La falta de recursos lastra la intervención y control de gasto en Aragón

Faltan recursos y una plantilla con más formación. Y esto marca la actividad que se está llevando a cabo desde la intervención general de la comunidad autónoma de Aragón que, actualmente, cuenta con entre 40 y 45 profesionales para poder hacer todo el control y supervisión de la actividad de la administración y de las entidades públicas vinculadas.

"Con 40 personas es inconcebible que se pueda hacer intervención todos los años", ha afirmado Ana Gómez, interventora general de la comunidad autónoma de Aragón, quien ha añadido que, pese a ello, "se es eficiente porque somos capaces de hacer un plan anual de control financiero".

Gómez ha comparecido en las Cortes de Aragón para informar sobre la eficiencia del control interno en la comunidad autónoma, a petición del grupo parlamentario de VOX en Aragón, especialmente ante algunas irregularidades e incorrecciones que se habían detectado en informes de la Cámara de Cuentas en relación, sobre todo, con contrataciones y en entidades como el Banco de Sangre y Tejidos. Desde la formación de VOX, su diputado Fermín Civiac, también ha interpelado sobre si se hacen los controles suficientes y si hay capacidad de hacer intervención una vez al año.

La interventora ha reconocido que, con la plantilla actual, es "imposible abordar" una fiscalización previa documento por documento, además de indicar que tampoco es factible detectar irregularidades que no dejan huella documental. A su vez, ha alertado de que un control excesivamente exhaustivo puede crear cuellos de botella que dificulten el día a día de las entidades públicas. Aparte, ha incidido en que "hay una serie de gastos que escapan del control inicial".

Gómez ha explicado que es posible hacer una fiscalización previa limitada, en el sentido de no se lleve a cabo con carácter general, sino de unas cuestiones determinadas que tengan más riego o que sean esenciales para garantizar la legalidad. De este modo, una de las líneas de acción es verificar una serie de documentos, mientras que en el resto se acometería un control financiero posterior.

La interventora también ha considerado que la fiscalización previa tampoco es una herramienta eficaz para supervisar todas las justificaciones de las subvenciones que se conceden en Aragón, abogando por técnicas de autoría para ver si se ha hecho la justificación de forma adecuada.

Gómez ha indicado que cada tres años se realiza un control de todas las empresas y también se lleva a cabo la evaluación de riesgos y, "si una entidad tiene un riesgo, se tiene en cuenta". Además, ha afirmado que la actividad de la intervención general es complementaria a la de la Cámara de Cuentas de Aragón. "Entre todos, intentamos alcanzar todos los controles", ha aseverado.

No obstante, el problema no es solo el número de plantilla, sino también la formación adecuada de los profesionales, puesto que ha indicado que hay pocos cursos especializados para la función que realizan.

En este sentido, y ante la posibilidad de externalizar la actividad que ha planteado VOX, Gómez ha indicado que ya han acudido a esta fórmula para temas concretos como el control de los fondos europeos que requieren controles muy amplios y exhaustivos y con unas técnicas estadísticas específicas, así como la PAC, con equipo público.

La situación del SALUD

Especial mención se ha realizado al SALUD, que cuenta con una unidad de análisis y eficiencia del gasto sanitario desde el año 2020, en el que todos los contratos de la central de compras están sujetos a fiscalización previa. Sin embargo, Gómez ha indicado que, en el caso de los hospitales, la fiscalización previa no es el sistema más adecuado porque no se mejora el control en la sanidad. Una justificación que ha avalado por los años de experiencia.

De hecho, ha recordado que el INSALUD seguía este método, que se fue abandonando a raíz de recibir las transferencias en sanidad en el año 2002. A día de hoy, ha apuntado que solo la Comunidad Valenciana mantiene ese sistema que, además, está sustituyendo porque "no consigue ni contención del gasto sanitario ni reducir irregularidades legales a la hora de contratar".

No obstante, ha matizado que "otra cosa es que se tengan que adoptar medidas" en relación a seguir otros métodos o sistemas para ganar en eficacia y eficiencia y que no incidan en la fiscalización previa o en el control financiero. "Soy defensora de la fiscalización previa con orden y concierto donde aporta valor", ha añadido.

Gestión avalada

Los grupos parlamentarios han avalado la actividad que se realiza desde la intervención general de la comunidad autónoma de Aragón, aunque han coincidido en su mayoría en la intensificación de su labor. En esta línea, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar "estas facetas", en alusión a la actividad desarrollada.

Desde Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, también ha apuntado la conveniencia de una mayor planificación para contabilizar los gastos, lo que se ve dificultado por la ausencia de presupuestos en Aragón para 2025.

Por parte, desde CHA, su portavoz, José Luis Soro, ha puesto en valor la actividad que se realiza desde la intervención general, aludiendo a que "me he sentido controlado" en relación con la etapa en la que fue consejero del Gobierno de Aragón. Para Soro, la cuestión está en encontrar el "equilibrio entre el control eficaz pero sin generar cuellos de botella", ya que algunos expedientes se tardan en tramitar siete meses, siendo por ejemplo obras con una ejecución de 15 días. Una demora que Gómez ha rechazado que se atribuya a la intervención general porque los expedientes "pasan por muchas mesas", llegando a ellos en último lugar y la revisión no puede hacerse en cuestión de horas ni días como se les pide en numerosas ocasiones. La interventora ha apuntado que es fruto de la legislación vigente en contratación.

Desde el PSOE, el diputado Óscar Galeano, ha afirmado que es evidente que los recursos no son suficientes para la fiscalización y control del gasto, a pesar de la eficiencia de la intervención general. Además, ha destacado que este Gobierno, al igual que el anterior, tiene una unidad de control de gasto.

Finalmente, desde el PP, Blanca Puyuelo del Val, ha destacado que "el control interno es eficiente y eficaz" y que se detectan los problemas. "En Aragón, aunque hay mejoras, se asegura la supervisión y el control". Además, ha abogado por avanzar en digitalización, evaluación de riesgos y en formación continua.

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