Los ocupados apuntados al paro crecen casi un 7% y reactivan el fantasma del 'desempleo oculto'

El debate sobre los parados supuestamente 'excluidos' de los datos que publica cada mes el Servicio Público de Empleo Estatal es tan antiguo como las propias estadísticas, pero nunca ha sido tan intenso como en los últimos años. No es para menos, ya que tampoco el peso de los inscritos en las oficinas que no se consideran desempleados había sido tan elevado. Suman ya un 42,5% del total, su nivel más alto de la serie histórica, descontando las circunstancias excepcionales de la pandemia, y además siguen aumentando. Así las cosas, si en junio el paro registrado cayó un 6,1% interanual, hasta los 2,4 millones, los 'no parados' aumentaron un 5%, hasta los 1,8 millones. La mayoría, 1,2 millones, son ocupados, que anotan un incremento del 6,7%. Pero también suben las personas sin trabajo que no se consideran técnicamente desempleadas, hasta las 570.315.

El pasado mes había un total de 4,18 millones de demandantes inscritos en los servicios públicos de empleo, un 1,6% menos que hace un año. El descenso se debe exclusivamente a los parados registrados, ya que el resto de los colectivos, como hemos dicho, se incrementa. Esto ha alimentado algunas sospechas de que se está produciendo una desviación del desempleo hacia un 'paro oculto', sobre todo porque la mayoría de los demandantes ocupados serían fijos discontinuos inactivos inscritos que se apuntan en las oficinas durante los periodos en los que no trabajan.

En su caso se integran en los demandantes ocupados 'con relación laboral'. Si bien los datos de junio publicados este miércoles aún no desglosan esa categoría, sabemos que son los más numerosos. Eso sí, no queda del todo claro cuántos son fijos discontinuos, ya que Trabajo y las comunidades autónomas se niegan a precisarlo, reprochándose mutuamente cuestiones competenciales. La realidad es que el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene la cifra exacta de fijos discontinuos excluidos del paro y se publica (sin ninguna publicidad) en el Anuario de Estadísticas Laborales, con lo cual no debería ser muy complicado ofrecer la cifra mes a mes.

El problema con los fijos discontinuos, a efectos puramente estadísticos, es que la demanda no se da baja necesariamente al reincorporarse a la actividad (lo que sí ocurre si la prestación por desempleo, si la cobran, que se suspende automáticamente). Si rechazan el llamamiento y la empresa les da de baja, en teoría, pasan a ser parados (aunque sin derecho a prestación). Todo ellos suponen que no sabemos cuántos fijos discontinuos inscritos son realmente inactivos y cuántos están trabajando y, simplemente, mantienen el alta de demanda.

Por su parte, el grupo de los demandantes no ocupados (como los beneficiarios del subsidio agrario) o con demandas especiales repunta, aunque menos: un 1,5%. Pero en todo caso también es un comportamiento anticíclico. Que, en un momento aún alcista del ciclo, con creación de empleo, los demandantes no parados evolucionen en dirección contraria al paro registrado es inédito. Ni siquiera durante la pandemia, cuando los ERTEs y los confinamientos dispararon el colectivo hasta superar excepcionalmente el de parados. Pero estos últimos también subieron con fuerza.

La pregunta recurrente es si esta evolución se debe a una 'manipulación' de las cifras o a un cambio estructural del mercado de trabajo. Lo primero parece descartado desde el momento en que la definición general de colectivos excluidos del paro es la misma desde una Orden Ministerial publicada en 1985, cuando ya se fijó que los fijos discontinuos inactivos no contarían como parados al mantener una relación laboral activa (aunque no trabajen).

Cierto es que en los últimos 40 años se han producido revisiones y ajustes menores en las series (así las cosas, la última comparable se remite a 2005) y que la propia orden facultaba al Gobierno de turno a publicar la información detallada sobre esas exclusiones, algo que el gabinete de Díaz se niega a hacer en el caso de los fijos discontinuos, pese a contar con los datos.

Una hipótesis a la que le faltan datos

La alternativa de un cambio profundo del empleo parece más fácil de aceptar. Por un lado, la reforma laboral ha disparado los fijos discontinuos, caracterizados por una volatilidad que, según algunos análisis, puede superar a la de los temporales, cuyo uso se ha limitado tras la reforma. Este trasvase explicaría que muchas personas que antes contaban como paradas al cesar su relación laboral eventual ya no lo sean con el nuevo contrato, porque en su caso la vinculación con la empresa solo se suspende temporalmente. De hecho, los demandantes ocupados han pasado de suponer el 18% de los demandantes antes de la pandemia al 28% en la actualidad.

En el caso de los demandantes no ocupados pero excluidos del paro, el grueso corresponde a aquellos con disponibilidad limitada o demandas especiales. Este grupo incluye a los que tienen la demanda suspendida por hacer cursos o no cumplir los requisitos de paro, pero también a aquellos que se inscriben como forma de conseguir una ayuda para el autoempleo. También a quienes, aunque buscan empleo, no pueden incorporarse a las prestaciones.

Esto significaría que hay más personas que se benefician de las políticas activas de empleo tras la última reforma de la Ley de Empleo, aprobada en 2003. De hecho, su peso actual entre los demandantes, del 13%, es el más elevado de la serie desde 2005, cuando acababa de completarse el traspaso de competencias de las políticas de empleo a las comunidades autónomas, lo que se tradujo en la transformación del antiguo INEM en el actual SEPE. Entonces llegaba al 16%.

Aun así, la falta de claridad en el diagnóstico de las estadísticas por parte de Trabajo (que tampoco publica datos actualizados de las evaluaciones de sus políticas activas) impide profundizar en lo que significan realmente estas cifras y hasta qué punto reflejan un cambio sustancial en el mercado de trabajo que exija nuevas medidas o una revisión de las ya aprobadas.