El Congreso ha derogado hoy el Decreto Ley de reforma de los estibadores, con 175 votos en contra -los del PSOE y Unidos Podemos, principalmente- frente a 142 a favor -respaldados por el PNV- y 33 abstenciones, las de Ciudadanos y la de Iñigo Errejón, de Podemos, por error. Tras ello, los estibadores han desconvocado los paros para el 17, 20, 22 y 24 de marzo.
A pesar de la advertencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que la no convalidación del Decreto conllevará una segunda multa millonaria de la Unión Europea (a razón de 134.000 euros al día), "que está a punto de caer", la mayoría de los partidos de la oposición no ha respaldado la reforma diseñada por el Gobierno para la liberalización del sector de la estiba.
Durante el debate de convalidación, De la Serna ha señalado que el Gobierno "ha hecho lo que tenía que hacer" y tiene "la conciencia tranquila", también para poder acercar un acuerdo entre la patronal y los sindicatos de la estiba, aunque la mayoría de la oposición ha criticado que no hiciera un esfuerzo hasta el último momento y no trajera un Decreto consensuado con todas las partes. Aquí puede ver la cronología del conflicto.
El ministro ha insistido en que el Gobierno estaba obligado por una sentencia europea y ha dicho que la Cámara también "está obligada a la modificación legal" de la norma. "Es mucho dinero para los españoles y lo vamos a pagar el conjunto de los españoles", ha reiterado.
Sólo contó con el apoyo del PNV
El Ejecutivo sólo se ha visto respaldado por los votos a favor del PNV, que ha argumentado que la propuesta hecha por el Ejecutivo a los estibadores tiene un "alto contenido social" y garantiza la competitividad de los puertos y los derechos sociales de los estibadores. "Dudamos que ningún acuerdo futuro pueda superar la oferta actual del Gobierno", ha subrayado el diputado del PNV Iñigo Barandiarán.
Sin embargo, tanto el PSOE como Unidos Podemos y la mayoría de la oposición han recriminado al ministro no haber pactado un Decreto que debía tener el consenso de patronal, sindicatos y partidos políticos.
Así, mientras el diputado socialista César Ramos ha pedido sentarse a negociar desde mañana y ha instado a que los estibadores desconvoquen las huelgas previstas, el diputado de En Comú Podem Félix Alonso ha calificado de "salvaje" el Decreto Ley y ha exigido su desactivación.
Abstención de Ciudadanos
Desde Ciudadanos, el portavoz de la Comisión de Fomento en el Congreso, Fernando Navarro, ha argumentado la abstención de su formación a la necesidad de que haya más tiempo para debatir el documento presentado ayer por el Gobierno, que -en su opinión- garantiza el mantenimiento del empleo y, además, supone la presencia del Ejecutivo en la mesa de la negociación colectiva entre estibadores y empresas.
ERC y la mayor parte de las formaciones que integran el Grupo Mixto han recriminado que el ministro faltara a la verdad con su propuesta de mantener el 100 % del empleo.
Es el tercer Decreto tumbado en democracia
Con el rechazo hoy por parte del pleno del Congreso del Real Decreto para reformar el sector de la estiba son ya tres las ocasiones en las que la Cámara Baja ha tumbado una figura normativa de este tipo, después de los precedentes de 1979 y 2006. La derrota de hoy inaugura una legislatura de posibles votaciones claves perdidas para el PP.
En 2006, en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una treintena de diputados socialistas se equivocaron el 9 de febrero de 2006 cuando se votaba el Real Decreto ley por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, de manera que fue rechazado por el pleno con 152 votos a favor y 169 en contra. El Decreto, que había sido aprobado por el gabinete de Zapatero el 20 de enero, fue derogado, y el Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo de nuevo y llevarlo a pleno otra vez. Esa vez no hubo fallos y salió adelante.
La otra ocasión en la que no prosperó un Decreto Ley del Gobierno fue en 1979, cuando la Diputación Permanente del Congreso rechazó la convalidación de un Decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. Fue el 6 de febrero de aquel año, con las Cortes ya disueltas, y el propósito del Decreto era prorrogar "por el tiempo indispensable" la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.
