"Un andaluz, soltero, de 30 años, que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, paga hasta 164.049 euros de impuesto de sucesiones, mientras que si la situación se traslada a Canarias, la cantidad a abonar sería de 134 euros", según se desprende del estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017', presentado hoy en rueda de prensa por el presidente del Colegio de Economistas, Valentín Pich, en el que se ha subrayado la necesidad de acometer una reforma global del sistema de financiación autonómica dado que el modelo actual es "anárquico, desigual e indescifrable".
Así, el Consejo General de Economistas ha sugerido, durante la presentación del informe, que la próxima reforma de la financiación autonómica contemple la posibilidad de suprimir el Impuesto de Patrimonio y, de paso, tienda a armonizar el Impuesto de Sucesiones "partiendo de un tipo mínimo".
En concreto, y según el estudio, la fiscalidad autonómica se ha convertido en un elemento "espeso, incomprensible y que genera debates territoriales e institucionales", según describió el presidente del Consejo, Valentín Pich. Al margen de los 79 impuestos propios con los que cuentan a día de hoy las autonomías, cada año un sinfín de cambios normativos -693 solo para 2017- hacen completamente farragoso el estudio detallado del ámbito impositivo.
Pero más allá de estas valoraciones, los hechos. Los tributos propios apenas dejan en las arcas autonómicas "el 2,2% de todos sus ingresos", una cantidad "reducida" que pone de manifiesto que numerosas decisiones fiscales se adoptan "con gran teatralidad" y por cuestiones "ideológicas". El Consejo, de hecho, resalta algunas de las más recientes. Baleares, por ejemplo, ha aprobado deducciones a la adquisición de acciones de nueva creación con un impacto fiscal de apenas 20.000 euros; Valencia, por su parte, ha incluido rebajas a quienes apuestan por fuentes renovables en la vivienda, una medida que afectará a 184 declarantes y que tendrá un impacto de 15.000 euros.
La otra consecuencia de la compleja maraña fiscal autonómica es la de la desigualdad. Un ciudadano sufre una presión impositiva muy distinta en función del lugar en el que resida, si bien algunos impuestos generan más distorsiones que otros. Para el Consejo General de Economistas, Patrimonio y Sucesiones son los grandes responsables.
Madrid y Extremadura, cara y cruz
El estudio, a cargo del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del citado Consejo General de Economistas, analiza pormenorizadamente las diferencias autonómicas por impuestos. Y detecta que Madrid y Canarias son, hoy por hoy, las comunidades con los tributos más bajos. Si bien en el IRPF las diferencias para rentas medias (de unos 30.000 euros anuales) ni siquiera llegan a los 300 euros con respecto a las regiones con los impuestos más altos, en Patrimonio la divergencia puede ser de hasta medio millón de euros anual. "Aquí si detectamos que pueda haber personas que decidan cambiar de residencia solo por evitar el pago de estas cantidades", explica Luis del Amo, del Consejo.
En Madrid nadie debe pagar por Patrimonio. Ni siquiera aunque tenga propiedades valoradas en 15 millones de euros. Sin embargo, alguien con esos bienes debe abonar 418.000 euros al año en Extremadura; 375.000 en Baleares; y en torno a 350.000 en Andalucía y Valencia.
Algo parecido sucede con Sucesiones. Un soltero de 30 años que herede bienes por valor de 800.000 euros apenas debe pagar al fisco 134 euros en Canarias o 1.600 euros en Madrid. En Andalucía, sin embargo, debe responder con más de 164.000 euros, cifra casi similar en el caso de Extremadura y Aragón. Y más de lo mismo en Donaciones: 200 euros en Canarias, 2.000 en la Comunidad de Madrid y más de 200.000 euros en Andalucía, Extremadura o Aragón.
"No queremos emitir juicios valorativos. Pero sí pensamos que las diferencias son demasiado elevadas. Impuestos como el de Patrimonio a veces están gravados de otra manera, por ejemplo a través de un IBI muy alto. Y Sucesiones... creemos que habría que optar por armonizar el impuesto, optando por un tipo bajo y cediendo algo de margen a los gobiernos autonómicos para que lo adecúen a sus circunstancias", precisa Pich, quien justifica esta posición en el poco dinero que dejan, hoy por hoy, estos tributos. "Es la recaudación de los grandes impuestos la que se deja notar en las arcas públicas", remacha.
IRPF, patrimonio y sucesiones por CCAA
El siguiente cuadro recoge, a modo de ejemplo y en las autonomías de régimen común, lo que tributaría por renta del trabajo en 2017 un soltero, menor de 65 años y sin hijos con ingresos anuales de 30.000 euros; lo que se paga por un patrimonio de 800.000 euros y lo que abona de impuesto de sucesiones un soltero de 30 años por una herencia de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido: