La Administración Trump ha aparcado su política arancelaria global hasta julio pero el Gobierno español ya ha aprobado, y publicado en el BOE, su plan de respuesta para hacerla frente. Un plan que, para muchos, resulta insuficiente por la falta de ayudas directas y la prevalencia de líneas de avales y seguros a la exportación, si bien incluye un Fondo de Internacionalización de la Empresa dotado con 720 millones de euros.
Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, cree que "el apoyo directo es más útil, ya que los créditos lo que hacen es financiar pérdidas, no compensar el aumento de los costes. En estos casos, se necesitan más ayudas directas que financieras. Éstas tienen menos intensidad".
Y también en declaraciones a elEconomista.es, Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, apunta que es esencial "ayudar directamente a abrir nuevos mercados" e, igualmente, ayudar a aquellos sectores que indirectamente resultan dañados por la política arancelaria como son los que venden productos a otras empresas europeas o los verán mermadas sus inversiones. La reducción de los costes de producción, que se dispararán con los aranceles, es una reivindicación de los economistas.
"Los aranceles suponen más costes para las empresas "y esto no se soluciona con créditos ICO", insiste Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket.
Las patronales ya han destacado, asimismo, que hay que ir más allá de lo contenido en el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial del Gobierno. CEOE solicita "medidas de apoyo a la competitividad y la transformación de las empresas" y reclama "reforzar el apoyo a la internacionalización y competir con éxito frente a terceros países que soportan menos aranceles y menores cargas administrativas y fiscales".
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, considera que "las ayudas deben ser ágiles y sin condiciones" y pide la rebaja de costes y la flexibilización de cargas administrativas".
Más o menos, es lo mismo que pide Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) quien demanda "que aumenten los fondos de las políticas de promoción del sector agrario", uno de los más perjudicados en España por los aranceles.
En el sector del automóvil, otro de los grandes afectados, la patronal de concesionarios Faconauto ha solicitado al Gobierno "más apoyo", es decir, más ayudas directas además de las contempladas en el plan de respuesta comercial aprobado.
Y en relación al sector vinícola, para el que Estados Unidos es el segundo destino de sus exportaciones, se exigen ayudas para expandirse a nuevos mercados como China y los países de Mercosur, a pesar del Fondo de Internacionalización que incluye el plan.
En las comunidades autónomas empiezan a tomar medidas para apoyar a sus sectores. Una de las primeras ha sido la Región de Murcia, que ya ha aprobado una partida de 7,5 millones de euros dirigidas sobre todo a su industria alimentaria y también Castilla y León. En la misma línea, actuarán pronto Extremadura y Andalucía, según han anunciado sus respectivos consejeros de Economía o de Hacienda. Implementar ayudas directas fue una de las reivindicaciones que las autonomías plantearon al Gobierno en la reunión mantenida el pasado jueves, la mayoría de ellas gobernadas por el PP. Siguieron las propuestas del primer partido de la oposición, es decir, marco temporal de ayudas en el ámbito de la Unión Europea, constitución de un fondo a partir de las contramedidas arancelarias que pudieran adoptarse, bajar cotizaciones y dotar de incentivos fiscales a las empresas más expuestas, tomando el ejemplo de otros países europeos como Italia.
La necesidad de responder a esta crisis comercial con transferencias directas la ha planteado, incluso, uno de los socios del Gobierno. El portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, afirmó esta semana que "hay que ofrecer ayudas directas, no créditos que haya que devolver". Sumar, formación que gobierna en coalición, se ha mostrado partidaria de las "ayudas públicas" aunque no ha concretado si éstas serían directas o en forma de créditos y avales.
El propio ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró esta semana, a propósito de los apoyos directos, que "es pronto para tener un diseño de lo que deberían ser las siguientes capas".
Lo que ocurre es que, a juicio de los economistas consultados, las ayudas directas están de momento lejanas, dada la situación de endeudamiento público elevado del país y la falta de presupuestos generales del Estado. En cuanto a aprobar rebajas fiscales, "este Gobierno no puede por el momento que vive y porque es contrario a su ideología y a la de sus socios", expresa Lorenzo Bernaldo de Quirós. El mecanismo de activar la agencia financiera del Estado, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) es la baza preferida. "El problema no es recurrir al ICO, que actúa conjuntamente con el sistema financiero y que apoya a las empresas privadas con la capacidad del sector público", afirma Gregorio Izquierdo. "El inconveniente es quedarse solamente con este tipo de ayudas financieras, que no tienen coste presupuestario pero que son menos efectivas", añade.