Más allá de las consecuencias políticas para el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy, el histórico revés que asestó este jueves el Congreso de los Diputados al Decreto Ley para liberalizar la estiba tendrá un impacto cuantificable -y no desdeñable- en las arcas públicas por incumplir con el mandato de Bruselas. Serán 134.000 euros cada día que tarde España en aplicar la reforma a partir del próximo 24 de marzo, que es la fecha impuesta por la Comisión Europea (CE) para implementarla. Se sumarán a la penalización de 21 millones de euros que acumula España por incumplimiento de la Directiva europea que regula el sector portuario del año 2014.
Un golpe para las cuentas públicas que armó el jueves al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en sus achaques a los grupos parlamentarios que imposibilitaron la aprobación del Decreto Ley. "El daño no es solo para nosotros, es para todos los españoles, que son los que van a tener que pagar la multa", aseveró Íñigo de la Serna, que no ha podido convencer a la oposición ni siquiera con la última decisión -anunciada el miércoles por la tarde- de ofrecer un plan de prejubilaciones para los estibadores de más de 50 años o más por el cobrarían el 70% del salario. Esta propuesta no conquistó a los sindicatos y, por ende, tampoco a la mayoría parlamentaria.
Desde hace varias semanas los representantes de los estibadores habían expresado su rechazo frontal a los planes del Gobierno. Se oponen a la normativa establecida para liberalizar el sector, porque supondría el reemplazo de los 6.155 trabajadores actuales en 46 puertos del país por nuevos empleados con condiciones más precarias.
Mesa de negociación
El Gobierno deberá ahora activar un plan B para buscar una solución que, según admitieron este jueves el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, no tiene. Apenas restan ocho días para el 24 de marzo, por lo que queda "muy poco margen de maniobra", reconoció Guindos durante el Spain Summit, organizado por The Economist. "Los tiempos son muy escasos", admitió De la Serna.
El titular de Economía incidió en que España tiene "un compromiso con las reglas" comunitarias. "Si estamos en la UE estamos para todo", remachó. A este respecto, Bruselas condenó a España por incumplir los convenios de libre circulación y de libre competencia en los puertos, ya que el acceso a la profesión de la estiba está limitado y controlado y la entrada en los puertos por parte de las empresas terminalistas está condicionado a que sean accionistas de una SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios). Es decir, está restringido.
De cualquier modo, para lograr los apoyos necesarios y evitar que las multas del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) sigan creciendo, al Gobierno no le queda más salida que modificar el Decreto Ley. En qué grado dependerá de las exigencias de los partidos. Los sindicatos se apresuraron este jueves a reclamar que se abra una mesa negociadora, "seria y rigurosa" y en la que tengan su sitio, para lograr que la modificación del modelo de estiba "sea un documento consensuado con el que se identifiquen las distintas partes".
Entretanto, las distintas organizaciones sindicales (Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT) aplaudieron la oposición de los grupos parlamentarios -abstención en el caso de Ciudadanos- y anunciaron la desconvocatoria de la huega para los días 17, 20, 22 y 24 de marzo.
De la Serna confía en un acuerdo
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostró este jueves confiado en alcanzar un acuerdo con la patronal y los sindicatos de la estiba sobre la base de la propuesta del Gobierno y aprobar el real decreto lo antes posible. Afirmó, tras el pleno en el Congreso, que si se llega a un acuerdo con la patronal y los sindicatos de la estiba sobre la base de la propuesta gubernamental de garantizar el 100 por cien del empleo actual, "cabría la posibilidad de poder tener en el tiempo suficiente" el real decreto, pero advirtió de que "los tiempos son muy escasos".
