Madrid
España tiene una tarea que no ha sido capaz de resolver en más de dos décadas. El ahorro privado para complementar la pensión pública no ha despegado, ni a través de los planes individuales ni con los colectivos. Al menos, no al nivel que se esperaba ni con el vigor que lo ha hecho entre las economías desarrolladas. Los activos acumulados para complementar la pensión rondan el 11% del PIB y apenas han variado en dos décadas y es la única gran economía que no ha mejorado en este aspecto, tal y como recoge el informe sobre pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su edición de 2024.
"Los planes de pensiones respaldados por activos, en los que los ahorros para la jubilación se invierten y obtienen un rendimiento y los activos acumulados ayudan a financiar la jubilación, han dado lugar a una diversificación de las fuentes para financiar la jubilación", explica la OCDE en su informe. España, no obstante, camina en sentido contrario o directamente no camina: su ahorro está estancado. El montante ahorrado para la jubilación equivale al 11,2% del PIB –unos 170.000 millones de euros, calculan– es similar al de Italia y un punto del que tiene Francia. Ambos países partían de un menor ahorro en pensiones privadas y han remontado a España.
Lejos están las superpotencias de la previsión social: Dinamarca, con un ahorro para la jubilación cercano al 200% de su PIB, ha tomado el trono que antes tenía EEUU. No obstante, los norteamericanos mantienen el mayor capital, con unos 37.000 billones (con B), a años luz de España. Destacan las mejoras de Islandia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Estonia o Letonia, como se puede observar en la gráfica.
¿Cómo buscan generar rendimientos los ahorradores en vistas a su jubilación? El informe desagrega el destino de los activos y recalca que en España adoptamos una estrategia conservadora. La renta variable –acciones, fondos de inversión– tiene un peso sensiblemente menor que la renta fija –letras y bonos del Tesoro o los depósitos–.
La OCDE suele estar encima de los países con recomendaciones de buenas prácticas e informes de este tipo. Sin ir más lejos, emisarios de esta institución y de la Comisión Europea recomendaron a España reforzar el papel de los agentes sociales en la negociación colectiva o simplificar el esquema de incentivos financieros de los planes de pensiones de empleo en sus conclusiones presentadas antes de verano en el Ministerio.
El documento revela las luces y sombras del modelo español. La OCDE destacó que España tiene la hucha de las pensiones más escasa, con unas reservas que representan apenas el 0,4% del PIB pese a aumentar un 160% tras crear una sobrecotización sobre todos los salarios que irá destinada a asumir un porcentaje limitado del gasto derivado de las pensiones de la generación del baby boom en las décadas venideras de mayor tensión financiera.
Los planes individuales se pueden esfumar
El positivo tirón del plan de pensiones de la construcción, que está dando impulso al segundo pilar, no es suficiente para asentar el sistema equilibrado y multipilar, fuerte en la parte pública y privada, que defiende la OCDE. Máxime cuando el próximo año pueden esfumarse buena parte de los planes individuales que el Gobierno ha defenestrado fiscalmente en los últimos años. El PSOE, además, valora un nuevo hachazo fiscal a estos planes.
El año próximo se abre la ventana de liquidez de los planes individuales para aquellos planes con al menos diez años de antigüedad, con lo cual podrá esfumarse buena parte del patrimonio del tercer pilar. Elrecorte de los límites de aportaciones con deducciones fiscales a partir de 2020 provocó retiradas patrimoniales por valor de 1.600 millones hasta 2023. Desde el próximo curso, buena parte de los activos que atesora España para la jubilación –hasta tres cuartas partes de los casi 90.000 millones de euros que hay en el tercer pilar– podrán ser rescatados.
La OCDE considera que hay margen de mejora, especialmente en los más vulnerables. Una propuesta de incentivos directos que avala deja de lado la fiscalidad y se centra en las aportaciones compartidas por el individuo y el Estado que sería especialmente eficiente entre los jóvenes, mujeres y rentas bajas. "Los incentivos no fiscales, en particular los subsidios nominales fijos, pueden usarse cuando los trabajadores de bajos ingresos ahorran menos de lo necesario para cubrir sus necesidades de ahorro", defendía la OCDE. Los subsidios nominales fijos –por ejemplo, 100 euros a cargo del Estado por cada 200 que ponga un individuo– "son probablemente más atractivos porque son más fáciles de entender que los incentivos fiscales", explican.