No hace mucho, la política fiscal de Alemania estaba ligada al freno al endeudamiento, y cada euro se racionaba cuidadosamente. Ahora, Berlín cuenta con un bazuca fiscal a plena potencia y se enfrenta a un reto muy diferente: canalizar de forma rápida y eficaz unos recursos financieros sin precedentes para reforzar las infraestructuras y la seguridad nacional. Durante las vacaciones de verano, el Gobierno dio un paso importante para convertir su potencia fiscal en resultados tangibles mediante la reducción de la burocracia.
El Ejecutivo encabezado por el canciller Friedrich Merz presentó un proyecto de ley de 'aceleración de la defensa', conocido popularmente como "turbo-defensa", que acorta drásticamente los procesos de planificación y adquisición del ejército alemán. El objetivo es alcanzar el objetivo de gasto en defensa del 3,5% (del PIB) ya en 2029, seis años antes de la fecha límite de 2035 acordada por los miembros de la OTAN.
La ley prevé procesos de aprobación acelerados, exenciones de las normas de adquisición y planificación y umbrales más altos para las adjudicaciones directas (es decir, la adjudicación de contratos a proveedores sin llevar a cabo un proceso de licitación competitivo). Se busca salir del marasmo de las últimas décadas que ha arrojado anécdotas tan lacerantes como los siete años que se tardaba en elegir un fusil principal de asalto o los hasta diez que podía llevar la adquisición de un casco de helicóptero La primera lectura en el Bundestag está prevista para septiembre, y es probable que el Parlamento la apruebe a finales de otoño.
Respaldado por el bazuca fiscal, el Gobierno federal dio a conocer antes de las vacaciones de verano su programa de gasto más ambicioso en décadas. Se prevé que los gastos en defensa, infraestructuras, protección del clima y transformación de la economía aumenten más de un 60% en los próximos cuatro años, hasta alcanzar unos 225.000 millones de euros en 2029. Este aumento se verá reforzado por gastos adicionales a nivel federal y municipal, lo que amplificará aún más el impulso fiscal.
"Berlín ha pasado rápidamente de la retórica a la acción", celebra Andreas Rees, economista jefe de UniCredit Research para Alemania. En una nota para clientes, señala cómo, incluso antes de redactar la ley de aceleración de la defensa, los responsables políticos habían puesto en marcha el plan "turbo-construcción" para agilizar las aprobaciones de viviendas, lo que podría reducir los procesos de aprobación a solo dos meses. En la práctica, hasta ahora, la aprobación de proyectos de vivienda de mayor envergadura solía requerir muchos meses.
Por supuesto, no todo es tan fácil. "Es evidente que hay límites a la rapidez con la que se pueden desplegar los gastos. Los cuellos de botella, especialmente en la industria de defensa, podrían ralentizar la implementación. Además, es probable que una gran parte del dinero destinado a fines militares se gaste en el extranjero, especialmente en EEUU a corto plazo", admite Rees. Sin embargo, confía, la combinación de vastos recursos fiscales y mecanismos de aprobación acelerados crea un marco fiable para que las empresas nacionales amplíen su capacidad y satisfagan la creciente demanda
"Esto podría sentar las bases para un nuevo ciclo de inversión y remodelar el panorama industrial de Alemania en los próximos años. Por lo tanto, podría no ser una coincidencia que los indicadores de confianza empresarial, como el PMI manufacturero y el índice Ifo, hayan mejorado en los últimos meses a pesar de los obstáculos que suponen los aranceles más elevados de EEUU", concluye.
En los últimos años, en medio de una anemia económica que ha dejado el PIB ligeramente por debajo de donde estaba a finales de 2019, uno de los principales culpables que salía en los numerosos diagnósticas era precisamente la burocracia. Primero empresas y después analistas han salido en tromba a quejarse de los azarosos trámites que había que seguir para cada decisión. Incluso durante la campaña electoral de las últimas elecciones federales, celebradas en enero, la eliminación de esta 'histórica' burocracia estuvo más que presente entre las promesas de los partidos.
