El debate por el impacto de las ausencias de trabajadores en su puesto de trabajo no es precisamente nuevo. Siempre han generado datos y titulares muy llamativos que las mutuas y empresas utilizan para reforzar una demanda de cambios legales y burocráticos que puede estar justificada, pero que cada vez es peor recibida por la opinión pública a la que apela. En buena parte es por el uso del término "absentismo" cuando el foco se pone en las bajas médicas plenamente justificadas. Una polémica que, especialmente desde la pandemia, se ha agravado por el creciente peso de la incapacidad temporal ligada a la salud mental y ante la que ciertas retóricas se han vuelto contraproducentes.
Según un estudio del Instituto Valenciano de Estudios Económicos, (Ivie) casi el 20% de las jornadas perdidas por incapacidad temporal se deben a diagnósticos psiquiátricos o psicológicos. Son las que más se han incrementado en los últimos años, están entre las que registran una duración más prolongada y además son las que presentan un mayor riesgo de recaída. También la sensibilidad social ante estos procesos ha aumentado, sobre todo desde que millones de trabajadores sufrieron en sus carnes las consecuencias de los confinamientos y la incertidumbre laboral por la crisis sanitaria. En este escenario, el desafío de las organizaciones empresariales es cómo hablar de absentismo sin poner el foco en los trabajadores e identificando faltas por enfermedad con absentismo injustificado, una estrategia que genera cada vez rechazo social. Esto obliga no solo a revisar los datos sino la propia definición del problema y sus soluciones..
¿Son las bajas por incapacidad temporal 'absentismo'? Depende. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define absentismo como "Abstención deliberada de acudir al trabajo". La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, hace una definición más extensa y compleja: "la no asistencia al trabajo por parte de un trabajador que se pensaba que asistiría, quedando excluidos los períodos de vacaciones y las huelgas; y el absentismo laboral de causa médica como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, con excepción del embarazo normal o de la prisión".
Esta definición permite distinguir entre un absentismo justificado e injustificado, aunque hay que matizar que la redacción del organismo con sede en Ginebra no contempla el sentido de "deliberado" que sí se asocia a la palabra en castellano. Sin embargo, esta precisión no termina de zanjar el debate. Por ejemplo, los actuales responsables de los ministerios de Trabajo e Inclusión, rechazan llamar absentismo a los procesos de incapacidad temporal, que es "la situación en la que se encuentra el trabajador cuando está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social".
Su enfoque es contundente: faltar al trabajo si se están enfermo es un derecho laboral y no puede insinuarse que es algo "deliberado" ni premeditado. Es decir, fraudulento. Por su parte, diversos estudios sobre las ausencias del trabajo y su coste mezclan los conceptos de absentismo justificado e injustificado, incluyendo las bajas médicas, por ejemplo, pero no los permisos por maternidad: una contradicción que hace que estos informes sean cuestionados de manera recurrente.
Esta discusión semántica y estadística han alimentado una polémica entre analistas, políticos, empresarios y sindicatos quizá innecesaria, cuando en realidad todo se reduce a una cuestión de costes laborales: la principal causa de ausencias al trabajo son los denominados procesos de incapacidad temporal, que son más largos y más costosos para las empresas (que pagan directamente la baja entre el cuarto día y décimo quinto día). Además, se encuentra con un trabajador menos, algo especialmente más problemático cuanto más pequeña es la empresa.
El hecho es que incluso los más alarmistas estudios sobre el absentismo revelan en en sus datos que el 'no médico', es decir, el injustificado, tiene un peso residual, confirma que el verdadero problema no está en los trabajadores que se 'escaquean', sino en los que se ponen enfermos. Y eso exige cierta prudencia en los mensajes que no siempre se aplica a la hora de analizar el problema y proponer soluciones. La demanda por mejorar la información sobre estos procesos con análisis más rigurosos que en el pasado es clave es cada vez más acuciante en el seno de las patronales.
Del despido por absentismo a las 'bajaciones'
Que el sistema español de gestión de estas bajas no es eficiente es algo que han observado la mayoría de los organismos internacionales, desde la propia OIT a la Comisión Europea, pasando por el Banco de España. Con frecuencia los procesos se alargan no por la salud del trabajador, sino por la saturación de los servicios sanitarios que impide hacer un seguimiento más ágil de la recuperación.
A lo largo de los años se han implementado cambios legales para agilizar estos trámites y acortar los periodos de baja dentro de lo posible, incluyendo un mayor protagonismo de las mutuas, como hizo el PP en su etapa de Gobierno y se plantea ahora el Ejecutivo, si bien la línea roja es que la reincorporación se produzca con la recuperación plena del trabajador. Por eso, propuestas como las bajas flexibles de la ministra de Inclusión y Seguridad Social, han sido especialmente polémicas.
