El nuevo decreto pactado entre el Gobierno y Junts incluye una línea de avales estatales para inquilinos y propietarios en caso de impago del alquiler. Se trata de una de las medidas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace unas semanas para incrementar la oferta de pisos en alquiler a precios asequible, y contempla varios requisitos para poder acceder a ellos.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), Los avales estarán limitados a los propietarios que alquilen sus viviendas en el rango de precios que indica el índice estatal de referencia del alquiler, que establece un precio máximo de alquiler en zonas declaradas tensionadas.
Otro de los requisitos es que el inquilino deberá o ser menor de treinta y cinco años o tratarse de una persona vulnerables de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente. El inquilino deberá cumplir una de estas dos condiciones tanto en el momento de suscripción del contrato de arrendamiento como del documento de compromiso del aval.
De igual manera, para poder optar al aval se tendrá que depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones, así como suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, según el modelo que la Administración ponga a disposición de la ciudadanía.
Esta línea de avales garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan.
La solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea, mediante resolución judicial de lanzamiento, ya sea mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión. La línea estará gestionada por las comunidades y ciudades autónomas con financiación finalista por parte del Estado.
Por otro lado, se deja la puerta abierta a que se incorporen otros colectivos como beneficiarios potenciales de esta línea de avales una vez se desarrolle el reglamento que regule la medida. Dicho reglamento será aprobado en un plazo máximo de 6 meses desde la publicación de esta norma y será de aplicación respecto a los contratos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
