Los procesos concursales aumentaron un 9,3% en el primer semestre del año, según datos de Iberinform que se basa en los publicados en el BOE, un total de 3.376. Con respecto al mes de junio de 2024, el incremento ha sido del 21%. Estos datos confirman la tendencia de subida de los concursos de acreedores que se viene observando a lo largo de este año y el anterior.
De enero a junio, el sector donde más insolvencias se han producido ha sido en el comercio, con un 24% del total. Construcción e inmobiliario, con un 18%, seguidos de industria manufacturera (15%), servicios a empresa (11%) y hostelería (11%) son los otros sectores más afectados.
Aunque los mayores incrementos se registran en los subsectores de industria extractiva (100%), industria manufacturera textil (82%), sanidad (64%), materiales de construcción (54%) y alojamiento (43%). El consumo de bienes duraderos, con una bajada del -32%, la electrónica y TIC, con un -22%, y educación (-20%) son los que han experimentado una mejoría este año.
Por comunidades autónomas, Cataluña continúa siendo la que más concursalidad presenta, con un 26% del total, seguida de la Comunidad de Madrid (22%), la Comunidad Valenciana (13%) y Andalucía (10%). Los mayores crecimientos en el conjunto de 2025 se han registrado en Extremadura (67%), Baleares (61%), Ceuta (33%) y La Rioja (21%). Cantabria (-44%), Castilla y León (-33%) y Aragón (-20%) son la autonomías donde se ha mejorado este primer semestre.
La pyme es el tipo de empresa que más incremento de proceso concursales ha tenido, pues ha crecido un 113% entre la pequeña empresa. Por antigüedad, las tasas más elevadas de crecimiento se sitúan entre las empresas de 6 a 10 años (13%) y las empresas de más de 25 años (11%).
Otra de las tendencias que se están observando respecto a los concursos de acreedores es el aumento constante de los presentados por personas físicas o autónomos. Para los expertos, la reforma de la ley concursal de 2022 está detrás de estos incrementos al favorecer la segunda oportunidad. Las personas físicas, que pueden ser ciudadanos sobreendeudados o autónomos en dificultades o en quiebra, solicitan la exoneración del pasivo insatisfecho, las deudas, y la mayor parte de los jueces se la conceden.