Mucho más problemática fue la idea del Gobierno de Mariano Rajoy de combatir el absentismo facilitando los despidos por ausencia reiterada del trabajador que superara el 20% de las jornadas hábiles en dos meses, aunque la falta estuviera justificada. El apartado d.) del Estatuto de los Trabajadores fue introducido en la reforma laboral de 2012 y desde el primer momento estuvo en el punto de mira.
Aunque la redacción se revisó para introducir precisiones y reforzar excepciones como los permisos por maternidad o tratamientos por cáncer o enfermedad grave y los procesos de incapacidad temporal superior a 20 días, seguía abriendo la si bien abría la puerta a aplicarla a las bajas médicas que no superaban ese umbral. Una redacción que generó no pocas sentencias judiciales que acabaron con el Supremos forzando a la derogación total del texto, algo que se materializó en 2020.
Pero en todo este tiempo las bajas han seguido aumentando y el debate sobre el absentismo gana en intensidad. Hay cuatro factores que, según diferentes fuentes, explican lo ocurrido: el primero, por supuesto, es el incremento del número de afiliados, luna tesis que defienden el Gobierno y los sindicatos. El segundo es la demografía de la población ocupada: la edad media sube y también la presencia de la mujer, dos variables que según, algunos informes, elevan el número de bajas.
El tercero es el incremento de la contratación indefinida, sobre todo para muchas las pymes, que denuncian que sus trabajadores tienen más facilidad para pedir una baja médica. Esta percepción ha tenido el respaldo incluso de dirigentes de la CEOE, como el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que llegó a afirmar que "Lunes y viernes no hay baja laboral, hay bajaciones". Una expresión que responde a una visión de la incapacidad temporal como una fuente de fraude más que discutible, pero siendo pragmáticos, tiene un nulo recorrido legislativo, como demuestra lo ocurrido con la polémica ley 'popular'.
Pero aquí llegamos al cuarto factor, que es el hecho de que las causas de baja han cambiado mucho desde 2012. No solo hay nuevas tipologías, sino que los trabajadores cada vez más acuden al médico por problemas que antes entraban en el territorio del tabú, como los relacionados con la salud mental.
Más bajas por salud mental y mayor riesgo de recaída
Un reciente informe del IVIE estima que entre 2018 y 2023 las jornadas perdidas por incapacidad temporal aumentaron un 52,4%, pasando de 242 millones a 368,7. Pero las ligadas a diagnósticos psicológicas o psiquiátricas han un aumentado un 111%, pasando de 32,3 millones (el 13,3% del total) en 2018 a 67,8 millones, un 18,4% del total, cinco años después.
Son la segunda causa después de las "algias", es decir, dolores de diverso origen y localizados en diferentes pare del cuerpo (lumbares, cuello, o espalda) y la que más ha crecido en el periodo estudiado.
Sin embargo, apenas provoca el 7,4% de los 9 millones de procesos por incapacidad iniciados entre afiliados al Régimen General, muy por debajo de los trastornos respiratorios (22%), las algias (19,4%), los trastornos digestivos (15,4%) o los traumatológicos (10,4%).
Tampoco son los que más han aumentado. En 2018 se registraron unos 426.400 procesos que en 2023 llegaron a 686.000. Es decir, apenas un 56%, un incremento en línea con el total y muy por debajo del 232% que se dispararon los procesos neumológicos (aunque en 2023 aún coleaban los efectos de la pandemia).
El hecho de que los procesos iniciados por salud mental no aumenten con la misma intensidad que las jornadas perdidas apunta a que son cada vez más largos. El análisis estima que las bajas por salud mental tienen una duración media elevada, que ronda ya los 100 días. Son las más propensas a repetirse. Las recaídas alcanzan a un 64,5% de los trabajadores afectados en 2023.
Desde elEconomista.es hemos solicitado al Ministerio de Inclusión datos más actualizados a los que presenta el lvie. El departamento que dirige Elma Saiz tiene su propio 'calculador' de jornadas no trabajadas por incapacidad temporal, pero ha respondido que no se publican con ese desglose. En cualquier caso, es previsible que desde 2023 a 2025 la situación haya evolucionado en una línea similar.
Esto plantea la duda de si el sistema está preparado para atender estos procesos, mucho más complejos y delicados que otras contingencias. Pero la tasa de recaídas también cuestiona si las empresas están realmente preparadas para prevenir y ayudar a estos trabajadores en su recuperación, si existen los protocolos adecuados y la formación y preparación correcta, sobre todo entre las pymes.