Valencia
El presidente valenciano, Carlos Mazón, acudirá al cara a cara con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con una larga lista de reivindicaciones por parte de la Comunidad Valenciana que van más allá del que es el núcleo gordiano de la política valenciana desde hace años: la reforma del sistema de financiación autonómica.
Precisamente el barón popular se presentará este viernes en La Moncloa después de que el frente único formado por la mayoría de partidos políticos valencianos y los agentes sociales para reclamar ese cambio y una solución a la infrafinanciación valenciana se haya dividido tras el acuerdo entre Sánchez y ERC para un sistema singular para Cataluña.
Mazón acude a la cita con la exigencia de un fondo de nivelación transitorio que compense ya la falta de recursos de la Comunidad Valenciana frente a la media de las autonomías del régimen común hasta que entre en vigo el nuevo modelo. En el caso valenciano, la Generalitat cifra en más de 1.700 millones de euros al año el dinero que le correspondería, en una reclamación que comparte con comunidades como la Andalucía gobernada por el también popular Juanma Moreno.
Ese punto, que se puede considerar el fundamental de las 56 peticiones que pondrá sobre la mesa del presidente de Gobierno, ha sido el que ha llevado a los socialistas valencianos a romper la tradicional unidad política valenciana en materia de financiación. El PSPV no considera ahora fundamental la creación de ese instrumento hasta la aprobación de la reforma, y en su lugar acusa a Mazón de rechazar la posibilidad de negociar una quita de la deuda autonómica con el Estado aprovechando el futuro concierto catalán, al que los populares se oponen con vehemencia.
Según el documento que ya ha remitido a Sánchez para la agenda de la reunión, Mazón también pedirá "el mismo trato" si se condona la de otra autonomía, "con criterios claros y sin contraprestaciones", pero rechazando cualquier negociación bilateral para pactar una negociación singular para Cataluña.
Las otras deudas
Entre las 56 reivindicaciones, se insta a la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el pago por parte del Estado del 50% de las prestaciones de dependencia, que se situará en 3.441 millones de euros pendientes a finales año. También se vuelve a exigir la compensación del gasto por la asistencia sanitaria a pacientes desplazados, que cifra en casi 800 millones.
También que el Gobierno asuma íntegramente el coste financiero "real" el cuidado de menores migrantes, ya que "el coste de atenderlos es de seis seis millones anuales", y que se establezcan "las previsiones necesarias para la correcta determinación de su edad".
Otras de sus peticiones serán que el Gobierno transfiera a las comunidades los fondos del Bono Alquiler Joven 2024-2025 y que concrete el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029, en el que considera que la Generalitat debe exigir como mínimo 200 millones de euros.
Agua y símbolos
Mazón también insiste en la que es una de sus grandes disputas con el Ejecutivo central: el agua. Así, exige 200 millones para regenerar la costa y otros 202,7 millones para actuaciones hídricas pendientes en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), de las que algunas afectan al saneamiento del Parque Natural de L'Albufera de Valencia, además de reclamar que no haya más recortes en el trasvase Tajo-Segura.
Un apartado también la "reivindicación histórica" de la devolución de la Dama de Elche a su ciudad. Una cuestión que lleva años en el centro de una polémica, ya que desde el Ministerio de Cultura se asegura que los técnicos desaconsejan su traslado desde el Museo Arqueológico Nacional por motivos de conservación.
