El desplome de los precios en los últimos años ha convertido la inflación en un factor más de ganancia de poder adquisitivo, al margen del incremento retributivo nominal. Sin embargo, la escalada de la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 1,5 por ciento en diciembre y la previsión de que alcance el 2 por ciento de media anual en 2017 augura una amplia revisión de los convenios colectivos que, en un 20 por ciento de los casos, incluyen las denominadas cláusulas de garantía salarial.
La inflación en tasas negativas llevó a los sindicatos a aceptar la histórica reivindicación empresarial de acabar con estas cláusulas, que actualizan los sueldos en función del IPC y que están presentes en convenios como el del metal o la construcción.
En la antesala de la crisis, el 66 por ciento de los asalariados con convenio colectivo estaba protegido por estas cláusulas, mientras en 2015 las tenían el 16 por ciento. Pero la paulatina recuperación de los precios está haciendo a los negociadores recuperar este tipo de cláusulas en la negociación y el 20 por ciento de los trabajadores que han firmado su convenio para este 2016 incluía ya esta garantía, que ahora podría forzar subidas de sueldo excesivas, en un contexto en el que desde instituciones como el Banco de España se sigue apostando por la moderación salarial para consolidar la recuperación económica.
Cierto es que la subida de la inflación hará perder poder adquisitivo no sólo a los nueve millones de pensionistas, que verán incrementada su pensión por la mínima del 0,25 por ciento por cuarto año consecutivo, como aprobó ayer el Gobierno, sino también a los tres millones de funcionarios a los que el Ejecutivo podría hacer un guiño con un incremento salarial del 1 por ciento para lograr el apoyo del PSOE a los Presupuestos de 2017.
Es más, a estos 12 millones de españoles que tendrán menos poder de compra el próximo año hay que sumar otros siete millones de trabajadores afectados por convenios colectivos, cuya alza salarial ha sido del 1,08 por ciento hasta noviembre de 2016 y previsiblemente no será mayor al 1,2 por ciento al que está dispuesta a llegar la patronal, frente a la subida de hasta el 4 por ciento que piden los sindicatos para el próximo año. En total, y grosso modo, 19 millones de españoles verán mermado su poder de compra, cuando según el Banco de España la inflación podría alcanzar incluso el 2,5 por ciento en los meses de febrero y marzo, por el repunte del precio del petróleo, y se situaría al menos en el 2 por ciento en el conjunto del año. El organismo echa así por tierra las previsiones del Gobierno, que en el último plan presupuestario remitido a Bruselas confió en un aumento del IPC del 1,4 por ciento para 2017.
En este contexto de repunte de los precios, la pérdida de poder adquisitivo será generalizada en los sectores mencionados, donde, no obstante, el Gobierno poco más puede rascar, habida cuenta de que el agujero de las cuentas de la Seguridad Social podría ahondar hasta los 18.000 millones de euros a cierre de este ejercicio 2016.
El salario mínimo 'se salva'
Sin embargo, y fruto de las concesiones al Partido Socialista para lograr su respaldo a los objetivos de déficit y al techo de gasto, el Ejecutivo sí ha podido dar luz verde a la mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en treinta años, del 8 por ciento, lo que, en proporción, elevará el poder de compra de este colectivo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el alza del SMI hasta 707,7 euros mensuales en 2017, desde los 655,2 euros de 2016. El Gobierno considera que este incremento "responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, a la vez que continúa favoreciendo su competitividad, acompasando la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo", mientras los analistas plantean que la subida del SMI puede tener un efecto negativo en la contratación.