En los últimos cuatro años el Gobierno ha aprobado una tanda de nuevos tributos que no han dejado de provocar polémica. Por su deficiente encaje legal o por las reticencias y la oposición de los contribuyentes a los que van dirigidos o por su escasa recaudación, el caso es que, al menos seis de ellos -cinco y una tasa- no están dando los resultados previstos y, además, son objeto de controversia.
Esta relación hay que iniciarla con el impuesto a la banca o gravamen temporal de entidades de crédito. Aprobado en diciembre de 2022, para una vigencia de dos años, a finales del año pasado se alargó tres ejercicios más y se convirtió de "prestación no tributaria" en impuesto. Grava los ingresos obtenidos por los márgenes de intereses y comisiones netas del negocio local de las entidades financieras.
Sin embargo, su configuración legal ha provocado todo tipo de críticas, al margen de las de las propias entidades. Desde el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ha revelado que no entiende por qué el gravamen tiene que ser progresivo y ha pedido que se modifique su diseño, hasta el Banco Central Europeo (BCE), que critica su proporcionalidad y la manera en que se ha llevado a cabo, ya que la consulta obligada al banco central llegó tarde.
Los detractores más activos del nuevo impuesto han sido la Asociación Española de Banca (AEB) y la CECA, que ya recurrieron ante la Audiencia Nacional el modelo de liquidación en años anteriores. Este año, la AEB declara a elEconomista.es que "vamos a recurrir el modelo de liquidación del impuesto una vez que se haya publicado". Hacienda ya ha anunciado que prepara el modelo para que el primer pago sobre las ganancias de 2024 se realice en junio.
Contemporáneo en el tiempo, pero con peor suerte en su trayectoria, es el impuesto al beneficio de las grandes energéticas. Aprobado también en diciembre de 2022 e igualmente con carácter temporal, se pretendió extenderlo en el tiempo con un Real Decreto-ley a finales de 2024. Al tratar de convalidarlo en enero pasado en el Congreso, Junts y PNV votaron en contra y hubo de retirarse. Ahora, este impuesto "está muerto y enterrado" según han manifestado fuentes empresariales a elEconomista.es.
Y el desastre todavía se ha complicado más para Hacienda, pues los 22 días de enero que, en teoría, estuvo en vigor no los va a cobrar al haber sido rechazado. Las posibilidades de que este gravamen resucite son muy escasas mientras los socios que apoyan al Gobierno no cambien de postura.
Una cuestión que arrastra muchas dudas es el aumento del impuesto al diésel, que supondría pasar de 0,307 céntimos de euros por litro a 0,4 céntimos por litro. Tras tumbarse en el Congreso a finales del año pasado, la previsión era que su aprobación llegase en torno al 30 de marzo, ya que así lo había exigido la Comisión Europea. El plazo se extendió hasta el 11 de abril, fecha que se sobrepasó sin plantearse. Su futuro sigue en el aire, a expensas de que las negociaciones del Ejecutivo con los grupos parlamentarios fructifiquen. Y han de hacerlo, pues la no aprobación del impuesto aumentado le ha supuesto a España no recibir la totalidad del quinto paquete de los fondos Next Generation. Uno de los hitos de este tramo era un incremento de este tributo y no se ha cumplido. Ahora quedan todavía seis meses por delante para conseguir que salga adelante.
Entre los grandes tributos creados estos últimos años destaca el Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas (ISGF). El Gobierno quiso compensar con el mismo que en las comunidades gobernadas por el PP, que fueron la mayoría a partir de mayo de 2023, se iba imponiendo la bonificación del 100% de la cuota de Patrimonio, lo que prácticamente hacía desaparecer el tributo. Las autonomías jugaron su baza rápido. Antes de que la Hacienda central se embolsase el dinero procedente de sus contribuyentes más adinerados, sin que ellas pudieran bonificar nada, recuperaron el impuesto de Patrimonio. Lo pagado en este gravamen deduce en la declaración del ISGF. La realidad ha resultado desfavorable para las arcas estatales. Si en los nueve primeros meses de 2023, primer año de su vigencia, se recaudaron 619 millones de euros, en el mismo periodo de 2024 solo 83 millones, un 95% menos.
Queda aún otro tributo publicitado pero sin concreción, en este caso la modificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hace un año, la ministra Montero anunció que el Estado iba a hacer uso de su capacidad normativa sobre este tributo cedido a las comunidades autónomas para fijar un tipo mínimo común. El objetivo era frenar las cada vez más frecuentes bonificaciones que han aprobado las autonomías del PP y que han dejado la recaudación en sus niveles más bajos. Un año después nada se sabe de dicho tipo mínimo.
La nueva tasa de residuos urbanos va a ser otro quebradero de cabeza
El 10 de abril entró en vigor una tasa también de la discordia, la de residuos urbanos que deben cobrar los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. El Gobierno transpuso una directiva europea sobrela recogida de los residuos y algo falló. La transposición está siendo muy discutida jurídicamente, sobre todo porque se considera que supone una infracción del principio de autonomía local.
La presidenta de la FEMP, Mª José García-Pelayo ha afirmado a 'elEconomista.es' que "la Junta de Gobierno de la FEMP decidió, con los votos de PP, PSOE, Podemos-Sumar-IU, Junts y ERC, dirigirse al Gobierno para que reforme la ley por la que creó la tasa. Desde la Comisión Europea reconocieron que el establecimiento de la misma era tan solo una de las opciones, no obligatoria. Los ayuntamientos están estableciendo estas tasas sin criterio común y plantea una nueva situación: ¿quién paga, el inquilino o el propietario?" García-Pelayo sostiene que tendrá poco recorrido, ya que habrá multitud de recursos.