De los 100 primeros días que sirvan de barómetro preliminar de su nuevo mandato, probablemente le sobren 99. O al menos esa es la promesa bravucona que Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos tras su investidura formal, ha realizado en las últimas semanas. Los 100 primeros días es una cortesía mediática que se concede a los nuevos (o viejos) dirigentes para que tengan tiempo de encarrilar su mandato y habituarse al cargo. A partir de esas primeras semanas, suelen llegar los análisis sobre hacia dónde se dirige la política del mandatario.
Trump quiere exprimir al máximo sus primeros días con un compendio de medidas ejecutivas que afectarán a la política doméstica y a las relaciones internacionales. Estará por ver, después del "período de gracia", cuántas medidas habrá cumplido y con qué efecto.
Aranceles y amenazas militares
La medida estrella de Trump ha sido su política de aranceles. Es un arma que ya utilizó en su primer mandato para conseguir beneficios y sentar a negociar a los países rivales: desde China hasta la Unión Europea. El magnate inmobiliario ha anunciado un impuesto global a las importaciones mínimo de entre el 10% y el 20%; y ha señalado a diversas capitales con niveles más altos de aranceles.
En concreto, ha amenazado a Canadá y a México con un impuesto comercial del 25% e incrementar un 10% los de China si no realizan una campaña agresiva frente al control migratorio y el tráfico de drogas. Las amenazas ya se han cobrado su primera víctima, con el Ejecutivo de Ottawa saltando por los aires tras la dimisión de Justin Trudeau. Además, el republicano prometió unos aranceles contra China del 60% durante la campaña electoral.
En el caso de la Unión Europea, de momento, las amenazas tarifarias buscan que el Viejo Continente aumente las compras de petróleo y gas estadounidenses, en máximos tras cerrarse los conductos provenientes de Rusia. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha puestos sus ojos en una isla de Dinamarca: aumentará la presión comercial si no cede a sus demandas frente a Groenlandia. Mismo planteamiento ha tenido ante Panamá para que reduzca las tarifas a los buques estadounidenses que pasan por el Canal y ante Rusia para negociar la paz con Ucrania.
Deportaciones en Chicago y San Diego
Donald Trump ha mantenido la misma política contraria a la inmigración ilegal que ya realizó en su primer mandato. Si en 2016 prometió construir un muro frente a México, en 2024 juró realizar el mayor programa de deportaciones masivas de la historia de Estados Unidos, a pesar del alto coste que le supondría al país. El elegido para ejecutar la política trumpiana es Tom Homan, que ha prometido mano dura y realizar inspecciones exhaustivas por todo el país, empezando esta misma semana.
El proclamado "zar de la inmigración" de Trump tiene a la vista dos ciudades de la geografía estadounidense: San Diego, situado en el sur de California, muy cerca de Tijuana; y Chicago, la capital de Illinois y cuna política de Barack Obama. Los dirigentes de San Diego y Chicago se han opuesto a la política migratoria de Trump, por lo que se han convertido en el blanco del republicano.
San Diego firmó el mes pasado una declaración para convertirse en una "comunidad santuario", una expresión usada para referirse a aquellas ciudades y condados que tienen una política de acogimiento de inmigrantes y refugiados, independientemente de su estatus jurídico. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha ordenado que sus funcionarios no ayuden a los agentes federales comandados por Homan que realicen redadas en la Ciudad de los Vientos.
La ejecución de una política de expulsiones masivas se enfrenta a grandes dudas. Trump prometió deportar a 11 millones de personas, lo que generaría un impacto negativo en el crecimiento y el empleo. Las estimaciones prevén un impacto de hasta 1,6 billones de euros, equivalentes al 7% del PIB estadounidense. Este cálculo no tiene en cuenta el gasto público para movilizar a los efectivos que intervengan y expulsen a los inmigrantes.
Declaración de emergencia energética
Trump quiere invocar poderes de emergencia para impulsar la producción de energía y revertir las medidas de Biden, que fundamentalmente buscaban promover la electricidad de fuentes renovables. En su lugar, el republicano busca fortalecer la industria de las energías fósiles y ampliar la capacidad energética ante la demanda de la inteligencia artificial y los centros de datos.
La emergencia nacional dota de poderes extraordinarios a la presidencia, que puede asentar cambios importantes en la política energética de Estados Unidos y poner en marcha la maquinaria normativa. Con el control del Congreso por parte de los republicanos, es probable que haya un impulso a medidas favorables al gas y al petróleo, mientras el presidente modifica la política del transporte de crudo y liberaliza la normativa técnica sobre la extracción.
