas de la Seguridad Social, pero que supone una subida indirecta del coste del empleo, lo que, especialmente si fuera muy brusca, podría acabar afectando al empleo.
Por su parte, PP y Ciudadanos esperan que los ingresos del sistema crezcan vía creación de empleo, aunque los datos de los últimos años muestran que, salvo un milagro, el importe sería insuficiente para borrar el déficit. Y el partido de Rivera mira a largo plazo, proponiendo medidas para incrementar la natalidad. Lo que no dice es qué hacer hasta que esos supuestos niños vayan a pagar nuestras pensiones.
Sorprende que ningún partido proponga limitar la jubilación anticipada de las clases pasivas, o limitar la compatibilidad de la pensión de jubilación y viudedad a partir de rentas altas, y sólo el PNV pide revisar las bonificaciones a la contratación, medidas todas ellas que ayudarían a sanear el sistema y no generarían graves distorsiones. Frente a ello, propuestas para garantizar la vinculación al IPC en la Constitución, que podría obviarse e, incluso, necesitaría una nueva reforma en el momento en el que el indicador cayera a terreno negativo.
Además, la Comisión del Pacto de Toledo tiene que decidir si desindexa para siempre las pensiones del IPC, como estableció la reforma de 2013, o si vuelve a referenciarse a él, como pide la oposición en pleno. Los cálculos dicen que subir las pensiones este año en línea con el IPC costaría entre 1.800 y 2.200 millones, que podrían cubrirse con el presupuesto, o con más deuda. La cuestión es si esta revalorización vuelve a ser automática y se repite año a año, lo que tendría cada año un coste mayor, y si es universal o se escalona una subida mayor para las pensiones más bajas y más moderada para las mayores.
Finalmente, algo que no está en la agenda de ningún partido es hacer pedagogía con el futuro modelo de pensiones. Hace unos días, un informe de la Comisión Europea alertaba de que la tasa de reemplazo de las pensiones bajaría del 80% actual al entorno del 50% para quienes se jubilen en los años 2060. Explicar a las nuevas generaciones que, si no hay un milagro demográfico, sus pensiones van a ser mucho menos generosas o que tendrán que trabajar hasta más avanzada edad no es sencillo. Pero, sobre todo, explicar cómo afectan las reformas ya hechas y las que puedan venir sobre las pensiones en las próximas décadas sin demagogia es un reto que, a día de hoy, ningún partido quiere afrontar.
