El Gobierno valida la nueva planificación hidrográfica que reducirá de forma progresiva parte del caudal del trasvase Tajo-Segura utilizada para el regadío en el levante, para sustituirla por agua desalada.
La actualización del plan responde al cumplimiento de la ley de Aguas, a las recomendaciones del Consejo de Estado y a la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2019 determinó que el Ejecutivo no había establecido un caudal ecológico en el río Tajo.
El real decreto fue firmado a escasos metros de un grupo de regantes murcianos, almerienses y alicantinos que desde la primera hora se congregaron a las puertas del edificio del complejo de La Moncloa en el que se reúne el Consejo de Ministros, en protesta por el acuerdo alcanzado. Los manifestantes criticaron la baja calidad del agua desalada que propone el Ministerio de Transición Ecológica.
"Quiero insistir en el mensaje de tranquilidad y confianza", prometió su titular, Teresa Ribera, que aseguró que el agua desalada será mezclada con agua de superficie y subterránea "para que los parámetros químicos impidan la aplicación de este recurso", dijo. La ministra recordó que la normativa garantiza el volumen de agua y un precio tope que se situará en torno a los 34 euros por hm³ para los regantes afectados por la rebaja del caudal.
Guerra del agua
La vicepresidenta tercera aseguró que el documento comenzó a trabajarse hace tres años, y que durante todo el proceso mantuvo un diálogo constante con los gobiernos autonómicos y las comunidades de regantes. "No debemos enfrentar territorios, sino encontrar soluciones juntos", dijo Ribera preguntada por las críticas recibidas por los presidentes de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana.
El socialista Ximo Puig no ha ocultado su desacuerdo público con la decisión del Ejecutivo. "Tenemos total disponibilidad para seguir trabajando con todos los actores implicados", zanjó la ministra, que recordó que la acción cumple con la legislación europea y nacional, "algo que debería ser incuestionable para todos los grupos políticos".
En el lado opuesto se sitúa el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, "sorprende que hayamos tenido que luchar tanto por algo que entiende hasta un bebé", dijo en rueda de prensa. Guadalajara ha sido una de las regiones castellanas más afectadas por el desvío del caudal al río Segura.
Conservación del río Tajo
En concreto, el plan destinará 7 metros cúbicos del Tajo para mantener los ecosistemas del río, y elevará a 8 y 8,6 su número en los años 2026 y 2027. En el peor de los escenerarios la perdida máxima de aportación al acueducto sería de entre 70 y 110 hm³. En contra, los regantes murcianos, valencianos y almerienses podrán disponer de una red de suministro de agua desalada que se verá incrementada durante los próximos meses gracias a la inversión de 110 millones de euros procedentes de las cuentas públicas. "Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua", repetía la ministra Ribera.
El texto aprobado incluye en su planteamiento varios escenarios derivados de la evolución del cambio climático. Revela que desde 1980 el caudal de agua se ha reducido un 12% y estima que de aquí a 2050 se recortará entre un 14% y un 40%, presa de la degradación medioambiental. "Nadie puede planear si llueve o no, pero sí como y cuánto se desala", defendió la vicepresidenta tercera. El plan busca conocer cuáles son los volúmenes de agua de los que se dispone y cómo priorizar la demanda. El Gobierno gestiona 12 de las 25 cuencas hidrográficas que recorren España.
