Barcelona
Pocas semanas antes de irse de vacaciones, Gobierno y Generalitat abrieron la que puede ser la mayor carpeta de la legislatura catalana: la reforma del sistema de financiación. Aunque el Ejecutivo lo enmarcó en una remodelación general para todas las autonomías, la financiación singular fue uno de los requisitos de ERC para investir a Salvador Illa, que este viernes cumple un año como presidente, e incluso para erigir al propio Pedro Sánchez un año atrás. El marco del acuerdo, presentado a mediados de junio, pareció no dejar satisfecho a nadie: los soberanistas critican su falta de concreción y en el PP y varios sectores del PSOE lamentan que se trate de otra cesión a Cataluña. El Govern en cambio se muestra convencido de sus posibilidades de aplicarse y que sirva para, al fin, renovar el caducado reparto actual.
La renovación del sistema actual la puso sobre la mesa el Govern de Pere Aragonès pocas semanas antes de dejar la Generalitat. El mantra, más allá de incrementar los recursos disponibles, era claro: "tener las llaves de la caja". Es decir, que fuera Cataluña la que recaudase y gestionase los impuestos generados en el territorio a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Los republicanos obligaron a Illa a negociar en esta línea con el Gobierno para que pudiese sacar adelante su investidura.
Para ello, situó como consellera de Economía a una de sus personas de máxima confianza, Alícia Romero, con un largo recorrido en el PSC y una de las personas más cercanas al president. En un Ejecutivo con varios independientes y personas de diferentes sensibilidades políticas, la cartera de la financiación se la reservó a alguien de su núcleo más duro.
En sus primeros once meses de mandato, Salvador Illa logró desbloquear la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, avanzar con el traspaso de Rodalies y sacar adelante inversiones en materia de vivienda y transición energética. Todo a pesar de ser incapaz de sacar adelante unos presupuestos y verse obligado en cada medida a ceder ante sus socios de investidura: ERC y los comuns.
Para julio reservó el melón de la financiación, que se presentó precisamente en un momento de debilidad del Gobierno central, en pleno escándalo Santos Cerdán, y con fuertes presiones por parte de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Un acuerdo demasiado beneficioso para Cataluña podría afectar sus opciones electorales en los comicios autonómicos del año que viene.
En este contexto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, presentaron las líneas maestras del acuerdo, que dejó más dudas que certezas en la opinión pública.
El preacuerdo fijaba las bases del despliegue de la Agència Tributària de Catalunya, que posteriormente la Generalitat desveló. Y pese a la intención de empezar a recaudar el IRPF a partir de 2026, los timings reales son mucho más conservadores. Según la hoja de ruta diseñada por Indra, la ATC empezará ganando peso en la asistencia de la campaña de la renta, que asumiría por completo en 2027. No sería hasta 2028 cuando se comenzarían a asumir funciones de revisión del IRPF. La fecha final de recaudación todavía es inexistente.
Y es que el Govern tiene varios retos por delante para poder desplegar la institución. El primero, la falta de personal. Entre 2026 y 2027 se debería contratar a más de 1.100 personas, que deberían ser más a medida que se ganaran competencias. Para hacerse una idea, la AEAT tiene 4.000 trabajadores en Cataluña por los 850 de la administración autonómica. Y esto deberá hacerlo pese al rechazo inicial de los técnicos de Hacienda, reticentes hasta el momento a dar el salto a la entidad autonómica. Sin ir más lejos, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) advirtió que "cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político".
Para pilotar el desarrollo del plan director, el Govern ha fichado a Santiago Ramon Arizón, directivo de la multinacional IBM en Cataluña.
El otro escollo a superar son las mayorías parlamentarias requeridas para acometer las modificaciones necesarias de la ley de cesión de tributos y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Con esa finalidad, ERC ya registró una proposición de ley para la modificación de estas normas.
A la espera de definir el cupo catalán
Con la Generalitat ejerciendo el papel de recaudador, el otro punto a debatir era fijar la cuota de solidaridad que Cataluña debería repartir al resto de autonomías. Nadie aclaró cómo ni quién lo calcularía. Sí quedó claro que el Gobierno declinó asumir el principio de ordinalidad tan reclamado por el Govern. De respetarse esta máxima, supondría que Cataluña dispondría de 2.488 millones de euros más para financiarse, según los cálculos del libro La factura del cupo catalán escrito por Francisco de la Torre y Jesús Fernandéz-Villaverde. Y es que cumplir este principio implicaría que la autonomía tendría derecho a 306,74 euros por cada uno de los 8,11 millones de ciudadanos que tiene.
Estos 2.488 millones de más cada año a los que tendría acceso la Generalitat están muy lejos de los 22.000 millones de déficit fiscal que, según Junts, sufre Cataluña.
"Será una mezcla entre la bilateralidad de las necesidades catalanas y la multilateralidad del resto de autonomías", destacó Dalmau. El Gobierno central llevará así la propuesta de financiación autonómica nacional -hizo extensible la oferta a Cataluña al resto de comunidades- después del verano al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con mayoría popular. Luego serían las Cortes Generales las que deberían avalar el modelo definitivo, lo que dificulta su aprobación definitiva vista la escasa mayoría del Ejecutivo.
El Ejecutivo no deberá solamente convencer a Junts y ERC, decepcionados con la dimensión del acuerdo. Descontada la negativa de PP y Vox, el PSOE deberá contentar a los barones más críticos que ya salieron a denunciar el trato de favor a Cataluña. Liderados por el ya habitual Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), se le sumaron Javier Lambán (Aragón), Adrián Barbón (Asturias) y Miguel Ángel Gallardo (Extremadura). Parece complicado a simple vista cuadrar los intereses de comunidades como Cataluña con las que son receptoras de recursos.
Con el retorno del curso político, la financiación volverá a ocupar la primera línea, aunque Illa ya se ha ocupado de mantener candente el debate con la denuncia del dumping fiscal que, a su juicio, realiza la Comunidad de Madrid.