La Asociación de inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en un gesto excepcional, ha ofrecido su apoyo técnico y conocimiento a quienes puedan presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la financiación singular para Cataluña, acordada por el Gobierno y la Generalitat, señalando directamente a las comunidades autónomas como posibles legitimadas. Su mensaje es que "el acuerdo es absolutamente ilegal e "inconstitucional, y amenaza con la voladura del sistema tributario actual".
"Llevamos tiempo alertando sobre esta situación y las consecuencias de la singularidad fiscal para Cataluña", ha recordado la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán. Por eso, los inspectores de Hacienda no han dudado en calificar el acuerdo como una "barbaridad" con "consecuencias gravísimas".
La medida se describe como un sistema "a día de hoy ilegal, no tiene cobertura legal" y "no tiene ningún tipo de amparo en nuestra norma fundamental". Consideran que el acuerdo es una "declaración de invenciones" y no un texto legal sólido.
Advierten que su implementación sería el "inicio de la voladura del sistema tributario actual". Esto afectaría gravemente los principios constitucionales, la aplicación de los tributos, el reparto de la "cesta de impuestos" y la propia administración tributaria, que, de generalizarse, "desaparecería".
La medida llevaría a un "estado confederal" o a una "confederación de estados asimétricos", un modelo "no previsto en la Constitución" que modificaría la "estructura de Estado" de España de forma sin precedentes, ha señalado José María Peláez, portavoz de la IHE.
"La Constitución exige fondos de compensación interterritorial, de nivelación y de suficiencia para garantizar la cohesión social y la igualdad de servicios para todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia. Si este modelo se generaliza, el Estado se quedaría sin fondos para dotar estos mecanismos de cohesión. Los inspectores subrayan que "quien pague más, quien gane más, no tiene derecho a percibir un mejor servicio público que quien gana menos", ha explicado José María Peláez.
Se cuestiona la falta de argumentos técnicos que demuestren un beneficio para el "interés general" o para los ciudadanos, un principio que la Constitución obliga a respetar.
La medida no garantiza que los ciudadanos, incluidos los de Cataluña, "puedan recibir los servicios en las mismas condiciones". Además, la Agencia Tributaria no podría llevar a cabo la labor de comprobación e investigación en las mismas condiciones actuales, lo que se traduciría en una mayor "brecha" y posibilidad de fraude fiscal.
Aunque "nada es irreversible", los inspectores advierten que este camino es "muy difícilmente irreversible" una vez iniciado en el ámbito tributario, citando concesiones tributarias anteriores a las comunidades autónomas (como el IRPF) que no han tenido vuelta atrás.
Petición de dimisión de la Ministra de Hacienda
La gravedad de la situación ha llevado a los inspectores de Hacienda a una acción sin precedentes. La presidenta de la Asociación, Ana de la Herrán, ha solicitado la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es la "primera vez" que este colectivo exige la dimisión de un ministro, calificando la situación de "gravísima y sin precedentes".
Montero relega a 200 funcionarios de Hacienda en pleno despliegue de la Agencia Tributaria catalana
La presidenta ha acusado a la dirección del Ministerio, liderada por la ministra, de "incompetencia manifiesta al no proteger a la Agencia Tributaria y a sus funcionarios". Critican la falta de comunicación y preocupación por la situación de los 4.400 trabajadores de la Agencia en Cataluña, quienes hicieron una oposición para trabajar para la Agencia Tributaria Española.
Los inspectores lamentan que la ministra "ha manifestado públicamente que era una opinión y que no tenía ninguna importancia" lo que decían los inspectores, "despreciando un poco la justificación técnica" que quieren aportar.
Consideran que la decisión política carece del respaldo técnico y el consenso necesario, poniendo en riesgo la cohesión territorial, la igualdad ciudadana y la sostenibilidad financiera del Estado.
