El Gobierno ha lanzado un llamamiento a los clientes de seguros de ahorros a largo plazo, especialmente las rentas vitalicias, porque cuando suban los tipos de interés no está claro que vayan a recuperar todo el dinero invertido.
Ante este escenario, el director general de la Dirección de Seguros del Ministerio de Economía, Sergio Álvarez, aprovechó el lunes un acto sobre el sector, organizado por Deloitte, Mapfre y ABC, para reclamar a las compañías que sean sumamente rigurosas y transparentes a la hora de comercializar estas primas y adviertan de todas las posibles consecuencias.
Con este toque de atención, el Ejecutivo quiere curarse en salud ante posibles escándalos financieros en un futuro no muy lejano, que puedan asemejarse a los vividos en la banca durante la crisis.
Además, recordó a las aseguradoras que a partir del 1 de enero del próximo ejercicio tendrán que acompañar cualquier contrato con un documento en el que detallen todo tipo de riesgos en las pólizas.
2,2 millones de usuarios
"Es probable que muchos clientes se encuentren insatisfechos cuando vayan a rescatar un producto de ahorro a largo plazo cuando suban los tipos porque podría suponer una reducción de su patrimonio", destacó el director general del supervisor nacional, quien avanzó que esta situación podría tener consecuencias negativas. De ahí, que solicitara a las aseguradoras altura de miras y que prevean soluciones o alternativas, entre ellas compensaciones, para resarcir a los clientes afectados.
Las estimaciones apuntan a que en 2019 o 2020 los tipos comenzaran a escalar, tras varios años en tasas negativas, una vez que el BCE comience a dar marcha atrás en su política de estímulos al crecimiento económico.
Según datos de Icea, facilitados por la patronal Unespa, a cierre de septiembre algo más de 2,2 millones de personas tenían contratado una renta vitalicia o temporal con un patrimonio de 86.723 millones. En el último año este importe subió el 3,4%.
Este producto consiste en el abono de una prima única a una aseguradora para complementar, generalmente, la pensión de jubilación pública. Tiene un favorable tratamiento fiscal. Cuando suban las tasas, una parte de los asegurados podría optar por el rescate anticipado de la póliza por la baja rentabilidad ofrecida. Como se realizará a valor de mercado, previsiblemente, estos clientes verán recortada su inversión, sin contar con una penalización.
Álvarez, en el mismo acto, defendió el proyecto de reforma de los planes de pensiones, puestas a consulta pública recientemente, porque incentiva los complementos privados a la jubilación gracias a una rebaja de las comisiones y a la libertad de recuperar a los diez años sin límites y sin excepciones el dinero desembolsado ante cualquier imprevisto.
El sector criticó esta regulación porque va en contra del espíritu del producto y reclamó topes, como el rescate anticipado de 10.000 euros como máximo. La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, puso de manifiesto las malas experiencias cosechadas en otros países, como el Reino Unido, donde normativas similares fracasaron con retiradas masivas de fondos para reformar viviendas.
Álvarez descartó que vaya a haber una avalancha de rescates, por lo que el Ministerio de Economía, a priori, no va a atender las peticiones de las aseguradoras.