El empleo público sigue creciendo en España. En esta ocasión, hay que detenerse en las autonomías, que han experimentado incrementos constantes de empleados desde el año 2019. Si en el segundo trimestre de aquel año se alcanzó 1,8 millones de ocupados, en los mismos meses de 2025 superan ligeramente los 2 millones, un 13,1% más, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El 54% de ellos son funcionarios de carrera frente al 78% que lo son en el sector público estatal.
La evolución se aceleró en el año 2020, año de la pandemia por excelencia. Pero, desde entonces no ha dejado de aumentar el número de empleados de las administraciones autonómicas. Éstas concentran el 62,2% de todo el empleo de las Administraciones Públicas en España y, aunque el aumento es generalizado, el de las autonomías no cesa y se avanza a buen ritmo aunque con algunos parones. El aumento en las comunidades autónomas es el que sube la media total en estos seis años sobre empleo en el sector público, ya que en la Administración central incluso ha habido retrocesos. El trabajo público representa el 15% del total en España.
Este mismo año, hay varias comunidades que han tenido crecimientos muy altos. Es el caso de Extremadura que, el segundo trimestre aumentó sus plantillas públicas un 8,34% respecto al primer trimestre. Baleares lo hizo, en el mismo periodo, un 4,42%, y Aragón, un 3,79%. Cantabria subió su personal un 2,62% y Galicia, un 2,6%. Aunque ha sido la ciudad autónoma de Ceuta la que más incrementó sus nóminas en el segundo trimestre del año en relación al primero, nada menos que un 20,34%. Estas cinco comunidades autónomas y Ceuta ejemplifican la tónica que se viene produciendo desde la pandemia.
La serie de la EPA muestra que, a partir de 2021 cuando se superó la barrera de los 2 millones de empleados autonómicos, éstos han ido oscilando. No se ha vuelto a bajar de esa cantidad, si bien ha habido trimestres con más cantidad de ocupados. A la Administración autonómica competen materias tan intensivas en empleo como son la educación y la sanidad. Es en estos sectores donde más altas se producen y que más ocupados absorben, si bien en el ámbito educativo hay numerosos movimientos de personas. Administración aparece en tercer lugar como el área que más funcionarios concentra tras educación y salud. Los servicios sociales, igualmente competencia de las comunidades autónomas, son otra de las áreas laborales donde, cada vez más, trabajan más personas.
Por número de personal, Andalucía lidera la lista con 500.000 empleados al servicio de su gobierno autonómico. Cataluña y Madrid son las siguientes, con más de 250.000 la primera y más de 230.000, la segunda. Estas cantidades entran dentro de la lógica porque se trata de las autonomías con más habitantes del país.
Lo que da idea de cierta desproporción es el ratio de empleados públicos por cada mil habitantes. Así, si la media de todas las comunidades autónomas es de 36,7, hay regiones que la superan de largo como Extremadura (56,8) y Navarra (51,3), según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP. Una de las explicaciones es que regiones como Extremadura o Castilla y León, que cuenta con 100.000 ocupados públicos ofrecen menos oportunidades laborales en el sector privado.
No está tan claro el motivo del ratio de Navarra, autonomía ampliamente industrializada y con alto nivel de vida, fuera de motivos políticos. La Comunidad Foral es una de las menos pobladas de España (no llega a los 680.000 habitantes) y da trabajo a 20.000 personas en el sector público. En el mismo caso se encuentra, Cantabria. La Rioja, con 10.000, es la que menos ocupados presenta en el sector público, pero también es la menos poblada.
En relación a los salarios, los más altos por regla general son los que abona la Comunidad de Madrid. Para fijarlos, se tiene en cuenta la renta per cápita de la región y el alto coste de la vida en la misma. Por el contrario, una de las que ofrece sueldos más bajos a sus empleados es Andalucía por las mismas razones pero al revés: menores ingresos per cápita y menor coste de la vida. También influyen las políticas prioritarias de cada gobierno regional y la inflación, que varía entre autonomías, en ocasiones bastante.
Hay que tener en cuenta que las autonomías tienen libertad para gestionar ciertos aspectos aspectos salariales de sus ocupados públicos. Otros, como el básico de la actualización de las nóminas de acuerdo con el IPC, corresponde al Estado, que es quien fija el porcentaje de subida en Consejo de Ministros. Un dato: en 2024 cinco autonomías (Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón) destinaron el 50% de recursos presupuestados para dicho ejercicio al abono de nóminas públicas. En términos absolutos, son casi 92.000 millones de euros los que el conjunto de los Gobiernos autonómicos se gastan en los sueldos del personal de su Administración, lo que en términos relativos supone más de diez puntos porcentuales por encima del nivel de 2019, hace seis años, antes de los años de la pandemia en que se dispararon los puestos de trabajo públicos.