Bruselas
La batalla para sacar adelante el impuesto al diésel se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del Gobierno ante Bruselas. La medida, comprometida como parte del quinto desembolso del Plan de Recuperación, solicitado el pasado diciembre, atraviesa serias dificultades para su aprobación y Moncloa baraja ya la opción de que, finalmente, la Comisión Europea aplique un desembolso parcial del quinto tramo. Es la opción más probable, al no dar por cumplidos satisfactoriamente todos los hitos y objetivos de este tramo. La perspectiva del Gobierno, en tal escenario, sería aprovechar los seis meses siguientes de margen para recuperar la financiación perdida.
La reforma fiscal, comprometida como parte del quinto pago del plan de Recuperación, incluía la aprobación del impuesto al diésel. El Gobierno todavía trabaja en paralelo, tanto a nivel nacional como con Bruselas, para sacar adelante la medida antes de que la Comisión Europea termine su evaluación. Sin embargo, si el impuesto al diésel no recibe el visto bueno en el Congreso antes de que Bruselas termine su análisis, Moncloa se resignará a recibir un pago parcial, según apuntaron fuentes del Gobierno.
El Ejecutivo de Sánchez acepta con resignación la dificultad que ha arrastrado en los últimos meses para recabar apoyos en el Congreso que respalden la tasa al carburante. La opción más probable, según las mismas fuentes, sería confiar en los seis meses de plazo que concede Bruselas tras un pago parcial para subsanar los hitos que no han sido cumplidos. Se trataría, por tanto, de contar con otros seis meses adicionales de plazo para aprobar el gravamen y no renunciar a la financiación suspendida.
Según las normas del Plan de Recuperación, la Comisión Europea puede aplicar un pago parcial cuando considera que todos los hitos y objetivos de un pago no se han cumplido satisfactoriamente. La normativa permite, no obstante, a los Gobiernos subsanar la situación. Contaría con un plazo de seis meses adicionales para sacar adelante la medida y no perder esa dotación económica. La cuantía que se recortaría del pago depende de una escala de valores fijada por la Comisión Europea que varía en función de si se trata de una reforma o una inversión y de la relevancia que tenga en el plan de salida de la pandemia.
Lo cierto es que España ya ha contado con cierta flexibilidad temporal adicional para aprobar el impuesto al diésel. El Gobierno presentó la solicitud del quinto pago de fondos y préstamos Next Generation el pasado diciembre. Bruselas contaba de plazo hasta marzo para realizar su valoración, pero el análisis de la revisión del Plan de Recuperación español (la adenda) dilató los plazos. La revisión incluía modificaciones para redirigir fondos para cubrir el impacto de la Dana.
Pese al casi medio año de margen, Moncloa da por perdida la batalla de evitar un pago parcial. Bruselas ya ha aprobado la revisión del Plan de Recuperación y los Estados miembro han dado su visto bueno, este martes, a las modificaciones. Ahora es cuestión de semanas que la Comisión Europea finalice su evaluación del quinto pago.
La difícil aritmética parlamentaria ha sido, una vez más, la piedra en el camino que ha impedido sacar adelante el impuesto al diésel. Este gravamen constituye uno de los elementos clave del quinto desembolso, que incluye la reforma fiscal comprometida con Bruselas y sobre la que la Comisión Europea realizará un escrutinio exhaustivo. Esta reforma debe generar un incremento de la recaudación del 0,3% del PIB.
Pero en toda esta ecuación hay que tener en cuenta la cuenta atrás del reloj. Agosto de 2026 es la fecha límite en la que los países podrán pedir financiación del Plan de Recuperación. Los plazos son ajustados para todos los países. También para España que cuando se lanzaban los fondos Next Generation afirmaba la voluntad de utilizar todos las transferencias y préstamos a su disposición. Para cumplir tales promesas el Gobierno deberá ponerse las pilas, considerando que acumula un retraso de un año respecto al calendario inicial.
El quinto pago, en un principio, estaba agendado para el primer semestre del 2024. Finalmente, se solicitó en la recta final del ejercicio. Permitiría a España acceder a 25.000 millones de euros, contando las transferencias y los dos primeros de préstamos del Plan de Recuperación. Tras la modificación realizada por el Gobierno, este desembolso ha pasado de tener 32 medidas a recoger un total de 84. Su cuantía total asciende a 25.000 millones de euros, entre 9.100 millones en fondos Next Generation y 16.000 millones en créditos en condiciones favorables.
El ultimo pago que ha recibido a España fue en junio de 2024. Llegaba con un retraso de medio año respecto al calendario inicial. El problema, en este caso, fue el incumplimiento de otro hito: el del subsidio por desempleo tras la no convalidación en el Congreso en el arranque del año. El Gobierno remitió a Bruselas la petición a finales de 2023 y sucesivas prórrogas y concesiones de la Comisión Europea permitieron al Ejecutivo español sacar a tiempo la medida.
