Economía

El misterio de los 48 hectómetros de La Albufera que reabre la guerra del agua

Atardecer en La Albufera de Valencia.
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El agua vuelve a estar en el centro de una nueva batalla política entre un Gobierno autonómico encabezado por el Partido Popular y el Gobierno central de Pedro Sánchez. Si ya han sido motivos de encontronazos el trasvase Tajo-Segura y la situación de Doñana y sus acuíferos, ahora otra zona de gran riqueza ambiental y todo un símbolo en Valencia, La Albufera, es el foco de otro conflicto.

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha anunciado que presentado el recurso previo para llevar a los tribunales de lo contencioso-administrativo un requerimiento para que el lago de La Albufera reciba el agua contemplada como caudal mínimo vital que está garantizado en la ley. Un conflicto que se suma al que mantiene por el cambio de regulación en el trasvase Tajo-Segura que amenaza el riego agrícola en el sur de Alicante.

Según la Generalitat, la semana pasada se cumplió el plazo para que el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), enviase los 20 hectómetros que la normativa establece como mínimos y esenciales para mantener el lago "vivo y en buen estado". La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio asegura que hasta ahora tan solo se han registrado la llegada de dos hectómetros.

La responsable del Gobierno valenciano, Salomé Pradas, aseguró que la propia ministra, Teresa Ribera, "ha faltado a la ley y a su palabra" al haber pactado con el presidente Mazón el envío de agua el pasado febrero, así como un plan de emergencia.

Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el organismo autónomo del Estado responsable de la cuenca con sede en Valencia y que incluye territorios de Tarragona, Teruel, Cuenca, Albacete, Castellón y Alicante, aseguran que no sólo se han transferido esos 20 hectómetros, sino que se han enviado más de 50 hectómetros cúbicos. En concreto, entre el 15 de octubre de 2023 y el pasado 15 de mayo ese sería el volumen, que según la entidad estaría por encima de los 34,5 hm3 previstos en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ).

Es decir, que la Generalitat Valenciana, que es la responsable y gestora del Parque Natural de La Albufera, junto al Ayuntamiento de Valencia que es su propietario después de que lo adquiriese al rey Alfonso XIII en 1911, ha contabilizado apenas dos hectómetros recibidos. Por su parte, la CHJ, encargada de gestionar la cuenca de los ríos y sus grandes embalses, como el de Tous, que suministra parte del abastecimiento al área metropolitana de Valencia, tiene registrado que aportó 50 hectómetros a ese espacio natural.

¿Se han evaporado 48 hectómetros cúbicos de agua o alguien los ha robado? En el cruce de acusaciones de unos y otros parece que al final poco importa lo ocurrido con tal caudal de agua, un bien considerado público, con tal de tener la razón y atacar a la administración rival echando en cara hasta donde llegan las competencias de cada uno.

Para la Generalitat, lo importante es que alertaron ya en noviembre de los bajos niveles del lago y tras varias comunicaciones el agua sigue sin llegar "al lago". Según Pradas, "el Gobierno ha ignorado todas estas comunicaciones y mienten cuando expone sus datos".

Para el presidente de la CHJ, Miguel Polo, se está poniendo 2en duda" el trabajo de los funcionarios y "los datos que facilitan usuarios y comunidades regantes" con el que se realiza el balance de agua enviada a la Albufera por encima de las concesiones. Un cálculo que se basa en el agua derivada de los ríos, la de recursos regenerados a las acequias y descontando la utilizada para riego. Según las cifras de la CHJ, suman 50,7 hm3 que llegan al Parque Natural de La Albufera a través de varias acequias: 14,54 a través de la acequia de Favara, 3,5 hm3 de la acequia del Oro, seis de la Acequia Real del Júcar y 26,17 de la de Sueca.

Actualmente no existen conducciones directas que conecten los ríos con el lago de la Albufera, sino que el agua se distribuye a través de la red de esas cuatro acequias, según recoge Europa Press. "Las competencias de la CHJ terminan en las tomas de los ríos con las cuatro comunidades de regantes", donde se mide el agua aportada, y la confederación "lo único que puede hacer es dejar el agua en las tomas de los regantes" del parque natural, pero que a partir de ahí el camino hasta el lago es competencia de la Generalitat como gestora del parque.

Desde la CHJ reprochan a la Generalitat que modernizar el sistema de conducción del agua es su competencia y arrastra "un retraso enorme en la adjudicación". "Llevamos años diciendo que hay que mejorar el sistema de conducción de agua a la Albufera", sentenció.

La pertinaz sequía

Lo único que está claro es que en Valencia no se espera lluvias en los próximos días después de que la última borrasca que atravesó la mayoría de España apenas dejase unas notas. Con varias comarcas en Castellón y Alicante con la situación de emergencia por sequía ya declarada y las primeras restricciones, si sigue sin llover podría ampliarse la zona afectada.

Así, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha advertido que, si no se registran lluvias de aquí a julio, el sistema Turia podría entrar en prealerta por la sequía y sería necesario establecer restricciones en el regadío.

Así, ya existen restricciones en el uso de aguas de regadío en Palancia y Sénia. En el caso del Mijares, de este río no dependen abastecimientos urbanos y solo regadío, por lo que las restricciones, de empeorar su situación, serían menores.

Asimismo, ha advertido que en el Serpis "la situación es mala" y con restricciones al estar en nivel de alerta. Ha detallado que el embalse de Beniarrés solo almacena cinco hectómetros cúbicos. En el río Albaida, donde el 10 de mayo varios tramos sufrieron secados intermitentes, tuvo que celebrarse una reunión de urgencia con los regantes en que se adoptó el cierre de las acequias.

En el caso de La Albufera, el lago de agua dulce junto al mar ya fue utilizado en otra batalla política por parte de Compromís, que ahora se ha alineado con la Generalitat. El partido valencianista lo utilizó como argumento para tratar de paralizar la futura terminal del puerto de Valencia al considerar que ponía en peligro el futuro del espacio natural.

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