En una entrevista concedida a elEconomista.es el pasado invierno, Achim Wambach, presidente del prestigioso Centro Leibniz para la Investigación Económica Europea (ZEW por sus siglas en alemán), lamentaba los problemas de "cosecha propia" que arrastraba Alemania y que lastraba la competitividad de sus empresas, citando expresamente los "altos costes burocráticos".
Antes de caer, el Ejecutivo tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales apoyó un paquete que ya avanzaba en esta dirección, ahorrando casi 1.000 millones de euros anuales al aligerar papeleo a empresas y ciudadanos. Entre algunas medidas destacaban simplificaciones para las gestiones de los asesores fiscales, acortamiento de diez a ocho años los periodos de conservación de los documentos contables de las empresas así como el fin de la obligación de firmar a mano un formulario especial de inscripción al pernoctar en hoteles.
Para los expertos, era notorio que hacía falta más ambición. "Durante al menos 20 años, cada nuevo gobierno federal de Alemania ha prometido aliviar a las empresas de la pesada burocracia. Hasta la fecha, ningún gobierno lo ha hecho", señalaba a comienzos de verano Jörg Krämer, economista de Commerzbank en un informe para clientes. Una encuesta del banco alemán a empresas alemanas medianas ha revelado que consideran la burocracia como el mayor problema para la competitividad de Alemania, muy por delante de los altos costes energéticos, los impuestos y la escasez de trabajadores cualificados.
"Las leyes aprobadas anteriormente para reducir la burocracia y el Consejo de Control Regulatorio, creado en 2006 como organismo clave para reducir la burocracia, no son intrínsecamente erróneas. Sin embargo, no resolverán el problema del exceso de burocracia mientras el Estado no cambie su actitud fundamental hacia las empresas y el mercado. En lugar de enfrentarse a ellos con un escepticismo fundamental, el Estado debería depositar más confianza en las empresas y los mercados", reflexiona Krämer en el informe.
Esta actitud es especialmente importante, enfatiza el experto, cuando aún no se han promulgado leyes o reglamentos, ya que su aplicación siempre conduce a la burocracia, lamenta. "El objetivo es evitar desde el principio leyes innecesarias con sus elevados costes burocráticos, siguiendo el espíritu del teórico político francés Charles de Montesquieu (1689-1755), quien acuñó la frase: 'Si no es necesario promulgar una ley, es necesario no promulgarla'", escribe el economista.
La tesis de fondo de Krämer es que cuanto más confía un Estado en las empresas y en el mercado, más probable es que se decante por no promulgar regulaciones y leyes. Por ejemplo, refiere, se abstendría de imponer requisitos excesivos de información sobre sostenibilidad, que suponen una carga de trabajo para las empresas. En cambio, contrapone, un Estado que confía en el mercado se basa en mecanismos de mercado como el sistema de comercio de derechos de emisión de CO2, que crea incentivos económicos para la protección del clima a través del precio del CO2
"Si el Estado se acerca a las empresas con una actitud de confianza, no solo se abstiene de regular en muchos casos desde el principio, sino que, cuando la regulación es necesaria, diseña la ley para que sea lo más sencilla posible. Un Estado que confía colabora estrechamente con asociaciones, empresas individuales y expertos para que las regulaciones sean lo más prácticas posible. Esto implica una redacción clara, digitalización y claridad jurídica, mientras que el Estado debe dar a las empresas y asociaciones no solo unos pocos días, sino tiempo suficiente para que aporten sus comentarios. Cuando estas consultas se llevan a cabo con un espíritu de cooperación y se considera a las empresas como verdaderos socios, puede surgir un marco regulatorio con poca burocracia, lo cual es esencial para el desarrollo económico y la prosperidad de Alemania", remacha el analista de Commerzbank.