Las comunidades autónomas pagarán en 2028 unos 11.789 millones de euros en intereses de la deuda, lo que supone un 58% más que lo abonado en 2024, según un informe de Fedea publicado este martes sobre estimaciones de este gasto entre 2022-2028.
Dichas estimaciones están basadas en previsiones de la AIRef y en datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Tesoro y "pueden considerarse conservadoras respecto al escenario actual", matiza el texto.
Éste parte de que "la situación fiscal de las CC.AA. aún no está saneada debido a que el saldo fiscal en términos estructurales de 2024 ha sido el peor de la serie histórica (-1,1% PIB)". Las previsiones son de un déficit del 0,4% del PIB para 2025, que se moverá entre el 0,1% y el 0,3% del PIB durante los años 2026-2028.El año pasado el total de la deuda autonómica alcanzó los 335.947 millones y para 2025 se estima que será de 349.236 millones y de 362.944 en 2028. Por ello, el cálculo del gasto en intereses establece en 11.789 millones de euros la cantidad que abonarán en 2028.
En 2022, los intereses pagados por las autonomías suponían el 0,28% del PIB. Dos años después, en 2024, el porcentaje había aumentado hasta el 0,47%. Pasaron de abonar 3.608 millones de euros a 47.452, un 106% más.
Esta evolución ha venido provocada este aumento se puede explicar por una política pública enfocada al gasto público, siendo minoritarias las comunidades que han demostrado una cierta preocupación por la sostenibilidad de su deuda, argumenta Fedea.
El estudio también explica que A este contexto se une la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE) con anuncios de subidas de tipos de interés desde el verano de 2022 hasta alcanzar un máximo del 4,5% para las operaciones principales de financiación en octubre de 2023 y hasta mayo de 2024. Si bien es cierto que recientemente, el BCE ha moderado su política con bajadas de tipos hasta el 2,15%, a partir de junio 2025, las previsiones apuntan a que los tipos permanecerán en niveles cercanos al 2% y a que no se va a volver a la situación excepcional de tipos 0% que estuvieron vigentes durante 8 años (desde 2016 a 2022).
Para la institución que dirige Ángel de la Fuente, estas estimaciones llevan a dos concluisomes en el futuro de la política económica de las comunidades autónomas: Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda. La segunda es que, a la vista de nuestros resultados, las CC.AA. deben calibrar con mucha prudencia todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden estar contemplando.