Las diputaciones aprueban una reforma fiscal vasca que decepciona a la empresa

Euskadi afronta en los próximos meses la negociación de su reforma fiscal, siete años después de que el PNV, PSE-EE y PP pactasen el régimen tributario que en estos momentos está en vigor. Cada una de las tres diputaciones vascas ya ha aprobado el borrador para la reforma fiscal, pospuesta debido a la pandemia, que tendrá que ratificarse en las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

El objetivo es que su aprobación se produzca a lo largo del primer trimestre de 2025, aunque su aplicación tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del próximo año.

Desde que el PNV y el PSE-EE anunciaran a finales de octubre el acuerdo alcanzado para la revisión fiscal y tributaria con el fin de mejorar la progresividad y reforzar el tejido económico y social de Euskadi, los entes forales han trabajo sobre una propuesta al respecto.

Esa nueva fiscalidad debe impulsar la innovación y la competitividad y fomentar la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética y las energías renovables, además de favorecer el incremento del parque de alquiler de vivienda, con atención especial a los jóvenes, entre otras medidas.

En el ámbito empresarial y económico vasco la expectación era máxima sobre el contenido de ese proyecto de las diputaciones forales. Desde la organización de empresarios, Confebask se trasladaron una serie de medidas necesarias a introducir en esa reforma para mantener la competitividad en un contexto económico como el actual, donde la incertidumbre geopolítica afecta a la actividad internacional de las compañías.

Tras conocer la propuesta para la nueva fiscalidad, la patronal vasca considera que la revisión planteada supone una "oportunidad perdida para utilizar el Concierto Económico a favor del crecimiento, la generación de la riqueza y la competitividad empresarial". Según la presidenta de la patronal vasca, Tamara Yagüe, "no se contemplan medidas que generen un atractivo fiscal del territorio para vivir y trabajar y para invertir".

El objetivo es que la aprobación definitiva de la reforma fiscal se produzca en el primer trimestre de 2025

Entre las principales reivindicaciones de los empresarios vascos estaban la reducción de la tributación mínima en el impuesto sobre Sociedades del 17% al 15% vigente en el resto del Estado y a nivel internacional; y eliminar el límite actual para deducir las pérdidas, situado en el 50% de la base imponible del impuesto. También se pedía la supresión de Patrimonio.

Estas peticiones no han sido mencionadas en el documento presentado por los entes forales.