Las autonomías en las que gobierna el PSOE con el apoyo más o menos explícito de Podemos mantienen hoy por hoy la fiscalidad más elevada de España, especialmente para rentas medias y altas. Es lo que se deduce del estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.
Aragón, Extremadura y Baleares castigan especialmente a quien posee patrimonio (contar con bienes por valor de 15 millones de euros cuesta en este caso más de 400.000 euros al año). Mientras, Andalucía, Asturias y, de nuevo, Extremadura y Aragón penalizan más que nadie a quien hereda (por recibir 800.000 euros hay que pagar entre 170.000 y 208.000 euros).
Por si fuera poco, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, las tres gobernadas por el PSOE, han aprobado las mayores subidas de impuestos para el año 2017, y de nuevo con Patrimonio, Sucesiones y Donaciones como protagonistas.
Mientras, acumular bienes resulta gratis en Madrid, acusada de dumping fiscal por algunas autonomías, y heredar apenas cuesta dinero en Madrid y Canarias. Ambas autonomías presentan la fiscalidad autonómica más baja.
Las diferencias entre regiones son mucho menores en cuanto a IRPF, aunque Extremadura es quien más alto lo mantiene para rentas medias de 45.000 euros anuales y Valencia para las de 160.000 euros en adelante. En contraposición, Madrid cuenta con el impuesto sobre la renta más bajo, con Canarias de nuevo en segunda posición.
Valentín Pich, presidente del Consejo, evitó este lunes emitir juicios políticos durante la presentación del informe, pero sí se mostró crítico con los constantes cambios impositivos en las regiones -nada menos que 593 este año-. "Muchas veces vemos teatralidad en la modificación de tributos autonómicos. Apenas suponen un 2,2% de todos los ingresos regionales, ya que los que llenan la caja son los grandes impuestos, como IRPF e IVA", explicó.
Los gravámenes de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones dejan en las arcas, anualmente, algo más de 3.000 millones, si bien los datos más actualizados hacen referencia al ejercicio 2014. De cualquiera de las maneras, la cantidad resulta muy pequeña si se compara con los más de 30.000 millones que deja el IRPF al año en las arcas regionales o los 28.000 millones que aporta el IVA.
Estos datos llevan al Consejo a apoyar, de cara a la revisión de la financiación autonómica, una eliminación de Patrimonio -"muchas veces las regiones gravan este impuesto de varias maneras al tiempo; por ejemplo, con un IBI muy elevado", aseguran en el REAF-, y una tendencia a armonizar tributos cedidos, sobre todo el de Sucesiones y Donaciones. "Creemos que habría que establecer un tipo mínimo y mantener un margen de actuación, aunque sea pequeño, a los Gobiernos autonómicos", manifestó Pich.
Mucho tributo y poco dinero
El estudio del REAF muestra que aunque teóricamente existe una gran corresponsabilidad entre las comunidades autónomas, lo cierto es que esto sólo es así respecto a una parte muy limitada de la recaudación. Para los ingresos totales de las CCAA, la parte autonómica del IRPF significaba el 35,7% de los ingresos totales y la del IVA, el 31,62%, sumando entre ambos tributos más de dos tercios de su recaudación. Si, además, se tiene en cuenta el 16,04% de los Impuestos Especiales, es casi el 84% del total.
Por el contrario, Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, totalmente cedidos y sobre los que las comunidades tienen una amplia capacidad normativa, no alcanzan ni el 10% de la recaudación en 2014. Además, el 75% de lo recaudado por tributos cedidos pasa a su vez a engrosar el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
Aunque existen 79 tributos propios aprobados, algunos de ellos están en suspenso, bonificados al 100 por cien o declarados inconstitucionales. Mientras, el 77,3% de la recaudación de los impuestos que sobreviven está relacionada con el agua, aunque se configuran figuras tributarias muy diferen- tes. En muchos casos, además, no llegan ni a cubrir los costes de recaudación.
Mecenazgos deportivos de 600 euros
Una de las grandes desventajas del sistema de fiscalidad autonómica actual es que muchas de las deducciones que se incluyen en los tributos propios van dirigidas a colectivos muy reducidos, con unos requisitos muy numerosos y con unas ventajas para el contribuyente muy exiguas. Así, por ejemplo, en Baleares se aplica una deducción del IRPF sobre las donaciones por mecenazgo cultural y deportivo que tiene un límite máximo de 600 euros y un amplio catálogo de requisitos.
