
A partir de ahora, se podrá recuperar desde 2025 lo invertido durante 10 años en estos mecanismos. El Gobierno desmiente al PSOE y niega que su propósito sea privatizar el sistema público.
Moncloa aprobó ayer por Real Decreto el rescate de las aportaciones durante 10 años de los planes privados de pensiones. Con ello, el Gobierno pretende aumentar la competencia en este segmento y elevar el atractivo de estos productos de ahorro. Así pues, a partir del 1 de enero de 2025, el ahorrador podrá recuperar las aportaciones realizadas hasta 2015. Las realizadas a partir de 2016 deberán esperar hasta 2026, y así sucesivamente. Sin embargo, este plan -que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado - no contempla al menos a corto plazo una mejor fiscalidad, por lo que habrá que seguir pagando el mismo IRPF, como anunció este viernes el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, ya que "el tipo marginal español es bastante bajo".
La medida, "complementaria" con el sistema público español de pensiones, incluye también una revisión a la baja de las comisiones máximas que los ahorradores pagan a las entidades gestoras. De esta manera, se aplicará un máximo del 0,85 por ciento para fondos de renta fija, lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,3 por ciento para fondos mixtos, 20 puntos básicos menos, y del 1,5 por ciento para fondos de renta variable, el mismo límite que se utiliza actualmente.
Con los nuevos porcentajes, la comisión media calculada según la distribución del patrimonio entre los diferentes tipos de fondos baja del 1,5 por ciento al 1,25 por ciento, a la vez que se reduce la comisión máxima de depósito del 0,25 por ciento al 0,2.
También se ha actualizado la regulación de las inversiones de los fondos de pensiones para poner al día las referencias que el reglamento de planes y fondos de pensiones hace a otra normativa financiera nacional y comunitaria en vigor. En concreto, se han incorporado las referencias necesarias a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. Así mismo, se han incluido como activos aptos para los fondos de pensiones las participaciones en los Fondos de Capital Riesgo Europeos (FCRE) y los Fondos de Emprendimiento Social Europeo (FESE).
En respuesta a las críticas que ha desatado en algunos ámbitos la iniciativa gubernamental, Moncloa sostiene que el plan de pensiones español es sólido, serio y coherente para mucha gente, y desde luego el Gobierno garantiza que seguirá en pie". El verdadero propósito de estos planes de pensiones -señala Méndez de Vigo-, no pasa por perseguir la privatización del sistema, como ayer sugirió el Partido Socialista, añadiendo que en este país, "la gente normal no puede ahorrar".
Las aseguradoras tampoco bendicen los cambios aprobados este viernes para abaratar las comisiones y dar más liquidez a los planes de pensiones. La patronal Unespa considera que desvirtúa un producto que está pensado para utilizarse exclusivamente después de la jubilación, y en su lugar, aboga por mayores estímulos fiscales, además del fomento de planes de pensiones desde el ámbito empresarial.
Lo ideal -dice Unespa- es que la liquidez estuviera limitada a unos 10.000 euros al año, equivalente al salario mínimo. Porque, "si das liquidez absoluta al producto, pasa a ser igual que cualquier otro de inversión o de ahorro estándar, ya que no está pensado como una bolsa de ahorro para la jubilación".
Más allá de los planes de pensiones privados, el Gobierno también abordó ayer la reforma electoral que ha llevado a Unidos Podemos y Ciudadanos a formalizar una suerte de acuerdo para impulsar un cambio de la actual ley.
La 'pinza' Rivera-Iglesias
El portavoz del Gobierno afirmó que da la impresión de que estas dos formaciones "buscan su beneficio particular", antes que mejorar la proporcionalidad del sistema. En su opinión, el cambio de la actual ley electoral, que se rige por la Ley D'Hondt, es un tema delicado en el que se debe buscar el mayor consenso para que todo el mundo se sienta cómodo, anticipando, a las formaciones lideradas por Albert Rivera y Pablo Iglesias, que tendrán que contar con más apoyos para alcanzar la mayoría de 166 diputados, que necesitará para cambiar la ley orgánica.
Méndez de Vigo subrayó que es bueno que estos partidos lleguen a acuerdos, como también lo sería si abordaran la situación de Cataluña y cerraran una propuesta de candidato a la investidura.