El número de acuerdos bilaterales entre los estados miembros de la Unión Europea y grandes compañías se ha multiplicado por tres en los últimos tres años, pese a los sucesivos escándalos fiscales y los esfuerzos de Bruselas de consolidar un sistema fiscal más homogéneo.
La ONG internacional Eurodad denuncia que los acuerdos bilaterales entre países de la Unión Europea y grandes compañías multinacionales han crecido exponencialmente entre 2013 y 2015, según el informe Survival of the Richest: Europe's role in supporting an unjust global tax system.
En concreto, indica que este tipo de pactos han pasado de 547 acuerdos firmados en 2013, a los 972 de 2014 y a los 1.444 a cierre de 2015, según datos extraídos de la base de datos de la Comisión Europea.
La entidad indica que estos arreglos son el primer paso que utilizan las grandes corporaciones para reducir el pago de impuestos en los países en los que operan. A raíz del escándalo de LuxLeaks en 2014, donde se desveló que el Gobierno de Luxemburgo, con el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la cabeza había pactado más de 350 acuerdos mejorando las condiciones fiscales a compañías como Pepsi, Ikea, AIG, Fiat, Amazon, JP Morgan, Heinz, Burberry, PIMCO o Deutsche Bank las autoridades europeas han intentado limitar las capacidades de los Estados para seguir con estas prácticas.
La declaración de ayudas ilegales de Irlanda a Apple de 13.000 millones de euros por parte de la Comisión Europea forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo comunitario para garantizar la libre competencia dentro de las fronteras europeas.
Precisamente, Luxemburgo ha sido uno de los países que más nuevos acuerdos han cerrado en estos años. Para ser exactos, 985 pactos de esa naturaleza firmados entre 2013 y 2015. Le sigue Bélgica con 687. En ambos casos muy por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en 129 acuerdos bilaterales. Las condiciones establecidas entre los gobiernos y las empresas suelen estar marcadas por una presión fiscal más favorable que las establecidas en la normativa estatal. Además, están caracterizados por su opacidad y falta de transparencia, apuntan desde Eurodad.
El informe también contabiliza el número medidas que mantienen los estados para que las multinacionales puedan aplicarse una optimización fiscal agresiva. De media, cada país utiliza once. Entre los países con una fiscalidad más generosa para grandes compañías se encuentran Holanda, Bélgica, Chipre o Malta. España se encuentra a la cola de estas prácticas. Es el país con menor índice, sólo le supera Dinamarca.
Sin embargo, según los indicadores del estudio se encuentra dentro de la media de la Unión Europea sobre el trato fiscal a la empresa, por la diferencia entre los tipos nominales y los reales por la aplicación de deducciones en el Impuesto de Sociedades. La ONG destaca que los ingresos tributarios de las empresas son un 58% inferiores respecto a 2007, incidiendo que la presión tributaria recae sobre los trabajadores, uno de cada diez euros en impuestos proviene del IRPF.
