Especial Empresa Global
La política arancelaria de Estados Unidos ha vuelto a tensar las relaciones entre el país y la Unión Europea con la amenaza de elevar los aranceles al 50%. En primera instancia, esta nueva medida iba a entrar en vigor el 1 de junio, pero tras una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha decidido aplazarlo hasta el 9 de julio.
Para el mandatario republicano, esta medida es la respuesta a las barreras comerciales injustas que mantiene la Unión Europea y que perjudican a la industria y al empleo estadounidense. Según Trump, el déficit comercial con Europa supera los 250.000 millones de dólares anuales, una cifra que considera "inaceptable".
Ya el pasado mes de abril Trump anunció una tregua de 90 días en la aplicación de los aranceles decretados el 2 de abril (como base del 10%) para todos los territorios que habían iniciado negociaciones para abordar las disputas comerciales. En el caso de la UE, ese arancel del 10% podría llegar al 20% una vez que expire la actual pausa estadounidense.
Ayer se conocía que un tribunal federal de EEUU ha ordenado suspender la mayor parte de los aranceles globales al considerar que Trump se extralimitó en sus funciones cuando adoptó esta medida que ha declarado "ilegal". De momento, la Casa Blanca ha recurrido la decisión. El tribunal ha dado a la Casa Blanca 10 días para suspender los aranceles afectados y la Administración ya ha presentado una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EEUU. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema.
En este contexto, el 43% de los directivos españoles considera que el conflicto arancelario va a afectar a su planificación de comercio exterior y estrategias de internacionalización, según un estudio de Grant Thornton. En su caso, el 57% de directivos consultados aún no han valorado cómo les va a afectar este nuevo escenario, bien porque sus exportaciones no están vinculadas al mercado estadounidense o porque la nueva situación no ha afectado a su operativa de manera directa.
Ahora bien, este nuevo escenario económico no está impactando, al menos de momento, en las expectativas exportadoras de las compañías españolas, ya que un 50% prevé incrementarlas en los próximos doce meses.
La expansión hacia nuevas líneas de negocio se presenta como la principal estrategia de inversión de los exportadores españoles, según la Allianz Trade Global Survey, publicada por Solunion. Así, un 36% de las firmas consultadas pondera esta vía, mientras que un 30% apuesta por la reducción de costes y eficiencia operativa y un 20% por la paralización de grandes inversiones.
A este respecto, China (18%), Australia (13%) y Francia (13%) se presentan como los principales países que las organizaciones seleccionarían para elegir nuevos proveedores o trasladar sus centros de producción.
No obstante, el tejido empresarial español teme que aumente la morosidad. Así, más de la mitad de las empresas de nuestro país (51%) espera que se incremente el riesgo de impago de las exportaciones en los próximos 6-12 meses.
A nivel global, el 25% de los exportadores prevé retrasos en los plazos de pago por encima de los 7 días, lo que supone un incremento de 13 puntos porcentuales. Tan sólo el 11% de las empresas exportadoras sigue cobrando en un plazo de 30 días, aunque este porcentaje es notablemente inferior entre los principales exportadores, como Estados Unidos, China y Alemania, mientras que en España se sitúa en el 13%. Además, aproximadamente, el 70% de los exportadores españoles de la muestra recibe sus pagos en un plazo de entre 30 y 70 días, en línea con la media global, aunque la cifra varía según el sector y el tamaño de la compañía.
Con todo, el 39% de las empresas españolas encuestadas espera que su volumen de negocio exportador descienda debido a las políticas de Washington, y el 46% considera que su actividad internacional se verá afectada negativamente por la guerra comercial.
Ante este escenario, a mediados de mayo el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa anunció la puesta en marcha de un plan de acción dirigido a fortalecer la competitividad y resiliencia de las empresas españolas en el exterior, en el complejo contexto económico global, marcado por el conflicto arancelario.
Bajo la denominación Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad, se prevé movilizar 14.100 millones de euros. Esta iniciativa se ha elaborado en colaboración con las Comunidades Autónomas, que han aportado sus instrumentos y experiencia para sumar esfuerzos de forma complementaria a la hora de afrontar los retos de la internacionalización.
Las medidas inmediatas se centran en ofrecer información e inteligencia comercial. En esta primera fase, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a través de ICEX pondrá en marcha un plan de atención personalizada dirigido a las 500 empresas españolas con mayor volumen de exportaciones a Estados Unidos. Cada compañía recibirá un seguimiento periódico y un asesoramiento a medida. Además, se les ofrecerá información sobre diversificación de mercados, aprovechando acuerdos comerciales existentes (Mercosur, México), la cercanía cultural y lingüística y el potencial del mercado único europeo.
En el medio plazo, el plan contempla el impulso de la imagen de España en el exterior mediante una campaña de posicionamiento internacional en mercados clave promovida conjuntamente con otros organismos públicos.
Al mismo tiempo, se pondrá en marcha el programa Marca & Innovación, que formará cada año a más de 250 consejeros delegados, fundamentalmente de pymes, en estrategias de diferenciación corporativa. Con especial foco en sectores más expuestos a las tensiones arancelarias, como el agroalimentario, este programa dotará a los líderes empresariales de las herramientas necesarias para convertir los activos intangibles (marca, reputación y know-how) en palancas de crecimiento.
Para fortalecer el músculo de nuestro tejido empresarial, se pondrán en marcha tres programas dirigidos al crecimiento de las empresas: uno para fomentar la innovación abierta en 200 empresas de tamaño intermedias cada año, otro para que 700 pymes obtengan un rating oficial y asesoramiento en la gestión de intangibles, y un tercero para acelerar el crecimiento de 200 startups mediante mentorías y acceso a financiación internacional y pública.