Es previsible que en esta declaración de emergencia haya espacio para una nueva fuente de energía: la fisión nuclear. Estados Unidos ha sido desde la Segunda Guerra Mundial una de las grandes potencias atómicas del planeta, por lo que en esta reestructuración energética, la electricidad proveniente de centrales nucleares puede tener un papel destacado. Elon Musk, el mayor aliado de Trump, es un fiel defensor de la energía atómica y, en su primer mandato, el presidente firmó varias órdenes ejecutivas a favor de esta fuente de electricidad.
TikTok y la liberalización tecnológica
Los últimos días han estado copados por las noticias acerca del futuro de TikTok. Sobre la plataforma de vídeos pesa una ley que obliga a que ByteDance, dueña de la red social, se desprenda de su división estadounidense so pena de prohibirse en territorio norteamericano. Aunque el plazo expiraba ayer, Trump ha prorrogado por 90 días su bloqueo con la confianza de que se encuentre un comprador estadounidense.
El republicano ha propuesto que una sindicación de empresas estadounidenses adquiera el 50% de la plataforma de vídeos, lo que permitiría a ByteDance y otros inversores mantener su presencia en la compañía al tiempo que TikTok pasaría los filtros legales. En estos días se están sucediendo especulaciones sobre posibles compradores: desde que China estaría debatiendo si vender TikTok a Musk hasta que el rival de ChatGPT estudia fusionarse con la red social.
Esta defensa de TikTok sigue la línea que defiende el magnate neoyorquino de liberalizar las tecnológicas y rodearse de empresarios de la órbita de Silicon Valley, que buscan la protección de la Casa Blanca frente a la regulación europea y la amenaza digital de China. Además de Musk, otros empresarios se han ido adhiriendo a la causa trumpiana en las últimas semanas: Mark Zuckerberg, fundador de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp); Tim Cook, dirigente de Apple; Sundar Pichai, CEO de Alphabet (Google); Sam Altman, fundador de OpenAI... Todos ellos informaron de que acudirían a la investidura del nuevo presidente.
Durante sus primeros días, Trump pagará la lealtad de los tecnoempresarios con una política favorable a sus intereses. Esa es la promesa que el propio vicepresidente de EEUU, J. D. Vance, realizó durante la campaña electoral al resto del mundo: "Si tocáis nuestras tecnológicas, preparaos para que respondamos con aranceles". En ese sentido, una de las grandes promesas es potenciar el papel de las criptomonedas en la economía estadounidense, ya sea como posible divisa oficial o como reservas estratégicas del Tesoro.
Recortes presupuestarios y exenciones fiscales
En los primeros días está previsto que goteen informes del Departamento de Eficiencia Gubernamental para disminuir el presupuesto federal. El ministerio capitaneado por Elon Musk y Vivek Ramaswamy diseñará una estrategia para reducir el gasto público, con especial interés en recortar la actividad de las agencias federales.
Aunque el grueso de las políticas fiscales dependen del Congreso, el presidente de EEUU tiene margen de maniobra para acometer ajustes tributarios (como la política arancelaria). En los primeros días de su mandato cabe esperar mensajes maximalistas y la puesta en marcha de distintas normativas en el Parlamento estadounidense, más que propuestas concretas. No obstante, serán una buena hoja de ruta de lo que pretende el presidente en su segundo mandato.
Scott Bessent, nuevo secretario del Tesoro (el ministerio de Finanzas de EEUU), dijo que eliminar el paquete fiscal que aprobó Trump en 2017 —y que vence a finales de este año— supondría una "calamidad económica" que golpearía con fuerza a "las clases medias y trabajadoras". Por lo que la primera lucha del nuevo Ejecutivo trumpiano será convencer al Congreso de mantener y extender estas exenciones fiscales, en las que previsiblemente habrá más ayudas a la industria energética y tecnológica norteamericanas.
La inflación y la deuda, los grandes enemigos
Ni Trump, ni Bessent, ni Musk han conseguido anunciar una política económica que resuelva los dos principales problemas que acometen al Gobierno estadounidense: por un lado, cómo solucionar los altos niveles de precios, en consonancia con la política monetaria de la Reserva Federal; por otro lado, cómo trazar un plan que reduzca el déficit y la deuda pública.
A pesar de que Trump hereda una economía fuerte, con altos niveles de empleo y crecimiento, la inflación y el desequilibrio financiero son dos elementos de extrema importancia para Trump, que rodearon la campaña electoral, pero que no se ha traducido en anuncios concretos. Es posible que en los primeros días de su mandato ordene decretos presidenciales que traten de reconducir un problema que, según muchos analistas políticos, pudo suponer la clave de la extensa victoria republicana el pasado noviembre.