La Cámara de Cuentas avala la sociedad La Nueva Romareda pero avisa de la baja ejecución de los fondos europeos en Aragón

Sin incidencias en a participación del Gobierno de Aragón en la constitución de sociedad de La Nueva Romareda SL para la construcción del nuevo campo de fútbol en Zaragoza. Así lo indica el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón correspondiente a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio de 2023.

El informe ha analizado la constitución de esta sociedad, tuvo lugar en diciembre de 2023, para la que el Gobierno de Aragón comprometió la cantidad de 40 millones de euros. Un proceso que la Cámara de Cuentas ha analizado exclusivamente en términos de adecuación a la legalidad de esas aportaciones. En este análisis, concluye que no se observan incidencias en estas aportaciones en cuento a su correcto reflejo contable y presupuestario.

Este es uno de los puntos positivos del informe que también refleja el estado de las cuentas de la comunidad en el ejercicio de 2023 en el que Aragón gastó 7.832 millones de euros e ingresó 7.919 millones de euros. El mayor volumen de gasto se concentró en la asistencia sanitaria, con 2.499 millones de euros, así como en los programas de educación no universitaria, con 1.040 millones de euros, y en política agraria común con 415 millones de euros. Además, en amortización y gastos financieros de la deuda, se contemplan 1.438 millones de euros.

El endeudamiento de Aragón en el ejercicio de 2023 se situó en 9.185 millones a finales del cuarto trimestre, lo que supone casi dos puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas. Además, los gastos financieros se mantuvieron en niveles relativamente bajos, con 9 millones más que en 2022, y la gran mayoría de la deuda cubre el déficit consecuencia de la prestación de bienes y servicios básicos del estado de bienestar.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, el resultado presupuestario fue positivo por 38 millones de euros pero, una vez ajustados los gastos e ingresos en términos de contabilidad nacional, Aragón registró unas necesidades de financiación (déficit) de -326 millones de euros, equivalentes al -0,70% del PIB regional.

La Cámara de Cuentas también destaca que el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar al presupuesto se incrementó en 117 millones hasta los 323, de los que 185 millones son facturas del SALUD no imputadas por falta de presupuesto (58% del total del saldo de la cuenta 413), y 74 millones son atrasos por carrera profesional al personal estatutario fijo, cuyo reconocimiento y actualización acumula demoras de varios ejercicios.

En relación con el período medio de pago a proveedores, el informe refleja que el valor promedio fue de 36,82 días, dato con el que no se cumple el plazo máximo legal de 30 días. No obstante, se ha mejorado en relación con el año anterior, cuando era de 50,94 días.

Baja ejecución de fondos europeos

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón también recoge otros aspectos menos positivos del ejercicio de 2023 e, incluso, alguna incidencia. En esta línea, destacan, por ejemplo, las incorrecciones en el inventario de existencias del SALUD, así como el exceso de horas de atención continuada por parte de algunos profesionales sin el adecuado control. También se han detectado retrasos significativos en el reconocimiento de la carrera profesional del personal sanitario.

El informe también llama la atención sobre los fondos europeos. En concreto, se observa que la implementación de los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) han alcanzado un 32,2% en ejecución, el 10% más que en 2022, pero las cantidades sin utilizar han aumentado en 120 millones de euros. Una cantidad que se suma a los 492 millones acumulados en el período 2021-2022, dando como resultado 612 millones de euros pendientes de ejecutar a finales de 2023.

Sobre esta baja tasa de ejecución, el informe avisa además de una mayor presión administrativa de cara al futuro, ya que el plazo para completar el programa acaba el día 31 de enero de 2026.

Y, en el ejercicio de 2023, Aragón también ha "pinchado" en temporalidad en el empleo público. El informe indica que Aragón contaba con 60.399 empleados públicos, con una temporalidad del 50,3%. En el caso de la sanidad, la tasa de temporalidad se situó en el 51,3%, mientras que en educación alcanzó el 46,6% y, en servicios generales, superó el 56%.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones del informe, destacan la necesidad de aumentar el grado de ejecución de los fondos europeos Next Generation. En relación con el SALUD, se aconseja un mejor control por parte de los servicios centrales sobre los inventarios de existencias y la compra directa de suministros. También se propone modificar las normas de acceso a la carrera profesional para posibilitar el reconocimiento del personal estatutario temporal.

Y, en relación a la Fundación Sinfónica de Aragón, se apunta que o bien se inician los trámites para impulsar la actividad o bien se procede a su extinción. Y es que se han detectado una serie de incumplimientos como el hecho de que no ha rendido cuentas del ejercicio de 2023, aparte de apuntar que la estimación de necesidades presupuestarias de dos millones de euros anuales se sitúa muy por debajo del gasto promedio de otras orquestas sinfónicas similares.

De este modo, se indica que la viabilidad futura depende, casi exclusivamente, de las aportaciones del Gobierno de Aragón. Y otro aviso: no se han cubierto los puestos de trabajo ofertados, lo que ha dificultado a su vez que la fundación haya podido comenzar su actividad.

Y también recomienda a Aragón que cumpla con las obligaciones de publicidad activa de las figuras jurídicas que utilice por sí misma o a través de otros entes vinculados porque no se recogen ni en el BOA ni en el Portal de Transparencia la participación del Gobierno de Aragón en la sociedad La Nueva Romareda SL o la operación de permuta del terreno por el edificio de la antigua sede de la Confederación de Empresarios de Aragón y la Fundación CREA.