Impacto devastador en los ingresos del Estado
Si el acuerdo se lleva a cabo, las consecuencias para la Agencia Tributaria y la recaudación estatal serían "gravísimas". Si el acuerdo se implementa, especialmente si se generaliza al resto de comunidades autónomas, supondría la "desaparición de la Agencia Tributaria Estatal en Cataluña" ha advertido Peláez. La Agencia Tributaria, tal como se conoce, "desaparecería" si se "parte en 17 partes", una por cada comunidad autónoma. Esto llevaría a una "voladura del sistema tributario actual".
La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con solo "800 funcionarios", carece de la formación, experiencia y digitalización necesarias para asumir las funciones de la Agencia Tributaria estatal. Consideran "imposible" que la Agencia Tributaria Catalana supla lo que hace la AEAT en Cataluña, lo que requeriría "una labor de años".
La fragmentación de las bases de datos tributarias haría "imposible garantizar" una comprobación e investigación eficaz. "La posibilidad abierta al fraude fiscal es evidente y clara", advierten, señalando que la coordinación actual entre administraciones no sería suficiente para detectar grandes fraudes o controlar grandes patrimonios.
"La situación de los 4.400 trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña es una preocupación central, ante la falta de comunicación y la imposibilidad de un "traspaso obligatorio de personal", ha señalado el secretario de IHE, Antonio Morales.
Consecuencias para los ciudadanos y CCAA
Los inspectores advierten que, si el acuerdo se aplica, se ocasionarán "graves perjuicios a todos los ciudadanos que será irreparable".
El acuerdo crearía "una serie de ciudadanos de primera con una financiación muy superior a la del resto de ciudadanos que viven en el resto de comunidades autónomas".
"Cataluña pasaría de recibir 21.000 millones de euros (transferencias del Estado) a recaudar 53.000 millones, el doble". Esta cantidad iría en detrimento de lo que tiene el Estado para sus funciones y sus servicios sociales o el resto de comunidades autónomas", ha indicado Peláez.
Si el Estado se queda "sin fondos para financiar todos los servicios que tiene que prestar", no podrá "dotar esos fondos de cohesión para que todos los ciudadanos seamos iguales independientemente del territorio en el que vivimos".
La generalización de este modelo llevaría a una "lucha constante entre territorios" por los recursos y comprometería la financiación de servicios esenciales del Estado (pensiones, etc.). La experiencia del "cupo de País Vasco y la aprobación de la Navarra" muestra que las negociaciones políticas pueden "reducir drásticamente" los fondos aportados al Estado.
A pesar del aumento de fondos, no está "garantizado que realmente esos mayores fondos vayan en beneficio de los servicios que se prestan a los ciudadanos" en Cataluña, ya que podrían destinarse a "financiar estructura de estado, a crear embajadas".
Viabilidad Práctica y Costos
Los inspectores consideran que la implementación del acuerdo en el corto plazo es inviable y generaría costes significativos. La idea de que el traspaso del IRPF se realice el 1 de enero de 2026 es "una irresponsabilidad absoluta" y "absolutamente imposible". Las bases de datos y programas de la Agencia Tributaria requieren "una labor de años" para ser trasladados.
Las estimaciones sobre cuánto dinero dejarían de ingresar el Estado son "imposibles saberlas hoy debido a la falta de concreción sobre la contribución de Cataluña a los gastos comunes y fondos de solidaridad, ha explicado el portavoz de la IHE,
La existencia de "dos administraciones tributarias" implicaría un "coste derivado de tener las administraciones", "el coste de cumplimiento del sistema tributario" para los contribuyentes (tiempo y dinero), y un "aumento del fraude fiscal".
José María Peláez ha afirmado que "las empresas con actividad en múltiples territorios se verían afectadas por la necesidad de lidiar con dos o más Administraciones tributarias, lo que sería una traba enorme". Y ha apuntado también existe el riesgo de "delocalización ficticia en Cataluña" buscando ventajas fiscales o menor control.
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